La
CEPAL lanzó hoy en Chile su informe Panorama Social 2018, que incluye
nuevas revisiones de la metodología utilizada por el organismo para
estimar la pobreza monetaria en la región, así como nuevas mediciones
sobre desigualdad funcional, gasto social y doble inclusión laboral y
social.
(15 de enero, 2019)
La tasa general de pobreza -medida por ingresos- se mantuvo estable en 2017 en América Latina,
después de los aumentos registrados en 2015 y 2016, sin embargo,
la proporción de personas en situación de pobreza extrema continuó creciendo, siguiendo la tendencia observada desde 2015, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30,2% de la población), de los cuales 62 millones
se encontraban en la extrema pobreza (10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008), de acuerdo con el informe
Panorama
Social de América Latina 2018
presentado este
martes por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional
de las Naciones Unidas, en conferencia de prensa en Santiago, Chile.
Según
las proyecciones de la Comisión, en 2018 la pobreza bajaría a 29,6% de
la población, lo que equivale a 182 millones
de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de
pobreza extrema se mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones de
personas (un millón más que en 2017).
“Aun
cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y
mediados de la presente, desde 2015 se han registrado
retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema”, alertó
Alicia Bárcena, quien, frente a los desafíos que se enfrentan, llamó a
impulsar políticas públicas complementarias de protección social e
inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.
Al
analizar los países con mayores reducciones de la pobreza en el período
2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador
y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los
hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa
disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal
factor fueron las pensiones y transferencias recibidas
por los hogares de menores recursos. “Esto corrobora la importancia de
dotar de más recursos a la población en situación de pobreza,
combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión
de transferencias públicas y el fortalecimiento de
los sistemas de protección social”, dice la CEPAL.
Debido
a la actualización, en 2015, de la metodología utilizada por la CEPAL
para medir la pobreza monetaria, y a las posteriores
revisiones realizadas por el organismo, las cifras incluidas en esta
edición del
Panorama Social difieren de las divulgadas en el último informe publicado en diciembre de 2017 y en anteriores.
Ver
documento explicativo.
El
informe también destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido
apreciablemente en la región desde principios de
la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini (donde 0
representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18 países
de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017. Sin embargo, el
ritmo de reducción se enlenteció en los años
recientes: entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice
fue del 1,3%; entre 2008 y 2014, del 0,8%, y entre 2014 y 2017, del
0,3%. Los sistemas de protección social han tenido un rol importante en
los años recientes para contener deterioros distributivos,
según el organismo.
A
pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los
gobiernos centrales es el principal componente del gasto
público total (51,4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público
social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como
promedio simple un 11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y
el nivel más alto registrado desde 2000. En
términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América
Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894
dólares. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y
persisten grandes desafíos de financiamiento de las
políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más
elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.
Para
avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del
desarrollo y en el ejercicio de los derechos,
es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión
laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL.
En
promedio, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina
recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo
establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las
mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9%). Entre las
mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60,3%. Es preciso implementar
políticas universales sensibles a las diferencias para
cerrar las brechas de acceso que afectan a los distintos grupos de la
población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos
que inciden en la sociedad en su conjunto, indica la Comisión.
En
2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió
siendo menor que la de los hombres, 50,2% y 74,4%
respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino
(10,4%) se mantuvo por sobre el de los hombres (7,6%). Más de la mitad
de las mujeres ocupadas (51,8%) se emplean en sectores de baja
productividad y de
ellas el 82,2% no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones.
