Aquiles Córdova Morán
La persecución política en México,
haciendo un uso pervertido y faccioso de la ley, se está volviendo una práctica
de gobierno cada vez más extendida y desembozada. Todos los ciudadanos
mexicanos no afectos a la 4ª T o, peor aún, opositores declarados de la misma,
estamos en un peligro inminente de ir a parar con nuestros huesos a una
mazmorra, acusados de delitos prefabricados y graves que ameriten muchos años
de cárcel.
Los diputados
morenistas al Congreso de la Unión, cuyo sometimiento irrestricto a la voluntad
del Ejecutivo es algo que ellos mismos pregonan a voz en cuello como timbre de
orgullo, han aprobado leyes que contradicen abiertamente la Constitución
General de la República y son claramente violatorias de varios derechos
fundamentales de los ciudadanos. La cosa es tan seria que, según algunos medios
y articulistas de reconocida solvencia moral e intelectual, esas leyes han dado
lugar a varias controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad
y miles de amparos interpuestos por ciudadanos que se sienten vulnerados en sus
derechos. Esos recursos están en poder de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que deberá decir la última palabra al respecto.
Sin embargo,
quienes tenemos conciencia del peligro, no debemos sentarnos a esperar
simplemente. Creo que es momento ya de unificar a todos los perjudicados,
ofendidos y atropellados por el autoritarismo y las políticas desacertadas de
la 4ª T, para iniciar una lucha conjunta en defensa de la ley y del Estado de
derecho y para demandar, además, acciones eficaces contra las tres grandes
plagas del momento: el desastre económico, el descontrol absoluto de la
pandemia y la inseguridad rampante que amenaza la vida y la seguridad de todos.
Es urgente
denunciar la manipulación que se esconde tras el supuesto combate a la
corrupción; explicarle al pueblo cómo, detrás de esta bandera legítima, se
oculta una auténtica cacería de brujas en contra de los opositores más
representativos del régimen actual; en contra de aquellos de los que recela una
competencia real y peligrosa para su propósito de retener todo el poder en las
elecciones del 2021. Hacerle notar qué significa haber llegado al grado de que,
para conseguir la imputación directa a las cabezas que realmente interesan a la
4ª T, estemos recurriendo a la nefasta práctica de la justicia yanqui del
“testigo protegido” y del “testigo colaborador”, que no son más que eufemismos
para no llamarlos testigos de paga, testigos comprados que, naturalmente,
pueden servir para cualquier cosa, menos para dar certeza jurídica a un
acusado. Alguien con la soga al cuello es capaz de inculpar al Santo Papa, si
se le garantiza con ello su propio pellejo.
Juntémonos todas
las víctimas de la 4ª T, los reales y las potenciales; hagamos de los miles de
arroyos aislados un solo y poderoso torrente que se haga escuchar por el país
entero. Convoquemos, por ejemplo, a todos los que se quedaron sin apoyo con la
desaparición de “Prospera”, “Progresa” y programas similares; a los que se
quedaron sin el seguro popular, es decir, sin ningún apoyo médico; a quienes
perdieron las guarderías infantiles y los comedores comunitarios; a los pueblos
y comunidades sin obra pública; a los ayuntamientos sin participaciones; a los
campesinos que dejaron de recibir fertilizante subsidiado; a las mujeres
víctimas de violencia familiar que perdieron los albergues; a las feministas; a
los padres y madres de niños con cáncer; a los diabéticos que perdieron de
pronto medicina y diálisis gratuitas; a los infectados con VIH que carecen de
retrovirales; a médicos, médicas y trabajadores de la salud en general, sin
protección adecuada y sin recursos para curar a los enfermos graves de Covid-19.
Suma y sigue: a
quienes perdieron el empleo y todo o una parte significativa de su ingreso; a
las micro, medianas y pequeñas empresas que están cerrando por falta de apoyo
gubernamental; a quienes se sienten amenazados por la ley de extinción de dominio;
a los empresarios amenazados de ser tratados como miembros del crimen
organizado por un error en la tributación; a quienes ya se ven tras las rejas
por el abuso de la prisión preventiva oficiosa; a los maestros y maestras sin
plaza y con legítimo derecho a ella, a los abogados amenazados y perseguidos
por ejercer su oficio en defensa de “enemigos” del gobierno; a quienes se les
ha obligado a ganar menos que el presidente o a quienes han sufrido severos
recortes a su salario; a quienes buscan en vano justicia y protección contra el
crimen organizado; a los obreros que reclaman mejores salarios, prestaciones y
verdadera libertad sindical, y no solo cambio del charro en turno. Y agréguele
usted los que tenga en mente.
Especial
importancia merecen los medios y los periodistas injuriados y amenazados por
sus críticas a la 4ª T. También a ellos los debemos convocar a la unidad
nacional por la justicia y la ley. Ellos saben mejor cuánto se está agudizando
y poniendo en evidencia la represión y la persecución política ante la
proximidad de las elecciones de 2021; saben que los morenistas tienen miedo de
perder el poder por culpa de sus terribles errores, y por eso están echando
mano de todo tipo de distractores y del terrorismo político para distraer la
atención del público. Circo en abundancia, pero en lugar de pan, garrote vil.
Hay que golpear con mano firme a los “enemigos” para someterlos o refundirlos
en la cárcel de una vez por todas.
El pretexto del
combate a la corrupción es muy eficaz y difícil de desenmascarar. Es eficaz
porque el pueblo odia la corrupción y aplaude el castigo severo a los
corruptos; y es difícil de desenmascarar porque nadie defiende a un acusado de
corrupción, aunque lo sepa inocente, por temor a que lo acusen de cómplice.
Así, todos contribuimos con nuestro silencio al éxito de la maniobra oficial. Y
esto es particularmente relevante en el caso de los medios. Me llama la
atención la facilidad con que caen en contradicciones obvias de las que parecen
no darse cuenta. Por ejemplo, son ellos los que denuncian el carácter ilegal de
las llamadas “filtraciones” porque, dicen, viola la secrecía de la
investigación y lesiona gravemente el derecho al debido proceso. La filtración
incita intencionalmente el linchamiento público del acusado para condenarlo
antes que la ley, e impide a los jueces, por eso, dictar libremente la
sentencia que a su juicio corresponda. Resulta difícil y peligroso, en tiempos
de dictadura, contradecir el veredicto
popular.
Todo esto es
absolutamente cierto, y por eso sorprende más que sean esos mismos medios los
que se apresuren a recoger y a difundir diligentemente la filtración, que saben
que es siempre ilegal aunque sea cierta. ¿Tanta es la ambición por ganar la
primicia o las ocho columnas? ¿No sería esperable, por elemental sindéresis,
que él o los medios que reciben la filtración se negaran a publicarla en tanto
no dé la cara el responsable de la misma?
La segunda
contradicción que registro es que, estando claros los medios y los buenos
periodistas del terrible e irreparable daño (moral, material y social) que
causa el linchamiento mediático, no se den cuenta (o finjan no darse cuenta) de
que son ellos los que, al difundir alegremente las filtraciones, ponen en manos
del público, ávido de castigo a los perpetradores de delitos particularmente
odiosos, las armas indispensables para el linchamiento moral del imputado.
Parecen rechazar simplemente su responsabilidad; pero ese rechazo no es
suficiente para librarlos de culpa.
La tercera
contradicción es la afición casi deportiva de muchos columnistas a completar
con sus propias acusaciones las contenidas en la filtración; es decir, su gusto
por reforzarla sumándole sus propias aportaciones y sellar con ello la suerte
del acusado. Y lo más sorprendente es que ellos tampoco aportan pruebas
fehacientes (salvo casos raros en que citan documentos o fuentes verificables)
de sus dichos. En no pocas ocasiones, además, son los mismos medios y
columnistas los que se responsabilizan de la acusación. Con igual frescura e
insensibilidad que el gobierno, se arrogan el papel de fiscal, juez y verdugo
con el único respaldo de una “fuente de muy alto nivel”, “personas muy
cercanas” a tal o cual funcionario o testigos confiables “que pidieron el
anonimato”. Eso, como lo entiende cualquiera, no demuestra absolutamente nada.
La cuarta y última
contradicción es la dureza, la frialdad y la total falta de humanismo que
muestran medios y periodistas ante el trato brutal a un acusado. No parecen
conmoverse por nada; no parecen preocuparse porque un “delincuente”, un ser
humano, al fin y al cabo, sea maltratado como una bestia inmunda. Los
periodistas parecen incapaces de meterse, siquiera por un segundo, en el
pellejo de la víctima, o de imaginar que algún día ellos mismos pueden hallarse
en una situación parecida. Una deshumanización que procede del sentimiento de
invulnerabilidad que les garantizan los poderes públicos para tenerlos de su
lado. De ahí su debilidad para ejercer la crítica profunda y consecuente del
régimen establecido.
Medios y periodistas
actúan como modernas Penélopes: en un día destejen lo que han tejido antes con
trabajo y esfuerzo. Su correcta y puntual denuncia de los vicios y los abusos
de poder queda anulada con la difusión que hacen de las filtraciones ilegales;
con las acusaciones sin pruebas que añaden a las del gobierno; y cuando se
ponen a gritar a coro con el público asistente al circo: “¡sangre, queremos
sangre!” de condenados. Y yo me pregunto: ¿qué pasaría si lográsemos unirnos
todos los hombres y mujeres buenos de este país con los medios y periodistas
más poderosos e influyentes en defensa de la ley, el derecho y la justicia?
¿Qué maravilla de país seríamos capaces de construir entre todos? ¿Un sueño de
tontos?
