Por Sofía González Torres
En la economía mexicana existe un motor oculto, vital pero históricamente invisibilizado: el trabajo de cuidados no remunerado. Según el INEGI, en 2023 su valor económico alcanzó los 8.4 billones de pesos, equivalente al 26.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Dicho de otro modo, el tiempo y esfuerzo que millones de personas —en su mayoría mujeres— destinan a sostener hogares, infancias, personas mayores y dependientes, genera más riqueza que sectores estratégicos como la manufactura o el comercio. Sin embargo, este trabajo esencial sigue estando fuera de los marcos de protección, financiamiento e institucionalidad. A continuación el análisis completo de Sofia Gonzalez Torres, experta en Proceso Legislativo, Vinculación Gubernamental e Impacto Social, sobre la CURP biométrica.
Estamos frente a una verdad incómoda: la economía mexicana se sostiene en gran medida sobre una base de cuidados no reconocidos ni redistribuidos. El reto es monumental: convertir este esfuerzo invisible en un derecho garantizado y en un sistema público de cuidados que permita liberar tiempo, cerrar brechas de género y detonar crecimiento económico.
Detrás de estas cifras se esconde una profunda desigualdad. El 71.5% de este valor es generado por mujeres, quienes dedican en promedio 63.7 horas semanales al cuidado y labores domésticas, frente a las 27.9 horas de los hombres. Este desequilibrio se traduce en un fenómeno crítico: la pobreza de tiempo, que afecta al 62.9% de las mujeres y solo al 7.1% de los hombres.
La consecuencial: millones de mujeres quedan fuera del mercado laboral formal, lo que limita su autonomía económica y perpetúa ciclos de dependencia y desigualdad. Según datos oficiales, casi el 70% de las mujeres sin empleo remunerado están en esa situación porque no tienen quién las sustituya en las labores de cuidado.
En 2020, México dio un paso clave con la reforma constitucional a los artículos 4º y 73, reconociendo el derecho al cuidado y facultando al Congreso para expedir una ley general en la materia. Desde entonces, el debate ha girado en torno a la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que articule a Estado, sector privado, comunidades y familias bajo un modelo de corresponsabilidad.
Experiencias internacionales, muestran que es posible avanzar hacia un modelo que reconozca el cuidado como el “cuarto pilar del desarrollo” junto a educación, salud y seguridad social. Sin embargo, la gran tarea pendiente es lograr que este marco sea una política de Estado con recursos, institucionalidad y permanencia más allá de un sexenio.
Los estudios coinciden: invertir en cuidados multiplica la economía. Un análisis de CEPAL y ONU Mujeres estima que una inversión equivalente al 1.16% del PIB podría detonar un crecimiento adicional del 1.77% en la producción y un 3.9% en el empleo, principalmente al liberar el tiempo de las mujeres para incorporarse al mercado laboral formal.
Aún más ambicioso, el Pacto Regional por los Cuidados, firmado en México en agosto de 2025 durante la Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, plantea una inversión de hasta el 4.7% del PIB para garantizar el derecho al cuidado en la próxima década. Lejos de ser un costo, se trata de una de las políticas con mayor rendimiento social y económico: mayor recaudación fiscal, formalización laboral y crecimiento inclusivo.
El reconocimiento del cuidado como un derecho humano, reafirmado en el Compromiso de Tlatelolco, marca un cambio de paradigma: del cuidado como asunto privado y femenino, al cuidado como bien público y responsabilidad colectiva.
México tiene hoy la oportunidad de dar un salto histórico. Transformar el trabajo de cuidados no remunerado en un sistema robusto, corresponsable y equitativo no es solo un acto de justicia social: es una estrategia de desarrollo.
El valor está medido, las consecuencias son evidentes y las proyecciones son claras.
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