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El sector del transporte es responsable de 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región.
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Nuevo
informe llama a priorizar la electrificación del transporte público,
especialmente cuando se actualicen las antiguas flotas de autobuses.
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La
movilidad eléctrica podría fomentar nuevas inversiones y empleos, los
cuales son clave para los esfuerzos de recuperación pos-COVID-19.
Panamá, 2 de julio de 2020.-
La
transición hacia la movilidad eléctrica puede ayudar a los países de
América Latina y el Caribe a reducir las emisiones contaminantes y
cumplir los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático,
mientras se crean nuevos empleos verdes
como parte de los planes de recuperación pos-COVID-19, de acuerdo con un nuevo estudio.
El
transporte público es el segmento que se está electrificando a mayor
velocidad en la región, aunque aún en una fase incipiente de despliegue,
indica el
estudio, que es financiado por la Comisión Europea a través del
Programa EUROCLIMA+, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y la empresa de energías renovables Acciona.
Chile
destaca por poseer la mayor mayor flotilla de autobuses eléctricos en
la región, con más de 400 unidades, mientras se espera que Colombia
incorpore casi
500 buses eléctricos en la capital, Bogotá. Otras ciudades colombianas,
como Cali y Medellín, se han unido a Guayaquil, en Ecuador, y Sao
Paulo, en Brazil, y han introducido buses eléctricos en sus flotas
urbanas.
El
aumento en la eficiencia de los autobuses eléctricos, la reducción en
sus costos de operación y mantenimiento, así como la creciente
preocupación por los
impactos de las emisiones en la salud y el medio ambiente, son los
principales impulsores de esta transición, según el estudio.
El
transporte es responsable de 15% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en América Latina y el Caribe y es uno de los principales
motores detrás
de la mala calidad del aire en las ciudades que causa más de 300.000
muertes prematuras al año en el continente americano, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud.
“En
meses recientes hemos visto una reducción en la contaminación
atmosférica de nuestras ciudades a causa de los confinamientos para
prevenir la propagación
de la COVID-19. Pero estas mejoras son sólo temporales. Debemos
emprender un cambio estructural para que nuestros sistemas de transporte
contribuyan definitivamente a la sostenibilidad de nuestras ciudades”,
dijo Leo Heileman, director regional del PNUMA en
América Latina y el Caribe.
El
informe llama a los tomadores de decisiones a priorizar la
electrificación del transporte público en el futuro, especialmente a la
hora de actualizar las
viejas flotas de autobuses que recorren las grandes ciudades de la
región. El estudio advierte del peligro de un “bloqueo tecnológico” en
los próximos 7 a 15 años si las autoridades optan por renovar las
antiguas flotas con nuevos vehículos de combustión interna
que seguirán contaminando el aire de las ciudades y causado daños a la
salud.
Algunos
países ya están preparando el camino para garantizar una transición
hacia el transporte sostenible. Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá han
trazado
ya estrategias o planes nacionales sobre la materia, mientras
Argentina, México, Paraguay y República Dominicana están formulando los
suyos, según el informe.
Más
de 6.000 nuevos vehículos eléctricos livianos se registraron entre
enero de 2016 y septiembre de 2019 en América Latina y el Caribe, de
acuerdo con el
informe.
La
necesidad de aumentar los puntos de recarga ha generado nuevas ideas de
negocio o servicios. Por ejemplo, los “electrocorredores” que ya pueden
encontrarse
en Brasil, Chile, México y Uruguay permiten a los usuarios extender la
autonomía de sus vehículos gracias a las redes de puntos de recarga
rápida.
Los
negocios de movilidad compartida de bicicletas y monopatines eléctricos
también se están desarrollando en al menos nueve países de la región.
El
desarrollo de la infraestructura para la carga de los vehículos
eléctricos tiene el potencial de fomentar nuevas inversiones y empleos,
los cuales son clave
para los esfuerzos pos-COVID-19.
En
la publicación se llama a los gobiernos a desarrollar una hoja de ruta
clara a mediano y largo plazo que ofrezca certidumbre legal a la
inversión privada
y considere la movilidad sostenible en los planes de ampliación de la
red eléctrica, en línea con los compromisos climáticos suscritos bajo el
Acuerdo de París.
El
Acuerdo de 2015, firmado hasta la fecha por casi 200 países, tiene como
objetivo mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de
los 2 ˚C
por encima de los niveles preindustriales para fines de siglo y
proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la
temperatura a 1,5 ˚C.
El
informe fue elaborado con los insumos de organizaciones de la sociedad
civil agrupadas en la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible
(ALAMOS)
y con la contribución del Centro para la Sostenibilidad Urbana en Costa
Rica.
