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El marco legal aprobado en 2018 aún no ha podido madurar.
De existir deficiencias, éstas deben ser
corregidas. Una nueva ley es un despropósito.
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Se requiere que las voces de víctimas, ciudadanos y la
opinión de expertos sean escuchadas.
Nuestro
país lleva, lamentablemente, más de una década experimentando un
incremento sin precedentes
en los niveles de violencia y delincuencia. La procuración de justicia
también ha sido trastocada, y lamentablemente, el marco legal aprobado
en 2018 a nivel federal aún no ha podido madurar. No puede negarse el
hartazgo ciudadano ante la inseguridad.
Una nueva Ley de la FGR atenta contra su autonomía y desatiende a las víctimas; es urgente
hacer cumplir la normatividad vigente y corregirla en caso de tener deficiencias, más no debe ser sustituida.
Desde
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
expresamos nuestra preocupación
por el avance en el Senado de la nueva Ley de la Fiscalía General de la
República, cuyo dictamen fue aprobado por las comisiones de Justicia y
Estudios Legislativos Segunda y que, de ser avalado por el pleno,
significaría un retroceso legal y una vuelta hacia
la centralización.
Esta
reforma pretende eliminar la participación de la FGR en los grupos,
juntas de gobierno
y comités o comisiones, o bien la representación de programas de
organismos de derechos humanos y personas vulnerables, bajo un
malentendido concepto de autonomía.
El dictamen que se prevé sea discutido esta misma semana, elimina, entre otros, el mecanismo
de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por ejemplo.
Por
lo que toca al Consejo Ciudadano, lo deja como un órgano sin fuerza,
únicamente para
emitir opiniones, eliminando con ello los contrapesos internos al
Fiscal General y acrecentando la centralización de poder. Desde Coparmex
reiteramos nuestro llamado para privilegiar una discusión profunda, en
la que participen y sean escuchadas las voces
de los organismos internacionales, colectivos, defensores de derechos
humanos y víctimas.
Se requiere que las voces de víctimas, ciudadanos y la opinión de expertos sean escuchadas.
Por
ejemplo, se desatendió la opinión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que
exhortó en diciembre pasado al Estado mexicano a no aprobar una nueva
ley, y propuso en cambio, que se solicitara el apoyo técnico de la
Organización de Estados Americanos, para la construcción del modelo
institucional de la nueva FGR, a través del Centro
de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Por
su parte, el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos
Humanos dirigió una carta al Senado de la República en la que advertía
que esta reforma podría representar una amenaza a la independencia de la
Fiscalía. En el último Examen Periódico Universal al que se sometió
nuestra nación en 2018, diversos países formularon
recomendaciones en el sentido de implementar cabalmente la reforma
constitucional de 2014, para crear fiscalías verdaderamente autónomas e
independientes y fortalecer la profesionalización.
Por lo tanto, lo avalado en comisiones del Senado y su eventual aprobación en el pleno, implica
una regresión en la administración de justicia, pues anula derechos adquiridos que reconoce la actual legislación.
Entre
las limitaciones que posee el proyecto se encuentran las siguientes:
Niega la justicia
transicional de los derechos de verdad, justicia y reparación; rechaza
la colaboración interinstitucional, al exigir el mando y conducción del
Ministerio Público sobre las policías y de la Guardia Nacional; no hay
una independencia y autonomía de los y las
fiscales, pues impone un mecanismo de subordinación; elimina el
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas; elimina al Consejo Ciudadano en el organigrama de la
Fiscalía y también a la Unidad de Género de la FGR en medio
del reclamo de violencia hacia las mujeres.
Un
cambio muy delicado es que se expulsaría a la Fiscalía del Sistema
Nacional de Búsqueda,
pues desconoce el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y
el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, además de que
abandona su responsabilidad para encabezar el programa para Prevenir y
Sancionar la Tortura y atenta contra la independencia
y autonomía de los fiscales.
Es
indispensable frenar que un solo Titular sea facultado para ejercer la
responsabilidad
de manera unipersonal y unilateral —sin pasar por órganos colegiados-,
debe evitarse convertir a la institución en un ente vertical, vulnerando
con ello la autonomía de los agentes ministeriales; también establecer
no una coordinación –sino subordinación-
de las otras autoridades; automatizar la información, sin transparencia
ni supervisión ciudadana, y convertir a la FGR en una institución
cerrada, opaca e ineficiente.
Consideramos
que la ley vigente, publicada en diciembre de 2018, misma que tuvo como
base
la reforma constitucional de 2014, ha tenido un tiempo de maduración
muy corto, por lo que los esfuerzos no deberían centrarse en crear una
nueva Ley para la Fiscalía, sino en lograr implementar la actual de
forma eficaz y que, de señalarse deficiencias, estas
sean corregidas.
Coparmex
se ha comprometido, desde hace varios años, a desarrollar acciones y
generar concordancias
con actores privados y públicos a fin de inhibir la existencia de
amenazas que deterioren el entorno social. En años recientes, en aras de
alcanzar el fortalecimiento institucional de la FGR, la Coparmex
impulsó la iniciativa ciudadana #Reforma102 que contó
con el soporte de 70 mil mexicanos, quienes a través de su firma
manifestaron su rechazo a la imposición de un fiscal a modo.
Estamos
abiertos a los cambios en beneficio del país y conscientes de la
necesidad ineludible
de contar con instituciones sólidas, responsables e independientes para
procurar seguridad y justicia a la ciudadanía. Por ello, reiteramos
que, no es necesaria una nueva ley; lo que sí es urgente es cumplir con
el marco legal vigente para que se garantice
la investigación y persecución de casos de corrupción, y se sancione la
violación a los derechos humanos.
Exhortamos
al Poder Legislativo a que se reconozca el valor social de contar con
una Fiscalía
autónoma y a que dimensione el esfuerzo ciudadano que por años estuvo
detrás para materializarla en 2018. La autonomía constitucional de la
Fiscalía debe ser entendida como una garantía de acceso a la justicia,
así como para evitar presiones ilegítimas en
la investigación y lograr llevar los casos ante tribunales. Es clave
para acabar con la impunidad.
