lunes, 2 de mayo de 2022

Boletín: situación de desplazamiento interno forzado en México CMDPDH

 

Marzo 2022

Recrudecimiento de la violencia y desplazamientos en Zacatecas; asesinan en Coloradas de la Virgen a José Trinidad Baldenegro; nuevos desplazamientos por violencia en Guerrero, Chiapas y Zacatecas; retornos sin garantías en materia de seguridad obligan a cientos de personas a desplazarse nuevamente; actividad legislativa en materia de desplazamiento interno a nivel federal y estatal; avanza la cooperación interinstitucional para atender la situación de las personas michoacanas desplazadas en Tijuana; fallece niña desplazada por severo cuadro de desnutrición en Oaxaca.

Monitoreo permanente

Contexto

Desde mediados de 2021, el recrudecimiento de la situación de violencia en varios municipios de Zacatecas, en el marco de disputas entre grupos del crimen organizado, ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. En la primera semana de marzo, varias personas desplazadas de los municipios zacatecanos de Jerez, Susticacán y Tepetongo viajaron a la Ciudad de México para pedir al presidente garantizar la seguridad necesaria para que puedan retornar a sus comunidades. De acuerdo con testimonios de las personas desplazadas, muchas de ellas perdieron casi todo lo que tenían, incluyendo ganado, instrumentos de trabajo y enseres domésticos, y ahora viven en otras comunidades con parientes, amigos o en casas rentadas. Debido a los desplazamientos por la violencia también quedaron abandonadas alrededor de 6 mil hectáreas de cultivo de durazno en Jerez, lo que podría representar una pérdida económica de 900 millones de pesos. Por considerar que la visita al Palacio Nacional los había dejado “con las manos vacías”, un grupo de habitantes de Jerez acudió a la Cámara de Diputados para exigir un juicio político en contra del gobernador zacatecano David Monreal. 

Ante la violencia y los desplazamientos en la región, los gobiernos estatal y federal diseñaron el “Plan de recuperación Jerez y sus comunidades”, en el marco del cual se instalaron tres destacamentos permanentes del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal en la región serrana del municipio con la intención de recuperar el territorio que el crimen organizado arrebató. La estrategia tiene tres fases: el retorno de las personas desplazadas, la puesta en marcha de un programa de bienestar para reparar los daños a viviendas y, finalmente, el retiro del Ejército de la zona. Hasta ahora, las personas sólo han retornado a sus comunidades acompañadas por fuerzas de seguridad para recuperar sus pertenencias, sin intenciones de quedarse, ya que al volver a sus comunidades sólo han encontrado desolación y saqueos.


El 7 de marzo fue asesinado a manos de un grupo armado José Trinidad Baldenegro, hermano de Isidro e hijo de Julio Baldenegro, quienes también fueron asesinados en 2017 y 1986, respectivamente. La familia Baldenegro, originaria de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo, ha dedicado su vida a la defensa del territorio rarámuri en la sierra de Chihuahua, donde grupos armados se dedican a la tala ilegal de madera y a la siembra de drogas. El día del asesinato de José Trinidad, varios hombres armados llegaron a la comunidad y le dispararon cuando acudía a su milpa. Su familia tuvo que huir con lo que traía puesto, ya que los criminales también los amenazaron y le prendieron fuego a su vivienda. Debido a su labor en defensa de la tierra y del bosque y a las consecuentes amenazas y ataques de los grupos armados, diversos miembros de la familia Baldenegro han tenido que abandonar sus hogares en Coloradas de la Virgen a lo largo de los años.

José Trinidad, Isidro y Julio no han sido los únicos defensores del territorio asesinados en Coloradas de la Virgen: en 2016 fue asesinado Víctor Carrillo y, en octubre de 2018, su padre, Julián Carrillo. En total, al menos ocho defensores del territorio han sido asesinados en la comunidad, donde, de acuerdo con organizaciones locales, los habitantes padecen de una situación de abandono estatal, despojo e impunidad.  

Nuevos desplazamientos

 
En marzo de 2022 hubo al menos tres eventos de desplazamiento interno causado por violencia en tres estados de la República: Chiapas, Guerrero y Zacatecas. Tanto en Guerrero como en Zacatecas se trataron de desplazamientos de personas que ya se habían visto obligadas a desplazarse anteriormente.

En Guerrero, diez días después de haber retornado a la comunidad de Zihuaquio, en el municipio de Coyuca de Catalán, unas
 203 personas tuvieron que abandonar de nueva cuenta la comunidad debido a amenazas del crimen organizado. Las personas desplazadas regresaron a Vallecitos de Zaragoza, donde se habían refugiado tras su desplazamiento en enero de 2020.

En Zacatecas, tras haber retornado semanas antes a sus hogares, al menos 
15 familias se vieron obligadas a huir por segunda vez a causa de enfrentamientos en el municipio de Valparaíso

En Chiapas, más de 
cinco familias tzotziles —conformadas por hombres, mujeres, niñas y niños— de la localidad de Santa Marta, en el municipio de San Pedro Chenalhó, se vieron obligadas a huir de sus hogares y refugiarse en comunidades cercanas luego de ser atacadas con armas de fuego por presuntos habitantes del municipio de Aldama. 
Actualización
En julio de 2021, entre 15 y 20 familias del municipio de Tepetongo, en Zacatecas, se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a amenazas y a la violencia derivada de la operación de grupos delincuenciales en la zona. Este desplazamiento todavía no había sido identificado a través de nuestro monitoreo.


¿Qué más ocurrió en marzo?

Durante el mes de marzo, hubo algunos avances legislativos a nivel estatal:

Asimismo, se aprobaron en el Senado una serie de puntos de acuerdo presentados por la senadora Geovanna Bañuelos con el fin de abordar la situación de inseguridad en Zacatecas, entre los cuales uno que exhorta a dependencias de los gobiernos federal y estatal a proteger y atender a la población desplazada internamente y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes desplazadas/os. 
 

Chiapas

  • En conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas, las 28 familias tseltales desplazadas en octubre del año pasado de la comunidad de El Nacimiento, en el municipio de Ocosingo, exigieron a las autoridades el desarme del grupo paramilitar “Los Petules”, responsable de su desplazamiento, y demandaron atención, ya que se encuentran sin hogar y sin medios de subsistencia. Por temor a ser secuestradas, las 150 personas desplazadas, entre las cuales hay menores de edad, mujeres y personas adultas mayores, se han visto obligadas a esconderse.

Chihuahua
  • De las 392 personas que se encontraban alojadas en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, entre ellas 70 menores de edad, la mayoría eran desplazadas por la violencia de distintos estados de México. Este es el caso de la familia de Ana Laura, quien se vio obligada a abandonar Michoacán y emprender el viaje hacia los Estados Unidos con su esposo y sus tres hijos. Al encontrar la frontera cerrada y ante la imposibilidad de retornar a su hogar, llevan siete meses viviendo en el albergue, donde Ana Laura coordina a un grupo de mujeres voluntarias en la cocina. 

Michoacán

  • La Secretaría del Migrante identificó a cerca de 3,500 personas michoacanas desplazadas en Tijuana, provenientes de los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán, Buenavista y Churumuco, quienes llevan entre seis meses y un año ocho meses fuera de sus hogares. La titular de la dependencia informó que se está trabajando en un plan de retorno seguro en el que colaborarán 15 instituciones estatales y algunas del Gobierno Federal, el cual se formalizará tras la firma de un convenio entre el gobierno de Michoacán y el de Baja California. Asimismo, anunció la creación de una unidad especializada de la Fiscalía General de Michoacán en Tijuana para recibir las denuncias de las personas desplazadas.
  • Con la llegada del Ejército a Aguililla a principios de febrero, en el marco de las operaciones de seguridad en el estado, personas desplazadas empezaron a regresar a sus hogares. Sin embargo, muchas de las personas desplazadas de la región están en ciudades fronterizas con el objetivo de pedir asilo en Estados Unidos, o incluso ya cruzaron al norte.

Oaxaca
  • Una niña de tres años de una de las familias desplazadas de San Esteban Atatlahuca falleció por un severo cuadro de desnutrición, ya que en la zona donde se encuentran no hay médicos ni alimentos suficientes. Ante esto, se demandó el cumplimiento de la medida cautelar otorgada por la CIDH y se señaló la urgencia de contar con apoyo humanitario para evitar situaciones como esa. Además, personas desplazadas señalaron que el pago de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores les fue negado a más de cien beneficiarios por solicitar que se realizara en un lugar distinto, ya que la vida de las personas adultas mayores desplazadas corría peligro si se trasladaban a la cabecera municipal.
  • En febrero, la CNDH emitió la Recomendación 36/2022 a favor de las personas desplazadas de Tierra Blanca Copala y le dio como plazo a las autoridades el 16 de marzo para aceptarla o rechazarla. A cinco días de que las autoridades locales y estatales aceptaran las recomendaciones, la violencia regresó a la región. Pobladores de Yosoyuxi Copala reportaron ataques armados, al menos un asesinato e incendios forestales que han sido imposibles de extinguir debido a la falta de condiciones de seguridad en la región. El 28 de marzo, la “Asamblea General Comunitaria de Tierra Blanca” reiteró su decisión de retirarse de la mesa diálogo con las familias víctimas de desplazamiento interno debido a las emboscadas y tiroteos de la semana anterior. 


Sinaloa

  • El Secretario de Salud del estado indicó que el 12 de marzo iniciaron las acciones de atención a decenas de personas desplazadas en el Centro de Salud del Urbano en Mazatlán. Miguel Ángel Guitérrez Sánches, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, señaló que fueron alrededor de 60 personas a las que se les brindó la atención y agregó que la mayoría de las personas desplazadas no cuentan con servicios de asistencia médica y no reciben atención por falta de recursos económicos. 
  • La titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo informó que se publicaron las reglas de operación del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas, lo cual permitirá brindar apoyo, atención y protección a las personas afectadas por este fenómeno y es una forma de transparentar el uso de estos recursos. Además, señaló que, de acuerdo con un padrón realizado en 2021 por la Comisión Intersecretarial para la atención del desplazamiento forzado interno, el 70% de las personas desplazadas son mujeres
  • De acuerdo con notas de prensa, 13 familias desplazadas por la violencia en la sierra de Sinaloa que se habían refugiado en varios predios del municipio de Guasave fueron desalojadas por considerar que estaban invadiendo dichos terrenos. El Director de Asuntos Agrarios pidió a las familias que resistan y esperen a que el Gobierno del Estado les brinde el apoyo jurídico para su defensa legal.

Eventos y recomendaciones

  • Si estás en Mazatlán, Sinaloa, el fotoperiodista Rafael Villaba Pérez y la periodista Sibely Cañedo Cázares inauguraron en el Museo Arte Mazatlán la exposición “Destierro y Memoria”, sobre personas desplazadas en ese estado.

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ESTE BOLETÍN SE HIZO CON APOYO DEL ACNUR

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