El
combate a la evasión y a la elusión fiscal es un ejercicio común
entre los gobiernos de todo el mundo; incluso, es una materia que
destaca en las agendas de trabajo de foros internacionales como el
G20 y la OCDE. Es perfectamente entendible que las autoridades
hacendarias de los países busquen reducir las pérdidas
multimillonarias que estas prácticas les produce cada año,
comprometiendo los recursos que bien podrían destinar a gasto social
o a inversión productiva de largo plazo.
México
no es la excepción. En
la última década, la lucha contra la evasión fiscal ha permitido
que lo dejado de recaudar sobre el valor de la economía se haya
reducido a la mitad. El actual Gobierno Federal ha decidido continuar
estos esfuerzos, con especial énfasis en identificar el uso de
facturas falsas; para poder elevar la recaudación fiscal y, con
ello, obtener un mayor margen de maniobra en el ejercicio del gasto
público.
En
Coparmex,
coincidimos
en la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema tributario, sin
embargo, estamos profundamente preocupados ante lo que parece ser el
diseño de un sistema persecutorio que acosará a miles de agentes
económicos que cumplen sus obligaciones en tiempo y forma. Nos
preocupa cualquier tipo de esquema fiscal, con el que puedan pagar
justos
por pecadores,
sin que necesariamente se esté remediando el problema original de
combatir la evasión de impuestos.
Poco
se ha hablado de la polémica propuesta para incorporar en
el Código Fiscal de la Federación (CFF), el Título Sexto sobre la
Revelación de Esquemas Reportables, con el que se pretende obligar a
los asesores fiscales a reportar, ante el Servicio de Administración
Tributaria, las estrategias que recomiende a sus clientes para que
estos obtengan beneficios fiscales.
En
otras palabras, con la Revelación de Esquemas Reportables –ya sea
Generalizado
para varios clientes o Personalizado
para uno solo– el asesor y el contribuyente deberán notificar al
SAT la planeación o el conjunto de actos jurídicos que llevarán a
cabo, revelando los detalles y solicitando la opinión favorable de
la autoridad fiscal de manera previa.
Ahora
el SAT –reconvertido en una especie de juzgado– podrá calificar
la estrategia como positiva o declararla ilegal, en un proceso que
puede prolongarse hasta los ocho meses. En el segundo caso y una vez
notificado por el asesor, el cliente podrá recurrir al Tribunal de
Justicia Administrativa (TFJA) para intentar impugnar la decisión,
volviendo el procedimiento profundamente burocrático y
peligrosamente invasivo.
Ante
ello, en Coparmex señalamos algunos puntos que consideramos
perjudiciales sobre los Esquemas Reportables –que en otras
experiencias ha derivado en escándalos mundiales como el caso
“Panama Papers” o el “Football Leaks”:
Uno.
Se viola el principio del secreto profesional y del derecho a la
intimidad, que protege civil y penalmente a médicos, abogados y
asesores –en este caso asesores fiscales–, quienes acceden a
datos e información del orden privado y que deben mantener en
secrecía para proteger las actividades de sus clientes.
No
sólo se trata de un asunto legal, sino de permitir que los
consejeros fiscales puedan cumplir con sus funciones de
asesoramiento, con la más alta ética y profesionalismo posibles.
Dos.
Las autoridades fiscales tendrán nuevos dientes con los que se
vuelven inquisidores de los contribuyentes, sobre todo, cuando éstos
decidan realizar la planificación fiscal internamente.
Y
tres. Se pondrá en peligro la profesión de intermediación fiscal,
de quienes asesoran a las empresas y otros tipos de contribuyentes
para diseñar un conjunto de acciones que les permita enfrentar las
cargas tributarias con mayor eficiencia, siempre en el marco de la
Ley.
En
este punto, cabe subrayar que no es lo mismo: no pagar los impuestos
que le corresponden a uno y pagar la menor cantidad tributaria que la
actual legislación fiscal defina en su demarcación.
Por
estas razones, hacemos un respetuoso llamado a los Diputados
Federales para que reconsideren los efectos de esta propuesta, que
desafortunadamente ya ha sido aprobada en el Senado de la República.
En
Coparmex, creemos que sí es posible recaudar sin que sea necesario
tener una política fiscal persecutoria. Debemos reconocer que la
misma legislación establece alternativas que pueden generar
economías de opción para los contribuyentes.
Por
supuesto que, juntos podemos construir un sistema tributario moderno,
funcional y sumamente recaudatorio, pero que
a su vez sea justo, equilibrado y garante del cumplimiento de nuestra
Ley; un sistema tributario que nos ayude a continuar los esfuerzos de
transformación de nuestro país y a impulsar el conjunto de nuestra
economía. Muchas gracias.
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