El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reitera su gran preocupación por las consecuencias económicas y financieras que implica la aprobación de la Reforma Judicial tal y como se encuentra planteada.
La reforma al Poder Judicial –que incluye, entre otros temas, reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la elección de los jueces por voto popular– disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, así como a la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que los jueces pudieran enfrentar presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad.
Por lo tanto, se requiere que esta reforma, cuando menos, garantice:
• Un Poder Judicial con todas las garantías de imparcialidad e independencia, por medio de un proceso de nombramientos adecuado, libre de presiones externas donde los perfiles profesionales más competentes prevalezcan con estabilidad en su encargo.
• Un sistema de justicia capaz de resolver conflictos, que sancione a quienes cometen delitos y garantice protección a la persona frente al Estado.
• Un sistema que atienda las causas de la baja efectividad de la justicia y la lucha contra la impunidad, considerando a todas las instituciones que integran el sistema de justicia y no solo a los poderes judiciales.
• Certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse frente a actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados que vulneren sus derechos.
• Seguridad para los inversionistas de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.
De llevarse a cabo la Reforma Constitucional tal y como está planteada, México tendría que enfrentarse a un escenario económico, financiero y de negocios adverso porque:
• Se debilitaría la confianza en las instituciones y en la seguridad jurídica, lo que generaría un ambiente de pérdida de confianza para los inversionistas.
• Podría ocasionar incertidumbre en los mercados financieros y disminuir la posibilidad de que llegue nueva inversión extranjera directa, con las siguientes consecuencias:
➢ Incremento de los riesgos financieros de las empresas y del país, lo que impactaría en la estabilidad y crecimiento económico.
➢ La posibilidad de perder el grado de inversión, propiciando una mayor volatilidad en el tipo de cambio y dificultades en la capacidad de financiamiento, tanto del país como de sus empresas, al aumentar la tasa de interés y reducir los plazos de financiamiento de manera importante.
Se debe tener presente que al cierre de 2024 las finanzas públicas presentarán un déficit de aproximadamente 5.9%, que traerá como consecuencia un margen de maniobra limitado en el presupuesto de 2025 y en los siguientes años; por lo tanto, se requiere de seguridad y confianza en el Poder Judicial para atraer la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico.
Por lo anterior, el IMEF insta a la Cámara de Senadores a reconsiderar los temas expuestos en el planteamiento de la Reforma Judicial para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones para fomentar la inversión y el crecimiento económico que permita contribuir a disminuir la desigualdad y pobreza.
Consejo Directivo Nacional
Ciudad de México a 10 de septiembre de 2024
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