Señal COPARMEX: Agosto 20, 2018
En
un país con profundas desigualdades, la educación es uno de los
instrumentos más eficaces para detonar oportunidades de desarrollo
colectivo y de las personas en lo individual.
Representa
también la herramienta más eficaz para una evolución de los
patrones productivos de un país, hacia actividades de mayor
especialización y rentabilidad.
En
el entorno internacional exige una modernización constante de los
mecanismos de formación del conocimiento y el aprovechamiento de las
tecnologías. Las instituciones de educación superior juegan un
papel principal en este proceso.
En
ese contexto, México requiere evolucionar hacia un sistema de
educación superior con elevados estándares de calidad, que a nivel
macroeconómico garantice la productividad de la fuerza laboral, al
tiempo que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de alcanzar sus
objetivos personales de bienestar.
El
sistema de educación superior en México ha tenido un crecimiento
significativo en términos de cobertura y así mismo en las
capacidades físicas instaladas, no cabe duda de ello.
Sin
embargo, las deficiencias sistémicas en el proceso educativo y la
frecuente falta de pertinencia de los conocimientos transferidos y
las competencias enseñadas, han deteriorado su capacidad para
detonar un incremento sensible en la productividad sistémica y
debilitado su rol protagónico en la capilaridad social.
Es
importante atajar los retos que enfrenta el sistema desde la
comprensión de las complejidades que entraña. En primera instancia,
debe comprenderse su enorme diversidad y heterogeneidad, además de
las diferentes aristas que deben analizarse para mejorar su
desempeño.
En
Coparmex coincidimos con el Presidente Electo, Andrés Manuel López
Obrador, en la necesidad de reformar el sistema de educación
superior en México.
Según
mediciones internacionales, el sistema de educación superior de
nuestro país ha quedado rezagado respecto a otros países con
niveles similares de desarrollo, tanto en términos de cobertura,
como de calidad.
Por
ejemplo, en la categoría de “educación superior y capacitación”
del Índice de
Competitividad Global
desarrollado por el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar
80, muy por debajo de otros países latinoamericanos como Argentina,
Chile y Costa Rica.
En
algunos de los subíndices las posiciones son aún más bajas: 81 en
la tasa de cobertura de educación superior, 108 en calidad del
sistema educativo y 117 en calidad de educación en matemáticas y
ciencias.
Por
otro lado, México ocupa el último lugar de la OCDE, en cuanto a la
población adulta con educación superior: solamente el 16% de los
mexicanos de entre 25 y 64 años cuenta con estudios superiores,
frente al promedio de 36% en el resto de los países y solamente el
1% en México tiene estudios de maestría.
Estas
cifras revelan diversas dimensiones de la problemática educativa:
por un lado, de estructura del sistema de educación superior y, por
el otro, de pertinencia de su oferta para el mundo laboral y
productivo.
Si
queremos una educación superior que esté a la altura de la
competencia internacional, es indispensable pensar en una renovación
estructural del sistema de educación superior y mejorar la calidad
de las instituciones existentes.
En
el sistema público de educación superior de México existen retos
de sustentabilidad financiera que deben resolverse prioritariamente,
como la jubilación del profesorado, la renovación de la planta
educativa y el mejoramiento de las instalaciones en las
universitarias existentes. Todas estas medidas requerirán de un
esquema de financiamiento distinto para hacerles frente.
Por
ello, resulta impostergable fortalecer el financiamiento de las
instituciones de educación superior. Al menos diez universidades
públicas estatales se encuentran en estado de insolvencia y otras
muestran ya signos graves de falta de liquidez.
En
muchas universidades públicas hay capacidad física instalada que
podría permitir el acceso a decenas de miles de jóvenes. Sin
embargo, estos espacios no han podido ser aprovechados por la falta
de recursos públicos suficientes.
Los
espacios que se abren requieren, en paralelo, de la contratación de
académicos, de trabajadores administrativos y de una amplia gama de
gastos ineludibles para prestar el servicio educativo.
Por
ello, proponemos que antes de iniciar un programa de apertura de 100
nuevas universidades, se aproveche a plenitud la capacidad física y
operativa instalada en las universidades autónomas estatales,
universidades politécnicas y en las distintas modalidades de
instituciones públicas de educación superior.
Los
resultados puedan darse en un cortísimo plazo, con mayor eficiencia
que la creación de nuevas entidades.
El
reto de la cobertura con calidad implica un cambio de paradigmas,
tanto en la educación superior pública como en la privada,
reconociendo su papel complementario y no excluyente, que reconozca
los diversos perfiles económicos de los jóvenes que acceden a la
educación superior en sus diversas modalidades.
Un
dato relevante a tomarse en cuenta, es que hoy en día una parte
significativa de la matrícula de las universidades públicas, está
conformada por estudiantes provenientes de las familias de los
deciles de ingresos más elevados.
Por
ello, un sistema de gratuidad ciego y a ultranza puede afectar sobre
todo a las universidades públicas que hoy operan con salud
financiera, y al mismo tiempo, ser regresivo para impulsar mayores
oportunidades y la capilaridad social.
Para
garantizar la viabilidad económica de las universidades públicas es
necesario analizar con seriedad, y sin tabúes, la posibilidad de
establecer cuotas parciales de recuperación en las universidades
públicas, aplicables a las personas que si pueden contribuir a
solventar los costos del servicio educativo.
Este
modelo debería estar ligado a un sistema eficaz, ágil y
transparente de becas, que garantice que no se afectará en forma
alguna a los estudiantes de bajos recursos. Ya hay casos claramente
exitosos de estas prácticas en algunas universidades públicas
estatales.
En
Coparmex consideramos que la diversidad de opciones educativas debe
estar al alcance de todos, independientemente del ingreso familiar o
nivel socioeconómico de los aspirantes.
En
esa visión de complementariedad y para que se amplíen las
oportunidades de acceso a la educación, proponemos impulsar desde el
Gobierno Federal, un programa ambicioso de convenios con
universidades privadas de calidad reconocida, para que aquellos
aspirantes que cumplan con los perfiles académicos de ingreso,
puedan obtener, de forma transparente, becas parciales o totales de
los gobiernos federal y estatales, y con ello se ofrezcan más y
diversas oportunidades a los jóvenes, particularmente a los
estudiantes de niveles socioeconómicos de bajo ingreso.
Hay
capacidades no utilizadas en las Universidades privadas, que con
apoyo gubernamental, pueden generar de forma inmediata, opciones para
muchos jóvenes que hoy no las tienen.
En
Coparmex creemos, de hecho, que el primer paso es aprovechar la
infraestructura educativa existente, lo cual también incluye
analizar la pertinencia de modelos flexibles que permitan el acceso a
la educación a través de modalidades mixtas o virtuales.
Por
otro lado, existen medidas normativas que deben someterse a
consideración. Por ejemplo, la creación de un Sistema Nacional de
Educación Superior y la promulgación de una nueva Ley General de
Educación Superior que lo regule.
Los
objetivos deben ser mejorar la articulación de las instituciones
educativas y el poder público, establecer atribuciones claras para
cada uno de los tres niveles de gobierno en la materia y generar una
coordinación provechosa entre todas las instancias.
Finalmente,
en el camino del mejoramiento de la calidad de la educación, los
cambios deben de privilegiar el desarrollo de competencias y
habilidades útiles para el ámbito laboral.
Existen
cifras que revelan el desfase entre el sector educativo y el mundo
productivo. El porcentaje de personas con estudios superiores y medio
superiores que compone a la población económicamente activa
desocupada, se ha incrementado constantemente en los últimos doce
años: del 31% en 2005 pasó a representar el 47%, en 2017.
También
existe una ineficiencia en el uso de habilidades en el mercado
laboral mexicano: 26% de los trabajadores están sobre educados y 31%
no cuentan con las habilidades necesarias para desempeñar las
funciones de su puesto.
Las
universidades deben buscar que el perfil de egresado sea de una
persona competitiva para el mercado laboral. Es importante que las
universidades privadas con calidad reconocida cuenten con un esquema
mucho más flexible en el Reconocimiento de la Validez Oficial de
Estudios (Revoe), que les permita, en forma ágil, crear nuevos
programas educativos y adecuar los existentes.
Debe
buscarse un involucramiento activo del sector empresarial en la
formación, pero también se deben rediseñar los programas, los
contenidos de los planes de estudio y los modelos de enseñanza. En
especial se debe poner énfasis en educar estudiantes que desarrollen
la capacidad de innovar en sus respectivas áreas.
En
el contexto internacional se exige profesionistas preparados para ser
competitivos en el contexto de competencia internacional.
Desde
Coparmex hacemos un llamado para que con participación de expertos y
de los actores sociales, se construyan, sin demora, las reformas y
programas que permitan una evolución disruptiva del Sistema de
Educación Superior de México.
Desde la educación, con
calidad y pertinencia, nuestro País puede generar crecientes niveles
de bienestar, impulsar su desarrollo económico y de cara al futuro,
construir un liderazgo global.
