Para
fortalecer nuestro sistema tributario, México
requiere un marco normativo moderno que combata eficazmente la
defraudación y la evasión fiscal, sin que paguen justos por
pecadores.
Las
reformas que serán discutidas próximamente en el Senado y que
pretenden clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, deben
establecer claramente los candados que eviten estos delitos, pero
sin incurrir en una legislación desorbitantemente punitiva que cree
una mayor incertidumbre para el país.
Problemática.
En
Coparmex reconocemos la gravedad del problema de la defraudación,
evasión y elusión fiscal. De acuerdo con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), se
calcula que alrededor de 350 mil millones de pesos es el monto anual
de la evasión fiscal a través de facturas falsas.
Este monto equivale a ocho veces el último presupuesto anual de la
UNAM.
Para
los empresarios, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es
fundamental para que nuestro país tenga los medios necesarios para
crecer. Los impuestos son vitales para desarrollar proyectos de
infraestructura, proveer seguridad y crear servicios públicos que
permitan fomentar el capital humano.
Reconocemos
que el problema de la defraudación, evasión y elusión fiscal es
una tarea difícil. El día de hoy, México
tiene la peor recaudación fiscal entre los 36 países miembros de la
OCDE, con 16.2 por ciento del PIB, mientras que países como Francia
o Dinamarca tienen 46.2 y 46 por ciento, respectivamente.
Legislación
punitiva.
A
fin de tratar de resolver este problema, en las próximas semanas, el
Senado pretende discutir iniciativas que buscan tipificar la
defraudación fiscal, así como la expedición y adquisición
de facturas falsas, como delitos de delincuencia
organizada.
Se
busca combatir a las llamadas “empresas fantasmas”, que emiten
comprobantes que permiten deducir operaciones simuladas, aumentando
las penas en prisión a quienes expidan o compren facturas falsas.
En
principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es
una política adecuada. Es prioritario que la autoridad establezca
los candados para frenar a los defraudadores fiscales.
Sin
embargo, no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre
jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de
la aprobación de legislación extremadamente punitiva.
Las
reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus
obligaciones tributarias puntualmente. Preocupa
mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las
empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias. Confundiendo
empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan
operaciones fantasma debido a cuestiones puramente operativas como la
forma en la que se da de alta o baja en el SAT.
Lo
que es aún más grave es que podría haber contribuyentes que, sin
la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y
sentenciados penalmente. Al
ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría
derecho a fianza. E incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal
de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del
contribuyente de forma automática.
Estos
mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y
contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder.
De
esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema
tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada,
que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza
empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más
de un año.
Conclusión.
Debido
a los efectos que esta iniciativa podría ocasionar, no puede ser
votada sin un análisis extenso y consensuado con todo el sector
productivo.
Es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más
problemas y una mayor incertidumbre.
En
principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es
una política adecuada. Sin embargo, estas reformas tan importantes
no pueden ser aprobadas en “fast-track”, como se tiene
contemplado.
Por
el contrario, se deben revisar ampliamente, con el acompañamiento de
especialistas, a fin de que no se acuse de delitos graves a empresas
o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente
inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales.
Hacemos
un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a
privilegiar el diálogo y a construir una legislación acorde con el
país que queremos. Es momento de cerrar los espacios a una mala
interpretación de la ley, con la que los buenos contribuyentes
paguen las consecuencias.
Fuentes:
Tráfico
de facturas será considerado como delincuencia organizada. El
Universal. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/trafico-de-facturas-sera-considerado-como-delincuencia-organizada
