26 de mayo de 2022
Preámbulo
Durante
la actual administración, las fiscalías estatales han registrado una muy
dolorosa y lamentable cifra: 115 mil 346 víctimas de homicidios dolosos en 97 mil 346 carpetas
de investigación en México.
Esta es la cifra más alta de homicidios dolosos registrada en los
primeros 41 meses de un Gobierno, comparado con el mismo lapso de sexenios
anteriores.
Esto,
sin duda, debe generar una profunda reflexión, un análisis minucioso y multidisciplinario,
pero que ponga a las personas al centro en la toma de decisiones. En COPARMEX
creemos que la violencia no se combate con más violencia, sino con inteligencia,
cumplimiento y respeto de la ley, coordinación entre autoridades para que trabajen
en equipo, construcción de tejido social y, lo más importante, creemos que se requieren
emprendedores.
Un país donde todos podamos crear y abrir
empresas de cualquier tamaño hará posible que contemos con los empleos
necesarios y que mejore el nivel de ingresos para evitar que miles de personas
se adhieran a las filas del crimen organizado por necesidad.
Contexto e impactos de la inseguridad
Mucha de esta violencia está vinculada al narcotráfico, en especial al narcomenudeo, pues de las 70 mil 274
carpetas de investigación que se registraron
en 2019, al cierre del 2021 se dispararon a 82 mil 271. Las cifras para este
2022 no pintan nada bien, pues en el primer cuatrimestre del año se realizaron 29 mil 664 denuncias
relacionadas con ese ilícito.
Cabe
recalcar una realidad igualmente preocupante, que en lo que va de este
año suman 11 periodistas asesinados en México, y según reportes en medios de comunicación se acumulan más de 30 asesinados desde el 1 de
diciembre de 2018. Organizaciones como el Instituto Internacional de Prensa
(IPI, por sus siglas en inglés), así como Reporteros sin Fronteras (RSF)
han identificado a nuestro país como el más peligroso para el ejercicio del
periodismo en el mundo.
La
perspectiva integral la aportan los datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que informó que en 2021 se denunciaron 2 millones
44 mil 122 ilícitos, 202 mil delitos más que en 2020. La impunidad es una de
las posibles explicaciones en el crecimiento de la delincuencia. De acuerdo con
información de México Evalúa, el 94.8 por ciento de los casos
denunciados en México quedan sin resolverse.
Vejaciones a las fuerzas armadas, señal de un país que no debe quedar a
la deriva y sin respeto a la ley
Si la
impunidad es un hecho que agrava el contexto de inseguridad, ahora vemos con
consternación que integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional
de forma creciente están siendo objeto de agresiones,
maltratos y vejaciones por parte de supuestos grupos de población civil. Se contabilizan al menos 24
hechos de este tipo en lo que va del actual gobierno. De acuerdo con un conteo
realizado por el diario EL UNIVERSAL diferentes episodios se han concentrado en
Michoacán, el más reciente en Nueva Italia, donde
militares fueron perseguidos por camionetas y agredidos. En COPARMEX lo decimos
claro, no estamos a favor del uso desmedido o irracional de la fuerza, sino que
pugnamos por contar con cuerpos de seguridad debidamente capacitados,
equipados, remunerados y con dominio pleno de protocolos para actuar ante todo
tipo de amenazas con estricto apego a los derechos humanos. Y también, nos pronunciamos para que se les
respete, tanto por parte de la población civil como por parte de las
autoridades y mandos.
Según datos de la organización no gubernamental Causa en Común, del 1 de diciembre de 2018 al 5 de
mayo de 2022, se ha registrado que al menos 1,545 policías han perdido la vida. Coincidimos
con el Ejecutivo Federal, nuestras Fuerzas Armadas son pueblo uniformado y como
tal tiene derechos, el más importante: el de su derecho a la
vida, a su dignidad y a su integridad.
Planteamiento de COPARMEX
Hoy,
frente a los 115 mil 347 homicidios y el acumulado de 100 mil
desaparecidos es imprescindible que haya una reformulación de la política y la estrategia de seguridad.
Porque si bien no todo se trata del uso de la fuerza, tampoco es permisible el
debilitamiento institucional de las fuerzas de seguridad. La ley es la ley, son
las reglas que como sociedad nos hemos impuesto para vivir en armonía, y estas deben cumplirse. Y para que
la ley se cumpla necesitamos que haya autoridades fieles a su mandato. Por eso
es que proponemos las siguientes acciones para hacer frente a la inseguridad:
1.
Fortalecer la seguridad pública, no la
militarización: Por ello es que no concebimos que la
ruta correcta sea una reforma constitucional para incorporar a la Guardia
Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia
Nacional debe permanecer bajo un mando civil.
2.
Robustecer las policías
municipales, estatales y ministerios públicos: Eso implica retomar la implementación de controles de confianza, limpiar,
capacitar, equipar y dignificar a las fuerzas policiales locales y fiscalías. La participación federal debe ser subsidiaria, no de
suplantación.
3.
Recursos suficientes: Es necesario invertir más recursos y dejar de lado la
austeridad para fortalecer las capacidades policiales y de inteligencia para la
prevención, la desarticulación financiera, las tareas de patrullaje
y la investigación. Para ello sería útil rediseñar fondos y fideicomisos con
incentivos correctos para la mejora acelerada del estado de fuerza y su
adiestramiento. También es prioritario contemplar las
necesidades de las fiscalías para hacer eficiente la coordinación Policía-Perito-Ministerio
Público-Jueces.
4.
Acciones coordinadas y focalizadas: Debe privilegiarse la inteligencia y
el uso de información y tecnologías para el desarrollo de estrategias
contra delitos puntuales, como podrían ser la extorsión, el robo de vehículos y al transporte de carga.
5.
La mejor arma: la prevención
con inclusión: En COPARMEX promovemos el Modelo de
Desarrollo Inclusivo (como la guía para que con valores y visión se atiendan los problemas desde sus
causas); vemos positiva la intervención gubernamental para ampliar los
programas sociales enfocados a atender la falta de oportunidades pero debe
complementarse con acciones que generen beneficios de largo plazo; por eso
insistimos, además de becarios necesitamos un país de emprendedores que generen
bienestar para ellos y para otras familias.
6.
Impulsar la participación ciudadana: A través de los Observatorios
ciudadanos de seguridad pública para colaborar con las autoridades en la mejora
de la seguridad.
Nuestro llamado
Reconocemos
el esfuerzo por realizar reuniones diarias de alto nivel federal sobre
seguridad, pero como advertimos es impostergable un cambio en la estrategia. Si
queremos que el país acelere su recuperación económica y se genere mayor bienestar,
tenemos que dar los pasos correctos para consolidar nuestro Estado de Derecho.
Debemos poner un alto a la escalada en la violencia, la delincuencia y la
impunidad. Creemos que la empresa es un motor de cambio social por eso alzamos
la voz y generamos propuestas para recuperar la paz en nuestras calles y la
confianza en México.
Queremos un País en el que todos los ciudadanos
podamos vivir en paz.
