CDMX, 15 de abril de 2024.- Permisionarios
del servicio taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
consideran que con la nueva dirigencia de la terminal aérea, encabezada por el
contralmirante José Ramon Rivera Parga, existen las condiciones para finalmente
hacer justicia, resarcir el daño a los permisionarios y acabar con la
corrupción profundizada durante la gestión de Carlos Velázquez Tiscareño.
En el área de Transportación
Terrestre del Aeropuerto, consideran los permisionarios, se perfila la salida
de Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y de Supervisión de
Transporte Terrestre, y de quienes integran “su nido de corrupción”: Rebeca
Cruz Martínez, Sonia López Gallegos y Gustavo Arce Landa.
Estos funcionarios han sido los
encargados de obstaculizar la entrega de placas de la SICT, al obstaculizar las
sesiones de derecho ante dicha dependencia, al negar tanto el otorgamiento de tarjetones,
de tarjetas de identificación aeroportuarias, y al no recibir los seguros, lo
que desencadena en la paralización de las unidades de los permisionarios a
quienes consideran un “estorbo en sus propósitos”.
Además, durante mucho tiempo nuestras
unidades han buscado ser asignadas ilegalmente a la empresa SPASA, propiedad
del ex director del aeropuerto Carlos Velázquez Tiscareño, quien tiene sociedad
con José Luis Martínez Colina, director Jurídico del aeropuerto y con el propio
Sánchez Becerra, afirman.
Este fraudulento equipo,
aseguran los permisionarios, se han encargado de urdir deudas, no notificarlas
en tiempo y forma y obligar a los permisionarios a que las reconozcan, bajo
amenaza de que “de no hacerlo”, se revocarían sus permisos, sin la posibilidad
de incluso de intervención de un abogado que pueda revisar estos reconocimientos,
es decir “quieren que firmemos a ciegas”.
Informaron además que SPASA ya
tiene denuncias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje “y en breve le
pondrán las mantas roji-negras de huelga.
Afirman también que José Luis Martínez
Colina, director Jurídico del Aeropuerto, les ha dicho incluso que tiene
instrucciones de condonar deudas de los permisionarios, “pero que no lo quiere
hacer”, por lo que, consideran, el nuevo director general del aeropuerto podría
analizar dicha condonación y en su caso hacer que se cumpla.
Cabe decir que los
permisionarios se han dirigido tanto a la Presidencia de la República como a la
Cámara de Senadores, para que intervengan en la defensa de sus derechos, ya que
de este servicio de taxis dependen más de 10,000 familias de forma directa e
indirecta.
“Agradecemos también a todos los
jueces y magistrados que han ayudado para que las intenciones del exdirector Velázquez
Tiscareño y su pandilla de delincuentes de cuello blanco no se quedaran con
nuestros permisos”.
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