Debido a sus
grandes beneficios para dejar de fumar, varios gobiernos de distintos países
como Reino Unido o Nueva Zelanda han reconocido al vapeo como una alternativa
ante el nocivo hábito de fumar cigarrillos convencionales, sin embargo, en
México, los vapeadores no están permitidos por un decreto oficial firmado por
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual prohíbe su circulación y
comercialización.
Ante los nocivos
efectos del tabaco, el vapeo ha demostrado ser una alternativa para dejar de fumar.
El consumo de tabaco convencional ha demostrado ser sumamente dañino para la
salud, debido principalmente a los más de siete mil químicos que contiene el
humo, de los cuales, cientos son tóxicos y alrededor de 70 pueden causar
cáncer, de acuerdo con Centers
for Disease Control and Prevention, la mayor
autoridad en materia de salud de Estados Unidos.
De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, el tabaco mata hasta a la mitad de las
personas que lo utilizan. Cada año, más de 8 millones de personas fallecen a
causa de este hábito y más de 7 millones de estas defunciones se deben a su
consumo. De estas muertes, 1.2 millones son consecuencia de la exposición de no
fumadores al humo ajeno.
En contraste, el
vapeo es una alternativa para dejar de fumar que no genera el humo tóxico del
tabaco convencional. En consecuencia, en países como Francia, el gobierno se ha
mostrado a favor de estos dispositivos como un método que es considerado por
los franceses como una primera alternativa para dejar de fumar: casi 15% de
exfumadores ya se inclina de manera exclusiva por esta opción para abandonar
este hábito, según una encuesta
realizada a más de 25 mil personas por el Servicio de Sanidad Pública de ese
país.
En términos
legales, que el vapeo esté prohibido trae consecuencias onerosas para todos los
actores involucrados, no solo para los consumidores sino también para el Estado.
Enlistamos tres
razones por las que esta actividad debería ser legalizada en México.
Evitar el mercado negro
Varias
experiencias en el pasado –como la prohibición de alcohol en Estados Unidos en
la década de los 30 o la prohibición de fumar durante la pandemia de COVID-19
en Sudáfrica– han demostrado que la prohibición de sustancias favorece el
incremento en su consumo y la proliferación de productos dañinos para la salud.
En el caso de
Estados Unidos, la prohibición de alcohol provocó el aumento de su consumo
en 70% y en el de Sudáfrica, la prohibición del tabaco no
impidió que 93% de los fumadores
sudafricanos continuara comprando cigarrillos, esta vez a través de canales
informales.
Esto sucede
debido a que la prohibición de circulación y comercialización de una sustancia
no cancela la 'necesidad' de su consumo entre la población, por lo que las
personas que así lo deseen seguirán buscando cómo satisfacer su necesidad. Por
otro lado, la falta de regulación provoca que el mercado esté abierto a todo
tipo de productos que sin ningún control de calidad pueden dañar la salud de
quien los usa.
Estos casos
sirven para entender lo que está pasando en México: que el 'mercado negro' del
vapeo está creciendo, a pesar de la prohibición. De acuerdo con una investigación
realizada por el diario Milenio, al otro día de entrar el vigor el decreto que
prohíbe su circulación y comercialización, estos artículos siguen vendiendo a
la luz del día, y los mismos vendedores alertan un incremento del mercado negro
y con ello, un peligro para los consumidores.
Ahorro en gastos en salud pública
Fumar cigarrillos
convencionales trae grandes daños a la salud. En México cada año mueren más de
51 mil personas a causa del consumo de tabaco, de acuerdo con información de la
Secretaría de Salud a la Cámara
de Diputados. Pero los daños no terminan aquí, sino que el
erario también resulta profundamente dañado debido a este hábito: se gastan en
México casi 100 millones de pesos en costos médicos relacionados al tabaquismo.
Ante este
panorama, el vapeo podría disminuir los costos en los que un país incurre
debido al tabaquismo. Esto fue demostrado por un estudio de la
Universidad de Queensland, el cual encontró que un acceso más fácil a los
cigarrillos electrónicos que contienen nicotina traería no solo beneficios para
la salud sino un ahorro de costos en el sector salud.
Este estudio
respaldó el enfoque regulatorio que tiene Nueva Zelanda, el cual mantiene los
productos de nicotina relacionados con el vapeo más baratos que los productos
para fumar al hacerlos libres de impuestos.
“El probable
ahorro de costos, que oscila entre 370 millones de dólares neozelandeses y
siete mil 100 millones de dólares australianos (356 millones de dólares
australianos y seis mil 800 millones de dólares australianos), resultaría de
que menos personas desarrollen enfermedades relacionadas con el tabaco",
explica al respecto Coral Gartner, profesora asociada de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Queensland y una de las autoras del estudio.
Evitar la violación de derechos
fundamentales
La prohibición de
la circulación y comercialización de vapeadores viola varios derechos de las
personas, lo cual ha sido sustentado ya por uno de los Poderes de la Unión, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de una sentencia al
respecto.
El motivo de la
SCJN para declarar inconstitucional esta medida fue que esta es incompatible
con varios derechos, entre estos, el de la igualdad y el del desarrollo de la
personalidad, según explicaron algunos ministros con relación a
la decisión de la Corte.
En cuanto al
primero, al de la igualdad, este se refiere a la libertad de comercio. En este
sentido, la SCJN concluyó que esta prohibición es inconstitucional debido a
que, a pesar de tener el objetivo de proteger el derecho a la salud tanto de
las personas fumadoras como no fumadoras, resultaba
violatoria del principio de igualdad consagrada en el artículo
1 de la Constitución federal, debido a que se consideró que quienes usan y
pretenden importar o exportar tabaco están en condiciones similares a quienes
pretenden lo mismo con el cigarrillo electrónico.
Con relación al
derecho al desarrollo de la personalidad –otra de las violaciones por las que
la prohibición resulta inconstitucional según los criterios de la SCJN– este se
refiere a la libertad de consumir cualquier sustancia sin afectar derechos de
terceros y el orden público.
Es decir, que las
personas tienen el derecho legal de decidir la manera en la que quieren
consumir nicotina, y en consecuencia, el gobierno debería permitirles la
libertad de elección, siempre sin dañar a terceros, cosa que no sucede con la
prohibición.
Al respecto, este
es un derecho que también fue defendido por la Corte en el pasado cuando se
declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la
marihuana.
También es
importante resaltar que esta prohibición fue impuesta por medio de un decreto
presidencial –es decir, por mandato del presidente y no por un proceso
legislativo en el que participaran los distintos poderes– y a pesar de que poco
menos de un año antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declarara inconstitucional la prohibición para la libre comercialización de
vapeadores a través de esta sentencia.
Debido a la
naturaleza y a la circunstancias de esta medida, incluso una organización civil
pro vapeo ha promovido amparos para usuarios de vapeadores, a los que incluso
les facilita un documento en formato descargable de su página web. En este sentido,
algunas empresas ya han logrado la suspensión provisional en contra del decreto
presidencial que prohíbe la comercialización de vapeadores, entre estas, la
cadena de tiendas Sanborns.
De esta manera,
el decreto presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de
vapeadores contraviene varios derechos, entre estos, el de tener la libertad de
elegir de los consumidores.
Por todo esto, es
importante que las autoridades mexicanas consideren la legalización del vapeo
en el país, porque mientras esto no suceda, el mercado negro seguirá
proliferando, el erario seguirá siendo afectado por el tabaquismo y los
derechos de las personas seguirán siendo violados por un decreto presidencial.
