México cuenta hoy con una democracia electoral madura. Sin embargo,
el País está dando los primeros pasos desde una democracia
representativa hacia una democracia participativa.
Actualmente se discute en la Cámara de Senadores, una iniciativa de
reforma constitucional, a partir de la cual se pretende instituir en
el sistema democrático mexicano, la figura de Revocación de
Mandato.
La eventual aprobación de dicha reforma constitucional que propuso
el Grupo Parlamentario de Morena, implicaría graves riesgos para la
estabilidad democrática de nuestro País.
El argumento “el pueblo pone y el pueblo quita” no es válido
para justificar las serias afectaciones jurídicas, políticas,
económicas y sociales que podrían derivarse de la medida.
En otras democracias la figura de revocación de mandato tiene malos
antecedentes. Los pocos ejemplos de sistemas presidenciales con este
mecanismo han derivado en escenarios dañinos a la democracia. Como
prueba de ello están los casos de Bolivia, Venezuela y Cuba, donde
la revocación de mandato fue la antesala de la reelección.
El proyecto de dictamen de Revocación de Mandato que se discute en
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos Segunda –y que será llevado al Pleno del Senado esta
misma semana– ha tenido algunas modificaciones desde su primera
versión.
Como el hecho que impide que sea el Presidente de la República quien
solicite la Revocación, facultad que ahora se otorga a los
ciudadanos que, unidos en una petición, reúnan el 3% de la lista
nominal nacional.
Igualmente, del diálogo entre partidos, se acordó que la Revocación
no pueda coincidir ni con las elecciones federales ni con las
locales, teniendo prevista la fecha de febrero de 2022. Con ello se
evita que el Presidente de la República aparezca en las boletas
junto con los candidatos que, en la siguiente elección intermedia de
2021, estarán disputándose 300 diputaciones federales, 15
gubernaturas y cientos de alcaldías y diputaciones locales.
Sin embargo, ello no garantiza la estabilidad de la democracia
mexicana, en contraparte, la vulnera. Como mandata la Constitución,
los periodos a cargos de elección popular deben cumplirse llanamente
a menos que un caso de fuerza mayor impida al electo seguir
gobernando. La confianza del mandato popular se otorga por periodos
determinados, seis años en el caso de la Presidencia de la
República, y eso debe imperar.
Aprobar la Revocación de Mandato vulnerará la gobernabilidad, dando
el instrumento a oposiciones o líderes carismáticos, para tambalear
la figura presidencial o hacerla presa de presiones políticas
externas a la votación de la ciudadanía.
En Coparmex, rechazamos la Revocación de Mandato por cinco motivos:
Primero: Se generan incentivos perversos para que el Presidente y su
partido realicen proselitismo electoral permanentemente, tanto en las
elecciones de cada año como en la nueva fecha que se elija para
llevar a cabo la revocación de mandato.
Segundo: En los hechos se estaría volviendo menos eficiente el
periodo presidencial, dado que los mandatarios destinarían todos sus
esfuerzos para ratificarse y no para gobernar.
Tercero: A pesar del ajuste para que los ciudadanos sean los que
pueden requerir la revocación de mandato, sólo basta que un
Presidente fuerte en popularidad se lo solicite a sus seguidores para
que ocurra.
Además, en la Constitución, ya existen mecanismos apropiados para
remover al Presidente, como el desafuero o el juicio político. Con
ellos, el titular del Ejecutivo Federal puede ser juzgado y,
eventualmente, removido de su cargo, si llegara a justificarse alguna
falta grave contemplada en la Ley.
Cuarto: La revocación podría generar incertidumbre política y
altos costos económicos.
En caso de que el Presidente en funciones resultara perdedor y
procediera la cesación de su mandato, el costo económico de una
nueva elección presidencial dañaría los equilibrios en el
presupuesto asignado a la materia electoral; plenamente en contra del
principio de austeridad que prevalece en los nuevos gobiernos.
Quinto: La revocación podría vulnerar los derechos de los
ciudadanos que acudieron a las urnas.
Como sucede en cada elección presidencial, la ciudadanía vota por
tener un Presidente durante seis años. No por tres, ni por cuatro.
En Coparmex, estamos a favor de periodos presidenciales con una
duración de seis años como lo establece la Constitución. Ni más
ni menos.
La estabilidad en el mandato presidencial es un activo fundamental de
la democracia mexicana que se debe preservar. Cabe recordar que desde
la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Río –en
1934– a la fecha, todos los presidentes, sin excepción, han
concluido su periodo de gobierno.
Eventualmente una revocación de mandato podría dejar un periodo
presidencial inconcluso y gestiones menores a los seis años,
alterando los múltiples esfuerzos legales de los últimos años,
para ajustar y empatar las elecciones locales con las federales y,
con ello, lograr ciclos más suaves y digeribles en la renovación de
poder.
En suma: lejos de fortalecer a la democracia, la revocación de
mandato debilita los mecanismos de participación ciudadana, pone en
riesgo la estabilidad del gobierno y abre un precedente sumamente
preocupante, al permitir la posibilidad de modificar el periodo por
el cual fue votado un Presidente. Nadie puede asegurar que en una
propuesta futura se quiera facultar al pueblo nuevamente, con el
objetivo de extender el mandato presidencial.
Los grandes cambios políticos, sobre todo en materia electoral como
lo es la participación ciudadana, deben nacer desde el gran consenso
ciudadano; nunca desde la imposición. Como siempre lo hemos hecho,
los mexicanos debemos seguir construyendo nuestro propio modelo de
democracia plural, representativa y equitativa, contemplando nuestra
historia, nuestros valores y nuestra esencia.
La democracia la construimos todos. Por ello, en Coparmex hacemos un
llamado respetuoso pero firme, a los grupos parlamentarios en la
Cámara de Senadores para frenar la revocación de mandato
presidencial. Aún estamos a tiempo de evitar abrir caminos que
después puedan derivar en una posible reelección.
Con el fin de evitar cualquier especulación sobre una posible
extensión del periodo presidencial –recordando que el Presidente
ha manifestado en diversas ocasiones que no se reelegirá–, se
requiere reformar la Constitución para prohibir expresamente la
ampliación, reducción o revocación de mandato.
Es necesario que en nuestra Ley quede claramente establecido que, en
ningún caso, el Congreso de la Unión o un Congreso Local, puede
aprobar un cambio legal –sea cual sea el mecanismo: consulta,
plebiscito o referéndum– que tenga como efecto ampliar el periodo
de la gestión de un Presidente de la República, un Gobernador o un
Senador; lo mismo que un Diputado Federal o Local, Presidente
Municipal, Regidor o Síndico.
Ciertamente la democracia mexicana es aún perfectible. Cuenta con
muchas ventanas de oportunidad para mejorar y fortalecer la
participación de los ciudadanos. En esta evolución debemos impulsar
medidas como la segunda vuelta en elección presidencial, las
candidaturas comunes y los gobiernos de coalición.
En Coparmex continuaremos trabajando, dialogando y aportando
propuestas que fortalezcan a la democracia mexicana. Muchas gracias.
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