Enrique Cedillo García, Magistrado por Ministerio de Ley adscrito a la Séptima Sala Penal, derrotado en la reciente elección judicial, a pocas semanas de dejar su cargo en el Poder Judicial de la Ciudad de México le concedió indebidamente a The Coca-Cola Company/Partes Relacionadas/Ejecutivos una resolución absolutoria, carente de legitimidad en torno al proceso penal que atraviesa la multinacional refresquera desde hace siete años.
El juicio inició con la denuncia penal por robo de propiedad industrial, presentada en 2018 por el empresario mexicano José Antonio Del Valle Torres ante la Fiscalía General de la República, en contra de Coca-Cola. En agosto del presente año la refresquera fue exonerada por el magistrado Cedillo García, de manera sospechosa, después que ésta se hubiera apropiado indebidamente, y revelado secretos comerciales, pertenecientes a GO GABA; bebida para mejorar el desempeño mental con ingredientes naturales, propiedad de Del Valle Torres.
Durante el proceso, Cedillo García ha actuado ilegalmente en contra de diversas resoluciones emitidas, a lo largo de estos años, por jueces de control adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México, la más relevante, fue la emitida en agosto de 2022, donde revocaron el “No Ejercicio de la Acción Penal”, determinado entonces por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Además, la Juez de Control habría solicitado, desde entonces, que dicha Fiscalía agote todas las líneas de investigación, lo cual hasta la fecha no ha sucedido.
El Magistrado Cedillo García reiteró el “No Ejercicio de la Acción Penal“ en favor de Coca-Cola, como una artimaña más del antiguo poder judicial, para tratar de beneficiar a la refresquera que representa el despacho Zinzer, Esponda y Gómez Mont. Este poderoso bufete jurídico, conocido por su abierto influyentismo, ligado a sobornos de casinos ilegales en la administración de Felipe Calderón, mientras su principal socio, Fernando Gómez-Mont fungía como Secretario de Gobernación.
El magistrado Cedillo García ya ha actuado de manera sospechosa en el pasado, cuando en calidad de Juez de Control liberó a Israel Uriel Sánchez, asaltante y agresor de una mujer embarazada en el Metrobús de la Ciudad de México, a pesar de existir pruebas irrefutables en contra del delincuente.
Esta batalla legal, iniciada por el emprendedor mexicano José Antonio del Valle en 2018, podría derivar en el encarcelamiento de altos ejecutivos de The Coca-Cola Company, y la reparación del perjuicio al empresario, que asciende a aproximadamente $345 millones de dólares, de acuerdo con peritaje oficial de la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
A pesar de la corrupción del sistema de procuración de justicia en México que ha sufrido, en complicidad con el influyentismo de una organización transnacional con sede en los Estados Unidos, Del Valle considera que cada vez es más difícil para Coca-Cola demostrar su inocencia, y la de sus cómplices, y llegará la Justicia con el nuevo Poder Judicial.
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