LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN NO ES UNA ESCALERA QUE SE BARRE DE ARRIBA ABAJO, ES UN
MECANISMO INSTITUCIONAL QUE TODAVÍA NO HA SIDO ACTIVADO.
No basta sólo el
discurso para luchar contra la corrupción. Es
necesario activar el Sistema Nacional Anticorrupción. El T-MEC, con
su capítulo anticorrupción, nos obliga a reforzar esa lucha.
I. Contexto
Una de las principales
banderas que como candidato enarboló Andrés Manuel López Obrador
fue la lucha contra la corrupción. El voto masivo de los mexicanos
le otorgó un mandato al Presidente para encabezar esa lucha. Dos
años después de las elecciones el panorama no es alentador. El
presidente ha ignorado al Sistema Nacional Anticorrupción, ha
aumentado el uso del gasto discrecional en contratos públicos y ha
despreciado señalamientos públicos en contra de importantes
miembros de su Gabinete.
Desde el comienzo de su
gobierno, el Presidente López Obrador ha desacreditado la relevancia
del Sistema Nacional Anticorrupción y ha emprendido diversas
acciones que han debilitado el entramado institucional del combate a
la corrupción.
En el 90% de los
discursos del presidente menciona en promedio 9 veces la palabra
corrupción. Ese discurso sigue teniendo gran impacto entre la gente.
Pero con discursos no se va a terminar con la corrupción. Se
necesitan acciones institucionales. Más ahora que la percepción
pública señala notorios casos de presunta corrupción en el equipo
cercano del Presidente, como es el caso de Manuel Bartlett y Zoé
Robledo, a los que se suma especialmente el caso de la Secretaria de
la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, dado el papel crucial
que ocupa en el combate anticorrupción.
II. Bloqueos
al SNA
El Sistema Nacional
Anticorrupción se encuentra en su momento más bajo desde que fue
creado. Su órgano ciudadano –el corazón del sistema--, solo
cuenta con tres de los cinco miembros que debería de tener. Los dos
restantes no podrán ser nombrados hasta que exista una Comisión de
Selección, misma que debe de ser propuesta y aceptada por el Senado
de la República. La integración de esta Comisión lleva un año de
retraso, lo que muestra claramente el desinterés del Poder Ejecutivo
en el tema a pesar de que en el discurso sea su tema más socorrido.
El avance de los
Sistemas Estatales Anticorrupción (SEAS) ha sido muy lento ya que
han enfrentado resistencias de las autoridades locales. A casi cuatro
años de que se promulgaron las leyes que dieron vida al SNA, ni
Chiapas ni Nuevo León han instalado el Sistema Anticorrupción. Por
su parte, los sistemas de Baja California y de la Ciudad de México
fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
comienzos de este año.
En lugar de fortalecer
institucionalmente el SNA, el Gobierno Federal parece dedicado a
debilitarlo. Tales el caso de la reciente instalación del Comité
Técnico especializado en Información sobre Corrupción (CTEICO),
creado sin tomar en cuenta al Poder Legislativo. Este Comité de
facto desdibuja al SNA, pues tendrá objetivos similares. Peor aún,
en lugar de estar presidido por un ciudadano, este Comité lo
encabezará la propia Secretaria Irma Eréndira Sandoval. El Gobierno
investigándose a sí mismo no es una buena idea, es una farsa.
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF), una de las instituciones clave que conforman el SNA, incumplió
con la entrega del Primer Informe de la Cuenta Pública de 2019, la
primera del presente gobierno. La excusa fue la pandemia, sin
embargo, la ASF no notificó a la Cámara de Diputados o a la
ciudadanía de su incumplimiento. Perder la neutralidad de la ASF
constituiría un duro golpe para la lucha anticorrupción. Gracias a
los informes de la ASF la ciudadanía pudo conocer los casos de la
“Estafa Maestra” y las corruptelas de Javier Duarte, que
provocaron la movilización de la sociedad en la lucha
anticorrupción. Esta movilización cristalizaría al cabo con la
reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción
y de Fiscalización
III. El
T-MEC y el Capítulo anticorrupción
El 1 de julio de 2020
entró en vigor el nuevo tratado comercial de México, Estados Unidos
y Canadá, el T-MEC. El Tratado contiene un capítulo anticorrupción
cuyo propósito es reforzar el combate a la corrupción en los países
que lo integran. Este capítulo compromete a México a combatir
prácticas y actos de corrupción, a sancionar a funcionarios
públicos que incurran en este delito, a adoptar programas de
cumplimiento con base en mejores prácticas y a fortalecer la
cooperación entre las autoridades de los tres países.
Su objetivo es el de
combatir la corrupción como una condición necesaria para construir
un Estado de Derecho que brinde certeza y seguridad jurídica a las
inversiones y al comercio.
El T-MEC tiene múltiples
beneficios, pero también obligaciones. El Capítulo Anticorrupción
del Tratado busca eliminar incentivos para los actos de corrupción,
lo que lo alinea con el esfuerzo del SNA.
Las obligaciones
adquiridas con el T-MEC obligan al Gobierno Federal a retomar el
fortalecimiento de las instituciones que integran el SNA. Debemos
estar atentos al cumplimiento de estas obligaciones.
El rechazo público del
Presidente al SNA, sumado al abandono de las obligaciones con las
instancias que lo conforman, pone en duda si nuestras instituciones
tendrán la capacidad de cumplir con los compromisos anticorrupción
asumidos con el TMEC.
No sólo el Poder Ejecutivo ha sido omiso
en fortalecer las instituciones anticorrupción, el Poder Legislativo
no ha podido armonizar nuestros SNA al nuevo Tratado. Un ejemplo: no
existe en el país una ley general de protección a los denunciantes.
Sin esta ley, la lucha anticorrupción no puede comenzar, ya que sin
denuncias no puede haber sentencias. Actualmente sólo existe un
sitio web de denuncias habilitado por la SFP, mismo que ha estado
suspendido en los últimos meses.
Lo
preocupante del caso es que una facultad del SNA es poner en marcha
la Plataforma Digital Nacional, un Sistema de Denuncia Ciudadana, que
abarca todas las responsabilidades administrativas y los delitos de
corrupción, no sólo a nivel federal, sino también a nivel estatal
y municipal. En lugar de aplicarse a mejorar lo que se está
construyendo, el sistema creado por la SFP genera confusión en los
canales de denuncia.
El T-MEC establece
medidas respecto de los servidores públicos tales como: contar con
procedimientos adecuados para la selección y capacitación; medidas
para identificar y gestionar el conflicto de interés; declaraciones
patrimoniales y de intereses; códigos de conducta y la remoción de
personas que siendo parte del gobierno cometan actos de corrupción.
Para la mayoría de estas obligaciones, el SNA ya cuenta con
mecanismos y normas. Tal es el caso de las declaraciones 3de3 que
fueron resultado de la exigencia de la sociedad civil, en la que
activamente participó la Coparmex.
Las declaraciones
3de3, sin embargo, han perdido su fuerza inicial, ya que a mediados
de 2019 se modificaron para dejar de transparentar los bienes
inmuebles que se tienen en copropiedad. La Secretaria Irma Eréndira
Sandoval, envuelta en un escándalo por dejar fuera propiedades de su
declaración patrimonial, votó a favor de este cambio que ahora la
beneficia.
En los hechos se ha
podido comprobar que la administración actual ha decidido dar marcha
atrás al combate anticorrupción que ofreció como promesa de
campaña y estandarte de su gobierno. Esto sin duda acarreará
problemas graves de cumplimiento del capítulo anticorrupción
incluido en el T-MEC. Frente a las obligaciones del Tratado no
bastan los discursos contra la corrupción. Es necesario activar
los mecanismos que existen en el SNA para combatir
prácticas y actos de corrupción, así como sancionar a funcionarios
que incurran en este delito.
Se trata de algo muy
grave. En caso de incumplimiento, el Capítulo 27 contempla un
mecanismo de solución de diferencias que pudiera, en caso de no
llegar a un acuerdo, permitir que el Estado que reclama suspenda
parcialmente la aplicación del Tratado. Las consecuencias que eso
implicaría serían devastadoras para la ya debilitada confianza de
los inversionistas en nuestro país. Fortalecer y coordinar las
instituciones que pertenecen al SNA será crucial para determinar la
imagen que queremos ofrecer hacia el exterior.
IV. Exigencia
El Gobierno Federal combate a la corrupción
sobre todo en los discursos. Pero con discursos no se va a terminar
ese delito. Al negarse a tomar como eje central y rector de la lucha
anticorrupción al SNA y pretender generar sus propios criterios,
desvirtúa y desdibuja el combate real a la corrupción.
El artículo 113 de la Constitución y el
artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
otorgan al Comité coordinador del SNA la facultad de diseñar y
aprobar la Política Nacional Anticorrupción que debe regir en el
Estado Mexicano. Se trata de obligaciones jurídicas que se derivan
de una facultad constitucional que debe acatarse.
En la Coparmex hacemos un enérgico llamado
al Gobierno Federal para que investigue a fondo los casos sospechosos
de corrupción entre los miembros de su gabinete y para que
fortalezca, y no debilite, al Sistema Nacional Anticorrupción, que
nació con vocación ciudadana y así debe de permanecer.
El sector empresarial formará parte de la
estrategia regional contra la corrupción que contempla el Tratado.
Impulsaremos las medidas
de carácter preventivo como programas de ética empresarial, control
interno y mecanismos de cumplimiento anticorrupción.
El Gobierno Federal, por su parte, está
obligado a cumplir los compromisos que adquirió con la firma del
T-MEC. Su Capítulo Anticorrupción debe lograr que el discurso del
combate anticorrupción se traduzca en acciones concretas y
tangibles.
