Declaración pública ante la conclusión de las negociaciones entre EU y
México.
La información que se ha brindado a través de los medios de comunicación
sobre la supuesta exitosa conclusión de las negociaciones bilaterales
México-Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es
parte de una campaña publicitaria cuyo objetivo es manipular a la opinión
pública e imponer entre la población las supuestas bondades de los acuerdos adoptados,
los cuales favorecen primordialmente el proteccionismo comercial y el
nacionalismo racista de Donald Trump a favor de mayores ganancias empresariales
y transnacionales, a costa del bienestar de los pueblos. ,En las negociaciones
se impusieron las prioridades políticas y la reducción del déficit comercial de
los EUA, asi como favorecer llos intereses electorales de Trump a fin de
mantener la mayoría republicana en el Congreso de los EUA y fortalecer sus
posibilidades de reelegirse. Para Peña Nieto Guajardo y Videgaray representó un
paso más en la entrega del país a los poderes extranjeros, su lógica de
negociación fue “es mejor tener un mal TLCAN que no tenerlo”. Sólo el rechazo
de Canadá a sumarse simplemente a tales acuerdos les ha ensombrecido el
panorama.
La saturación informativa y las filtraciones “confidenciales” no
modifican el hecho de que, tras seis semanas de negociaciones apresuradas, los
gobiernos mantienen en secreto los alcances y el contenido de los textos
negociados; en forma antidemocrática persisten en ocultar los impactos
negativos para los intereses nacionales y para los derechos sociales y
económicos de la población, derivados de los acuerdos pactados en los treinta
capítulos que hoy integran el TLCAN.
Esto es preocupante ya que hasta el equipo negociador del gobierno de
Enrique Peña Nieto, la Coparmex, la AMIA y demás representantes empresariales
del “cuarto de junto”, en el que no están representados los trabajadores, han reconocido
que tuvieron que flexibilizar y ceder en sus posturas de negociación para
cumplir con las exigencias estadounidenses, los tiempos electorales de Trump, el
procedimiento de aprobación legislativa en los Estados Unidos y el interés del presidente
Peña Nieto de firmar antes de que concluya su gobierno.
¿En dónde quedaron entonces los legítimos intereses nacionales de los
mexicanos, que no se identifican con los intereses de las corporaciones
transnacionales?
La información difundida en México es confusa, engañosa y avala los intereses
electorales de Trump. La realidad es que la negociación no ha terminado, falta
ver la reacción de Canadá a lo que le quieren imponer mediante amenazas y si el
Congreso estadounidense acepta discutir un acuerdo bilateral cuando lo que
autorizó negociar fue un acuerdo trilateral (ya hay reacciones de congresistas contrarias
a esto).
En todo caso lo que hoy adoptaron según su propia definición es un “acuerdo
bilateral preliminar en principio” entre Estados Unidos y México que deberá
convertirse en un texto legal para someterlo a la aprobación legislativa en los
tres países. Para ello el congreso estadounidense deberá adoptar sus
procedimientos de una autorización para negociar un acuerdo trilateral o sancionar
una nueva autorización, lo se estima retrasará hasta 2019 su aprobación y en el
caso del Senado mexicano consideramos indispensable que debe realizarse una
amplía consulta y discusión con la sociedad para reorientar las negociaciones. De
tal forma que si ya no existiera el TLCAN en tanto que es un tratado
trilateral, un acuerdo bilateral podría replantearse en su totalidad y no
necesariamente sobre la base de la desfavorable camisa de fuerza que siempre
representó el TLCAN.
En la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanas “México mejor
sin TLC’s” mantenemos el rechazo
el TLCAN y a una renegociación que solo representa la profundización del
fracasado modelo del libre comercio y defendemos la necesidad de impulsar la
negociación de un modelo totalmente distinto que considere fundamental la cooperación
para el desarrollo y la complementación entre los pueblos de Estados Unidos,
Canadá y México.
En ese sentido las negociaciones deben seguir siendo trilaterales considerando
la legitimidad de las razones de Canadá para
defender los justos intereses de su pueblo en defensa de; su sistema de administración
y regulación de la oferta y demanda de algunos sectores económicos, de su industria
cultural y de mecanismos para defenderse del dumping estadounidense. En forma
ignominiosa el gobierno mexicano y las corporaciones empresariales del “cuarto
de junto”, cedieron a las exigencias estadounidenses, en materia automotriz y
de otros sectores económicos que habían señalado como líneas rojas
infranqueables. De esta forma el gobierno mexicano se ha vuelto funcional a las
presiones de Estados Unidos para que Canadá se sujete a las condiciones y
amenazas del Trumpismo. Eso es inaceptable y por ello junto con nuestros
aliados en Canadá nos oponemos a que se sobre pongan los tiempos electorales de
Trump y el que Peña Nieto quiera ser él que firme el nuevo tratado a la
discusión y acuerdos en temas legitimos pata los pueblos de los tres países.
Algunos ejemplos de que se sacrificaron ciertos intereses sectoriales, es
la declaración del gobierno norteamericano de que los gravámenes de 25% al
acero y aluminio importado desde México se mantienen y la Canacero deberá
negociar al margen de los acuerdos bilaterales el establecimiento de cuotas de
exportación o menores aranceles.
En el caso de la industria automotriz transnacional establecida en
México, con lo pactado la exportación desde México puede ser sujeta
de aranceles adicionales, ya que se ha declarado que se aceptó elevar a 75% el
contenido regional y reservar al menos el 40% para los establecimientos
industriales con salarios de 16 dólares la hora, lo que busca proteger la industria
automotriz en Estados Unidos y Canadá e imponer límites a la expansión de esta industria
transnacional establecida en México, con la intención de retraer inversiones a
EUA y utilizarnos como barrera en la guerra comercial de EUA con países fuera
de la región. Con ello México evadio la justa exigencia de aumento salarial en
México para que no siga siendo dumping social lo que en el fondo es la
sobreexplotación de los trabajadores mexicanos
En el sector agrícola se aceptó incorporar estándares “sin precedentes”
en biotecnología agrícola en favor de las empresas monopólicas que controlan el
mercado de estas biotecnologías incluyendo los transgénicos y pesticidas; no
utilizar subsidios a las exportaciones o salvaguardias agrícolas especiales de
la OMC y otros mecanismos que “distorsionen los mercados”; prohibir barreras a
bebidas alcoholicas y permitir acceso sin restricciones al mercado mexicano de
quesos producidos en USA.
Otro caso son las protecciones excesivas a la propiedad intelectual, que
quedan evidenciadas ante la negativa de Canadá de aceptarlas tal y como están
acordadas porque perjudican a los sectores públicos de salud y cultura ya que resultan
en costos elevados para medicinas genéricas y graves violaciones al derecho a
la salud, a la privacidad, al acceso al conocimiento, la libertad de expresión,
así como a la innovación.
El rechazo de Canadá de eliminar el capítulo 19 para establecer
mecanismos bi o trilaterales para solución de controversias en materia de
dumping, que le impedía a los EUA adoptar medidas extraterritoriales como los
embargos, la imposición de aranceles y sanciones unilaterales, fue otra de las
concesiones aprobadas por los negociadores mexicanos.
De acuerdo a la información filtrada a periodistas de EUA, el contenido
de los capítulo laboral y de medio ambiente es muy similar a los acuerdos
adoptados en el Tratado Trans Pacífico (TPP), lo cual significa que son
regresivos frente a los inoperantes y fracasados acuerdos paralelos laboral y
ambiental acordados en 1994 en el TLCAN. De ser verídico esto serán totalmente
insuficientes para salvaguardar el derecho a un ambiente sano y sustentable y
los legítimos derechos individuales y colectivos de los trabajadores
reconocidos por la Constitución Mexicana
y la Organización Internacional del Trabajo.
Continuamos ignorando cuál es el nivel de entreguismo con el que actuó
el gobierno mexicano y qué otras concesiones han hecho en esta renegociación. El
gobierno mexicano ha incumplido su obligación de informar sobre los términos y
condiciones aceptadas y ha ignorado
nuestro reclamo del derecho que tiene la sociedad de estar amplia y debidamente
informada sobre los objetivos y alcances de la negociación, y de aprovechar el
proceso de renegociación del TLCAN como un elemento clave para recuperar
soberanía nacional y acrecentar las posibilidades de bienestar a la población. La
información básica y general de que se dispone sobre los acuerdos ha sido
ofrecida por el gobierno de los EUA.
Se ha hecho creer a la población que no tener el TLCAN sería una gran
calamidad, cuando lo pactado en el TLCAN en 1994 ha sido extremadamente
prejudicial para los intereses nacionales y populares, ya que estableció
obligaciones jurídicas para seguir limitando las facultades de los estados nacionales
de regular la economía en función de un proyecto nacional, y otorga derechos a
extremos a las trasnacionales.
El TLCAN es responsable del empobrecimiento de los pequeños y medianos
productores del campo, la pérdida del 70% del valor del salario de los
trabajadores y la disminución de los derechos laborales, así como la reducción
del nivel de vida de las clases medias.
Junto con las redes de organizaciones sociales y civiles de Canadá y
Estados Unidos seguimos reivindicando la necesidad de un acuerdo que
salvaguarde por encima de todo la soberanía nacional, la protección y promoción
de los derechos laborales y humanos, la seguridad social, la autosuficiencia
alimentaria, la educación y la salud pública, la protección al medio ambiente, al
igual que considerar las asimetrías en el desarrollo, el intercambio comercial
desigual y los controles sobre el capital especulativo, negociando los
mecanismos compensatorios y de control para resolverlos.
En ese sentido, no entendemos y en todo caso no compartimos las
valoraciones positivas del observador designado para estas negociaciones por el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar estuvo sólo en
las negociaciones de algunos puntos y no ha se ha expresado sobre el contenido
de los capítulos aprobados antes de su incorporación. El Dr. Jesús Seade Kuri,
ha dicho que específicamente su intervención sirvió para modificar de forma más
que de fondo el capítulo de energéticos y el mecanismo de revisión y conclusión
de la vigencia del TLCAN. Habría que conocer los textos legales en que ello se
concreta. Es incomprensible que el observador de la renegociación y los demás
responsables de dirigir la negociación por parte del gobierno electo hayan
validado en la opinión pública el conjuto de lo negociado sin conocer y
analizar a fondo, como el resto de la sociedad, los textos juridicos concretos.
Por lo anterior:
Consideramos que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la obligación
de poner a disposición de la sociedad mexicana los textos negociados de los 30
capítulos que integran el nuevo acuerdo. El nuevo gobierno electo una vez que
se conozcan y difundan los textos legales, y antes de que se firme, abra una
discusión amplia con todos los sectores de la población. Hasta ahora el
gobierno saliente sólo ha consultado con la cúpula empresarial. Exigimos que
las negociaciones no se subordinarse a los intereses electorales del presidente
de los Estados Unidos o la conclusión
del gobierno de Peña Nieto el 1º de diciembre, el acuerdo debe seguirse
negociando hasta que sean considerados los derechos de los tres pueblos.
Emplazamos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y al nuevo Senado de la
República a que informen a la población mexicana sobre los textos acordados provisionalmente
y los que en su caso se adopten en las negociaciones con Canadá, para que se establescan
espacios de discusión con los poderes ejecutivo y el legislativo antes de
firmarlo y de someterlo a un proceso de aprobación en donde el Senado de la
República tenga solo la opción de rechazarlo o aprobarlo sin modificaciones,
obligando a este órgano legislativo a incumplir con sus atribuciones
constitucionales de revisar y controlar la política exterior del poder
ejecutivo.
