- La decisión de la Segunda Sala de la SCJN beneficia a las empresas y a todas las familias mexicanas al eliminar condiciones monopólicas en el sector.
- Manifestamos nuestro rechazo al intento de llevar a juicio político al Ministro Alberto Pérez Dayán por
emitir un voto de calidad a favor del proyecto.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, celebramos la trascendente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar que diversas disposiciones de la
Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, transgreden los principios constitucionales de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable.
De acuerdo con el Máximo Tribunal del país, esta legislación secundaria, en lugar de atender el criterio de eficiencia establecido en la Carta Magna, introdujo un orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, determinando qué centrales generadoras inyectan primero su energía a la red nacional y así privilegiar a los generadores del Estado, es decir a la Comisión Federal de Electricidad y a las plantas asociadas a ella alterando
el mercado eléctrico.
La SCJN también consideró que la Ley de la Industria Eléctrica vulneró los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable al establecer disposiciones para la asignación de los contratos de
cobertura eléctrica y para el sistema de adquisición de certificados de energías limpias.
Es importante resaltar que, aunque la concesión del amparo parte de la queja de seis empresas, de acuerdo con
el resolutivo de la Segunda Sala se generará la misma consecuencia para el resto de los agentes que participan
en el mercado eléctrico mayorista, pues, de lo contrario, provocaría que se aplicaran reglas dispares a las empresas amparadas, contraviniendo los principios rectores fijados por la Constitución para ese mercado.
Por otra parte, desde COPARMEX manifestamos nuestro rechazo al intento de someter a juicio político ante el Congreso de la Unión al ministro Alberto Pérez Dayán por otorgar el voto de calidad en la discusión sobre la Ley
de la Industria Eléctrica. Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Amparo: “Cuando uno de
los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala (como sucedió con Javier Laynez Potisek), los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”.
El Juicio Político es procedente cuando alguno de los servidores públicos previstos en el artículo 110 de la Constitución, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En tal sentido, como se advierte, el hecho de que el Ministro Pérez Dayán haya ejercido la facultad del voto de calidad,
no entraña ningún de los referidos supuestos sino todo lo contrario: hizo valer la vigencia efectiva del orden constitucional.
Es importante recordar dos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son precedentes vinculantes para el Estado Mexicano. El Tribunal Constitucional vs. Perú de 1999; y el Tribunal Constitucional vs Ecuador de 2013, en los que se establece que ningún juez constitucional puede ser juzgado
por el ejercicio de sus facultades, de lo contrario, se estaría violentando el equilibrio de poderes y poniendo en riesgo la solvencia del Estado Constitucional de Derecho.
Desde la Confederación hacemos un llamado al respeto entre los Poderes de la Unión y a evitar ataques sin sustento contra los integrantes de la SCJN.
Así mismo, consideramos que la propuesta del Ejecutivo Federal de enviar una nueva reforma eléctrica para robustecer a la CFE, pero de las mismas características de la que acaba de ser rechazada en la Suprema Corte, sólo generaría incertidumbre entre los inversionistas y pondría en duda el respeto al Estado de Derecho.
El Poder Judicial ha cumplido una imprescindible labor para preservar la Constitución, la legalidad y los derechos de todos. Desde COPARMEX reiteramos el compromiso con la defensa de la libre competencia y la promoción
de un entorno jurídico estable para las inversiones en el sector eléctrico.
