Tradicionalmente el papel del
Estado como garante de la seguridad de los mexicanos se ha enfocado
al espacio físico de la soberanía nacional. Sin embargo, hoy día
todos en las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TICs) requerimos igualmente un marco legal que nos resguarde
personal y patrimonialmente en ese espacio digital.
Un caso que ocupa al Poder
Judicial es el referido a la empresa estadounidense Roku,
desarrolladora de una plataforma de distribución de contenidos
audiovisuales por internet, quien hoy está impedida de comercializar
sus productos en país, por facultar a piratas de contenido la
comercialización ilegal de contenidos protegidos por el derecho de
autor. Roku, en lugar de usar sus recursos técnicos y económicos
para cerrar esta puerta, se ha decantado por litigar ante medios de
comunicación y argumentar que las decisiones del Poder Judicial son
inconstitucionales e ilegales.
En conversaciones de
ejecutivos de Roku con periodistas nacionales en semanas recientes,
ellos mismos han aceptado que no han cumplido de manera íntegra las
decisiones de los juzgados mexicanos y siguen abiertas puertas
traseras (backdoors) que permiten a los piratas digitales seguir
operando en su plataforma. Con ello crean una ventana de ilegalidad y
de competencia desleal respecto a otros servicios de streaming en el
mercado que sí operan en el marco de la legalidad, pagando impuestos
y su respectiva porción a los titulares de los derechos de propiedad
intelectual.
Han aseverado también los
ejecutivos de Roku que poco más del 90% de sus contenidos son
legales, lo que deja una brecha de contenido ilegal que representa
casi una décima parte del tráfico total de los contenidos que pasan
por sus dispositivos en México. Con ello dan lugar claramente a
sustanciales pérdidas de los creadores cuyas obras son ilegalmente
comercializadas. De acuerdo con su propio informe a la bolsa de
valores estadounidense, la empresa gastó en 2017 más de 107
millones de dólares en investigación y desarrollo, por lo que debió
haber empleado una fracción en encontrar la fórmula para cerrar las
puertas al contenido ilegal, como efectivamente lo hacen dispositivos
similares.
En el campo de la privacidad y
el resguardo de los datos personales surgen riesgos, de manera
similar. Con ese reconocimiento de las ventanas de riesgo, Roku
confirma estar consciente de no cumplir la ley a cabalidad, al vender
dispositivos vulnerables al acceso de hackers, exponiendo así a
daños patrimoniales y reputacionales al consumidor y a las tiendas
que los comercializan.
Y, aun así, esa empresa busca
presentarse como víctima de circunstancias más allá de su control,
y se resguarda en declarar no poder cumplir a cabalidad las
decisiones judiciales que desde hace meses impiden la venta de los
sintonizadores de la marca Roku en territorio nacional. Sin embargo,
corresponde al Estado mexicano garantizar el cumplimiento del marco
legal de los derechos de propiedad intelectual, tema que no se dirime
con intentos de convencer a la opinión pública.
Es razonable anticipar que se
seguirán presentando conflictos similares entre el interés privado
de empresas y el público representado por los órganos del estado,
derivados de nuevas alternativas tecnológicas. Sin duda deberán ser
temas prioritarios en políticas públicas que fomenten el
crecimiento de la economía digital.
El IDET reconoce en el
internet un medio de comunicación y plataforma de actividad
económica fundamentales. Ello hace necesaria la firme defensa del
ciberespacio como cimiento fundamental para permitir el crecimiento
seguro y armónico de la vida digital mexicana, todo, en un contexto
de cumplimiento del marco legal relativo a la propiedad intelectual.
