Ciudad de México, jueves 6 de noviembre. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) manifiesta su profunda consternación y condena ante los hechos violentos ocurridos en Uruapan, Michoacán, que resultaron en el lamentable fallecimiento de su alcalde, la orfandad de sus hijos y en particular, ante la confirmación de que el presunto perpetrador fue un adolescente de 17 años de edad. Este trágico evento, lejos de ser un hecho aislado, es un crudo reflejo de la crisis de derechos humanos, violencia y abandono que atraviesa nuestro país y que tiene a la niñez y adolescencia como una de sus principales víctimas del reclutamiento y utilización de infancias y adolescencias, por parte de grupos delincuenciales para actividades ilícitas y sobre el que ya hemos alertado en diversas ocasiones. El uso de un adolescente como sicario en un crimen es una dolorosa evidencia de las fallas en las políticas públicas de prevención y atención dirigidas a esta población. La población en riesgo de ser reclutada o utilizada podría ser de hasta 250,000 niñas, niños y adolescentes en el país. Y Michoacán es uno de los estados con mayor riesgo y vulnerabilidad. Por otro lado, las condiciones del contexto exacerban este riesgo, ya se trata de víctimas de la desigualdad, la violencia, la discriminación y falta de oportunidades; de un sistema que no valora la vida humana y les pone en riesgo de ser cooptados ante la ausencia de un Estado que garantice plenamente sus derechos a la educación, la vida libre de violencia, la recreación y un desarrollo pleno y seguro. Las y los adolescentes que cometen delitos son, ante todo y como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, víctimas: de la violencia estructural que los utiliza como una herramienta desechable. Si cometen delitos deben enfrentar las consecuencias, pero siempre bajo esta premisa. REDIM condena también la publicación del nombre, rostro e información personal del adolescente presuntamente involucrado en el delito por parte de algunos medios de comunicación y más grave aún, por parte de autoridades como la Fiscalía General de Michoacán. Esta acción constituye una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y a los principios internacionales de justicia para adolescentes, que exigen la estricta confidencialidad y reserva de datos para proteger su identidad, su proceso legal y el derecho a construir un proyecto de vida desvinculados de la criminalidad. Al exponer su identidad, se genera una revictimización y se interfiere con la posibilidad de atención integral a su familia o amigos, enviando un mensaje peligroso de estigma, criminalización y condena social, en lugar de un enfoque de justicia restaurativa y protección. Hacemos un llamado urgente a la sociedad, a los medios de comunicación y a los tres niveles de gobierno para: Reflexionar sobre la corresponsabilidad: entender que cada niña, niño y adolescente reclutado o utilizado es la muestra de nuestro dejar de actuar colectivo. La única forma de combatir esta tragedia es garantizando sus derechos, a través de la inversión en su desarrollo integral: salud física y mental, educación y oportunidades reales en sus comunidades.Detener la exposición y criminalización: pedimos a los medios y a las autoridades el inmediato retiro de cualquier dato que revele la identidad del adolescente involucrado, en estricto cumplimiento de la ley. La dignidad y los derechos de la infancia y adolescencia no son negociables ni materia de nota roja.Tipificar, atender y prevenir el Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delincuenciales y del crimen organizado: Urgimos al Congreso y a las autoridades de justicia a tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, sin caer en tentaciones de disminuir la edad de imputabilidad y reconociéndoles como víctimas y como sujetos de derechos, así como generar estrategias focalizadas para desmantelar y no dejar impunes a las redes que los utilizan. |
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