- La solicitud de amparo la conoció la juez Dinorah Hernández.
- Se realizó audiencia sin emitir sentencia.
- Se invoca a la SCJN para recibir amparo ante hechos de corrupción.
La Confederación de Profesionistas y
Jóvenes de México (Conapro) solicitó la intervención inmediata del
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo
Zalvivar Lelo Larrea, para que intervenga ante una solicitud de amparo
ante presuntos actos de corrupción al interior del IPN.
Su presidente, Silvio Octavio García
Rodríguez, recordó que se interpuso un juicio de amparo que le tocó
conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia
administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el 4 de
abril de 2022 sin emitir sentencia hasta este momento.
"Los presuntos hechos de corrupción ya
los investiga la Fiscalía General de la República, se trata de
funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que están acusados
por el presunto desvió de más de 9 millones de pesos en perjuicio de la
comunidad estudiantil", relató.
García Rodríguez sostuvo que dentro de
la indagatoria ministerial, se detalla que quedó vulnerado el derecho de
la conexión al servicio de internet y de telefonía digital de la
comunidad politécnica, al quedar comprometidos el servicio de
mantenimiento, que gastas el momento no se ha liquidado.
"Las investigaciones señalan a
funcionarios cercanos al director general del IPN, Arturo Reyes
Sandoval, como responsables de presuntos actos de corrupción donde
aparecen los nombres de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la
Coordinación Nacional de Cálculo y subalternos como David Eduardo Magaña
Martínez y Francisco Javier Hernández Betancourt, de la dirección de
Cómputo y Comunicaciones", recordó.
Estos funcionarios públicos están
acusados por afectar a la comunidad politécnica al vulnerar sus derechos
humanos, sino también de obstaculizar el proceso de adjudicación de
bienes y servicios del IPN y evitar firmar un contrato de servicios,
tras un hecho ilegal y de corrupción.
Los empleados del IPN se negaron a
firmar el contrato IPN-PS-LICI-020-2021 hasta "depositar" 6 millones de
pesos a una tercera empresa a cambio de firmar el contrato asignado a la
dos primeras.
Los empresarios afectados se negaron a
pagar dicha "comisión", realizaron los trabajos comprometidos con el IPN
y desde principios del año esperan a que la institución cumpla con el
pago pactado, sin embargo, ante la falta de firmas en el contrato, la
institución se ha negado liquidar el pago de los servicios.
Ante esta negativa y habiendo
comprometido los servicios de comunicación en materia de internet y
telefonía digital de la institución, la comunidad politécnica ha
solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ahora de
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que se
respeten sus garantías en materia de "conectividad digital" y el derecho
a la educación.
También las empresas han interpuesto
las debidas quejas ante estos dos organismos --uno nacional y el otro
internacional-- por el respeto a su trabajo, bien remunerado y el
derecho al acceso a la justicia, el dañar a más de 70 familias que
dependen de esta actividad profesional.
Por si fuera poco, ambas empresas
decidieron presentar denuncias ante el órgano interno de control del
IPN; la Secretaría de la Función Pública (SFP); Para solicitar la
protección de la federación para hacer respetar su derecho a que el
Estado mexicano cumpla con la garantía de trabajo y bien remunerado.
La indagatoria resalta que Gilberto
Reyes, uno de los representantes de Telecomunicaciones VG, se identificó
como primo del director general del Instituto Politécnico Nacional,
Arturo Reyes, por lo que "debería acceder a la solicitud del cobro de
dicha comisión de 6 millones de pesos, para lograr obtener su pago de 9
millones de pesos.
Cabe señalar que el nombre de Carlos
Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo,
aparece, además, en carpetas de investigación en las procuradurías
capitalina y federal por presuntos actos de violencia sexual en contra
de mujeres que integran la comunidad politécnica.
De esta forma, la Resolución de la
sentencia del juicio de amparo, ayudará a resarcir, por una parte, el
costo económico de lo que las empresas ya ejecutaron, que es el servicio
de mantenimiento de la red de fibra óptica (internet) y de conexión de
telefonía digital.
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