A pesar de que ha
invertido mil 400 millones de dólares desde hace dos años y de que
cuenta con todos los permisos necesarios, el Gobierno Federal
encabezado por Andrés Manuel López Obrador no le ha permitido a la
empresa Constellation Brands operar una planta en Mexicali, Baja
California, la cual lleva un avance del 70 por ciento y ahora busca
que mediante una consulta se decida si opera o no.
De esta manera el
Gobierno juega con la iniciativa privada, al no garantizar la certeza
jurídica en las inversiones, establece un producto de la plataforma
#DICES, auspiciada por la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX), que recordó que Constellation Brands lleva 6
años establecida en México con dos plantas, inversiones por 9 mil
millones de dólares y la creación de 5 mil empleos.
La Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a cargo de Víctor
Manuel Toledo Manzur, avaló el proyecto en enero pasado, pero días
después, el 24 de febrero, el secretario anunció que se decidió
someterlo a consulta ciudadana. Y el presidente López Obrador lo
respaldó.
“Nos toca a
nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que
escuchar a la gente. Y dicen: ‘Se va a establecer un mal precedente
si se hace una consulta, porque se afecta la inversión’. No, ya el
mal precedente se dio cuando, sin tomar en cuenta a la gente, dieron
los permisos”, dijo AMLO el 3 de marzo en su conferencia de prensa
matutina.
Al día siguiente,
la empresa extranjera argumentó, en una carta, que en mesas con la
autoridad federal y local se establecieron acuerdos que ahora se
quieren desconocer.
Constellation Brands
detalló, entre otras cosas, que previamente había acuerdos con
autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la
Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Oficina de la
Presidencia y el Gobierno de Baja California.
Y que no obstante de
que la planta requiere apenas el 0.5% del agua que cada año consume
Mexicali, Constellation Brands diseñó un modelo piloto único para
recuperación del líquido.
Además, en 2019, el
Instituto Electoral de BC declaró improcedente un plebiscito como
medio para avalar la planta. Y aunque el gobernador Jaime Bonilla
Valdez desestima la propuesta de esta consulta, al final terminó por
respaldarla.
La iniciativa
privada cuestiona que con esta decisión se violenta el marco
jurídico y ahuyentan inversiones, no sólo en Baja California, sino
en todo el país.
“Por encima de
cualquier conveniencia política debe prevalecer siempre el respeto
pleno a la Ley y los marcos normativos aplicables”, difundió el
Centro Empresarial de la COPARMEX en Mexicali, a través de un
comunicado publicado el pasado 4 de marzo.
Aún así, el
Gobierno Federal ya puso fecha y logística para la votación, que
será el próximo 21 y 22 de marzo bajo organización de la SEGOB,
misma que será mediante voto en urna, con credencial de elector de
los participantes.
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