·
El
subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera,
participó como testigo en la entrega a la Cámara de Diputados de la
Iniciativa
Ciudadana de Ley General de Aguas, que es avalada por 198 mil firmas.
·
La
iniciativa busca garantizar el acceso equitativo al agua, con
participación de representantes indígenas y comunitarios en las
decisiones y gestión
del líquido.
El subsecretario de
Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, Víctor Suárez Carrera, participó como testigo en la entrega de
la Iniciativa
Ciudadana de Ley General de Aguas, que tuvo lugar hoy en la Cámara de
Diputados.
La iniciativa es
impulsada por organizaciones sociales, investigadores, académicos y
representantes de pueblos originarios --contiene el respaldo de 198 mil
firmas-- y pugna por
inducir un acceso equitativo y democrático al recurso agua.
En el evento
participaron también en calidad de testigos el subsecretario de
Normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Julio Trujillo Segura, y el subsecretario
de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano
Concheiro Bórquez.
Víctor Suárez consideró
que la democratización participativa del acceso al agua en México es un
reto pendiente de la Cuarta Transformación.
“Se trata de revertir
el sesgo neoliberal de la Ley General de Aguas vigente y recuperar, por
medio de la vía legislativa, el carácter o enfoque del agua nacional
como bien público,
y de garantizar el derecho humano al agua, a un medio ambiente sano, a
la salud y a la alimentación", refirió.
"Se trata de revertir
los procesos de privatización y mercantilización de este recurso vital y
realizar una gestión democrática y sustentable del agua. A largo plazo,
el agua es
vital para la autosuficiencia alimentaria de las familias rurales y del
país en su conjunto”, agregó el funcionario.
La Iniciativa fue
entregada al área de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados
y, entre otras cosas, plantea regular el derecho humano al agua, propone
el reconocimiento
de la propiedad del agua a las comunidades indígenas, crea Consejos de
Aguas y Cuencas, integrados por ciudadanos, que se encargarían del
manejo y administración del recurso, así como de supervisar proyectos.
Elena Burns, miembro de
Agua para Todas y Todos, recordó que la reforma al artículo 4º.
Constitucional realizada en febrero de 2012 estableció la necesidad de
una nueva Ley General
de Aguas que siente las bases para lograr el acceso equitativo y
sustentable al agua por medio de la participación ciudadana y
gubernamental.
La iniciativa que ahora se presenta, dijo, responde a ese requerimiento de la reforma constitucional.
Las organizaciones
participantes en el evento, que representan a más de 400 comunidades
indígenas, expusieron que actualmente sólo dos por ciento de los
ciudadanos mantiene monopolio
sobre 75 por ciento de reservas de acuíferos, lo que ha significado el
despojo del líquido a los pueblos originarios.
Los participantes en la
entrega de la iniciativa argumentaron que la propuesta que hacen
pretende cambiar la legislación actual, que es extractivista, hacia una
ley que cuide el
agua, que realice mejor su captación, que tengamos agua limpia, que se
trate, que se recicle y que se reutilice.
Asimismo, añadió, que
se privilegien los usos humanos sobre los usos industriales y sobre los
intereses capitalistas de ganancias de dinero.
La iniciativa de Ley
General de Aguas prevé que Consejos de Aguas y Cuencas incluyan
representantes de pueblos indígenas, investigadores, sistemas
comunitarios, afectados hidricoambientales,
productores agrícolas para la soberanía alimentaria y representantes de
ecosistemas y cuerpos de agua, elegidos por sus propias asambleas.
Estos consejos
elaborarían planes hídricoambientales vinculantes, y los organismos de
cuenca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como las
comisiones estatales, estarían
a cargo de su ejecución.
Contralorías ciudadanas
auto-organizadas asumirían la responsabilidad de monitorear el buen
funcionamiento de estas instancias y el cumplimiento de sus planes y
decisiones por
parte de los funcionarios.
