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Impone Medida de seguridad a la Zona Federal de la ribera del “Río Los Perros”
o de “Las Nutrias” en el Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
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Practica visita de inspección en materia de impacto ambiental a los
representantes del Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, debido a las
actividades realizadas en la mencionada zona federal, sin contar con
autorización por parte de la SEMARNAT.
La
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera
total temporal la Zona Federal de la ribera del “Río Los Perros” o de “Las
Nutrias” en el Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, debido a que las
autoridades del citado municipio
colocaron 4783 m3 de residuos
provenientes de la demolición de las edificaciones afectadas por los sismos sin
contar con la autorización emitida por la SEMARNAT.
En
visita de inspección practicada este 9 de octubre de 2017, a fin de vigilar lo establecido en la
fracción X del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental, la PROFEPA constató que
las autoridades del Ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec, se encontraban
realizando actividades en la ribera del “Río Los Perros” o de “Las Nutrias” comprendida
como zona federal en una área total de 16,183 m2, afectando un total de 3,050
m2.
Cabe
señalar que con motivo de los sismos acontecidos los días 7 y 19 de septiembre
del presente año, que causaran afectaciones a las viviendas de diversas comunidades,
se colocaron 4783 m3 de residuos
provenientes de la demolición de las edificaciones del Municipio de Asunción,
Ixtaltepec, dentro de zona federal a lo largo de 305 metros de la ribera del
“Río Los Perros” o de “Las Nutrias”, actividad que debe contar con autorización
emitida por la SEMARNAT, y cuya vigilancia corresponde a esta Procuraduría.
Al
no contar con la Autorización referida, se procedió a imponer como medida de
seguridad la Clausura Total Temporal de esa zona, por lo que no se podrá seguir
realizando el deposito de dicho material, hasta en tanto no se obtenga la
autorización correspondiente.
Derivado
del incumplimiento a estas obligaciones ambientales al no contar con la
autorización correspondiente, se interpondrá una denuncia penal ante la PGR a
fin de que se realicen las investigaciones en contra de quien resulte
responsable.
De
no respetar la clausura impuesta por la PROFEPA se podrá imponer otra denuncia
penal, por violación a la medida de seguridad.
Cabe
destacar que las violaciones a la normatividad ambiental puede implicar una
sanción económica de hasta $3.7 millones de pesos por cada infracción cometida.
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