13 de julio de 2018|Columna de opinión
El
Foro Político de Alto Nivel que se desarrolla en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, entre el 9 y el 18 de julio, invita a los
países miembros a presentar sus avances en la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, e
intercambiar experiencias en la construcción de sociedades más
resilientes. Con este objetivo, el Foro este año se enfoca
principalmente en cinco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) cuya implementación contribuye a fortalecer la resiliencia
económica, social y ambiental.
Avanzar hacia sociedades más resilientes es un reto aún mayor para nuestra región debido a su alto grado de vulnerabilidad ante los desastres naturales, particularmente en Centroamérica y el Caribe, cuya vulnerabilidad a estos eventos aumenta como consecuencia del cambio climático. Entre 1990 y 2017 se registraron 345 desastres vinculados al clima en los pequeños estados insulares del Caribe y su impacto representa una carga adicional para estos países que, por su tamaño, no pueden aprovechar economías de escala. Asimismo, se han visto caracterizados por altos niveles de endeudamiento que han limitado la asignación presupuestaria hacia la prevención, mitigación y reconstrucción posdesastre en detrimento de inversiones en otros sectores claves para el desarrollo sostenible. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de su estrategia “Caribe Primero”, ha destacado el actual contexto de crisis ambiental y vulnerabilidad financiera como una oportunidad para crear un mecanismo de alivio de la deuda multilateral de países del Caribe con el fin de liberar recursos para la creación de un fondo para inversiones de adaptación y mitigación climáticas bajas en carbono.
En toda la región, la capacidad de dar respuesta a los desafíos climáticos y ambientales se ve debilitada por la persistencia de la desigualdad en sus diferentes dimensiones, cuyos efectos empeoran debido al cambio climático. Este fenómeno conlleva una doble inequidad: los grupos de mayores ingresos son los principales emisores de gases de efecto invernadero —al ser los mayores consumidores de combustibles fósiles—, mientras que los más pobres son los más vulnerables a sus efectos, dada su menor capacidad de mitigación y adaptación. La reducción de la desigualdad en términos de ingresos observada en la primera década de este siglo se ha frenada en los últimos años y la brecha sigue siendo una de las más elevadas: a escala regional el ingreso del quintil más rico representa alrededor de 45% del ingreso de los hogares mientras que el ingreso promedio del quintil más pobre alcanza apenas 6% del ingreso total.
En América Latina y el Caribe, dado el alto nivel de urbanización que según datos de las Naciones Unidas alcanzará el 83,6% en 2030, las ciudades emergen como uno de los espacios estratégicos y prioritarios en los esfuerzos para fomentar el desarrollo sostenible y resiliente con la contribución de múltiples actores. A nivel mundial, las ciudades concentran un porcentaje cada vez más grande de la población y son responsables por la mayor parte del consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.
La transición energética hacia una mayor participación de fuentes renovables y limpias representa una oportunidad prioritaria no solamente para la sostenibilidad urbana, sino para impulsar el crecimiento de sectores productivos con la incorporación de progreso tecnológico. Cambiar la matriz energética de la movilidad en la estrategia energética de las ciudades y asegurar su accesibilidad es clave para las inversiones sostenibles y puede ser una importante contribución para el cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030.
La segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebró en abril de 2018 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, fue una oportunidad para debatir e intercambiar experiencias sobre los temas prioritarios para la cooperación e inversiones sostenibles e involucrar a múltiples actores en la implementación de las agendas globales de sostenibilidad.
Cerrar las múltiples brechas de desigualdad en las ciudades y territorios es una condición fundamental para lograr un desarrollo sostenible y resiliente en la región. La estrategia debe sustentarse con mecanismos de gobernanza más armónicos entre diferentes niveles de gobierno y el fortalecimiento de su financiamiento. Estos retos llaman a una renovada conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad y a un aumento en la capacidad de formar coaliciones y fortalecer instituciones para el fomento de políticas sostenibles y promotoras de resiliencia a escala mundial, regional, nacional y local.
https://www.cepal.org/es/articulos/2018-potenciar-la-resiliencia-sociedades-latinoamericanas-caribenas-clave-la
Avanzar hacia sociedades más resilientes es un reto aún mayor para nuestra región debido a su alto grado de vulnerabilidad ante los desastres naturales, particularmente en Centroamérica y el Caribe, cuya vulnerabilidad a estos eventos aumenta como consecuencia del cambio climático. Entre 1990 y 2017 se registraron 345 desastres vinculados al clima en los pequeños estados insulares del Caribe y su impacto representa una carga adicional para estos países que, por su tamaño, no pueden aprovechar economías de escala. Asimismo, se han visto caracterizados por altos niveles de endeudamiento que han limitado la asignación presupuestaria hacia la prevención, mitigación y reconstrucción posdesastre en detrimento de inversiones en otros sectores claves para el desarrollo sostenible. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de su estrategia “Caribe Primero”, ha destacado el actual contexto de crisis ambiental y vulnerabilidad financiera como una oportunidad para crear un mecanismo de alivio de la deuda multilateral de países del Caribe con el fin de liberar recursos para la creación de un fondo para inversiones de adaptación y mitigación climáticas bajas en carbono.
En toda la región, la capacidad de dar respuesta a los desafíos climáticos y ambientales se ve debilitada por la persistencia de la desigualdad en sus diferentes dimensiones, cuyos efectos empeoran debido al cambio climático. Este fenómeno conlleva una doble inequidad: los grupos de mayores ingresos son los principales emisores de gases de efecto invernadero —al ser los mayores consumidores de combustibles fósiles—, mientras que los más pobres son los más vulnerables a sus efectos, dada su menor capacidad de mitigación y adaptación. La reducción de la desigualdad en términos de ingresos observada en la primera década de este siglo se ha frenada en los últimos años y la brecha sigue siendo una de las más elevadas: a escala regional el ingreso del quintil más rico representa alrededor de 45% del ingreso de los hogares mientras que el ingreso promedio del quintil más pobre alcanza apenas 6% del ingreso total.
En América Latina y el Caribe, dado el alto nivel de urbanización que según datos de las Naciones Unidas alcanzará el 83,6% en 2030, las ciudades emergen como uno de los espacios estratégicos y prioritarios en los esfuerzos para fomentar el desarrollo sostenible y resiliente con la contribución de múltiples actores. A nivel mundial, las ciudades concentran un porcentaje cada vez más grande de la población y son responsables por la mayor parte del consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.
La transición energética hacia una mayor participación de fuentes renovables y limpias representa una oportunidad prioritaria no solamente para la sostenibilidad urbana, sino para impulsar el crecimiento de sectores productivos con la incorporación de progreso tecnológico. Cambiar la matriz energética de la movilidad en la estrategia energética de las ciudades y asegurar su accesibilidad es clave para las inversiones sostenibles y puede ser una importante contribución para el cumplimiento del Acuerdo de París y de la Agenda 2030.
La segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebró en abril de 2018 en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, fue una oportunidad para debatir e intercambiar experiencias sobre los temas prioritarios para la cooperación e inversiones sostenibles e involucrar a múltiples actores en la implementación de las agendas globales de sostenibilidad.
Cerrar las múltiples brechas de desigualdad en las ciudades y territorios es una condición fundamental para lograr un desarrollo sostenible y resiliente en la región. La estrategia debe sustentarse con mecanismos de gobernanza más armónicos entre diferentes niveles de gobierno y el fortalecimiento de su financiamiento. Estos retos llaman a una renovada conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad y a un aumento en la capacidad de formar coaliciones y fortalecer instituciones para el fomento de políticas sostenibles y promotoras de resiliencia a escala mundial, regional, nacional y local.
https://www.cepal.org/es/articulos/2018-potenciar-la-resiliencia-sociedades-latinoamericanas-caribenas-clave-la
