- Funcionarios desviaron 9 millones de pesos del erario.
- Pidieron 6 millones de pesos a cambio de pagar los 9 mdp.
- Comprometieron servicios de internet y telefonía digital a la comunidad del IPN.
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) investigan
una presunta acción fraudulenta en perjuicio de los derechos de la
comunidad el Instituto Politécnico Nacional (IPN),en traería de
conectividad en internet y telefonía digital.
Se trata de una supuesta compra simulada, donde autoridades de esta
institución desviaron 9 millones de pesos del erario en contra de las
empresas Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI) y Banana
Technologies Group.
A decir de la autoridad ministerial, funcionarios de la dirección
general de Cómputo y de Comunicaciones del IPN exigieron, en
contubernio, con una tercera empresa, empresa Telecomunicaciones VG y
Asociados, 6 millones de pesos a cambio de pagar 9 millones 257 mil
pesos que se adeudan a las primeras dos firmas.
Los particulares fueron requeridos, a través de una licitación
pública y tras ganarla, se emitió el contrato IPN-PS-LICI-020-2021,
documento que funcionarios de la institución, dirigida por Arturo Reyes
Sandoval, se negaron firmarlo, sin antes pactar con particulares por una
comisión que equivale a una tercera parte del monto total, es decir,
una comisión de 6 millones de pesos.
Los empresarios afectados se negaron a signar dicha "comisión",
realizaron los trabajos comprometidos con el IPN y desde el lo pasado
esperan a que la institución cumpla con el pago pactado, sin embargo,
ante la falta de firmas en el contrato, la institución se ha negado
liquidar el pago de los servicios.
Ante esta negativa y habiendo comprometido los servicios de
comunicación en materia de internet y telefonía digital de la
institución, la comunidad politécnica ha solicitado a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se respeten sus garantías en
materia de "conectividad digital" y derechos a la educación.
Por su parte, las dos empresas afectadas decidieron presentar
denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), el
órgano interno de control del IPN; la Secretaría de la Función Pública
(SFP); y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para
invocar su derecho a que el Estado mexicano cumpla con la garantía de
trabajo y bien remunerado.
Ante la falta de firma en el contrario de los funcionarios del IPN,
autoridades de la FGR y de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México (Pgjcdmx) ya realiza las investigaciones ministeriales
ante el presunto delito de uso indebido del ejercicio público y daños y
perjuicios en contra de la comunidad politécnica y de las empresas.
La carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000816/2021 de la
FGR, menciona que los funcionarios de Cómputo y Comunicaciones del IPN,
particularmente Francisco Javier Hernández Betancourt –jefe de
división–, están acusados de pedir dinero a PSI y Banana Technologies a
cambio de cubrir el adeudo de nueve millones de pesos por trabajos ya
realizados.
La indagatoria resalta que Gilberto Reyes, uno de los
representantes de Telecomunicaciones VG, se identificó como primo del
director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes, por
lo que "debería acceder a la solicitud del cobro de dicha comisión de 6
millones de pesos, para lograr obtener su pago de 9 millones de pesos.
Aun cuando autoridades del IPN permitieron que las empresas
ganadoras del contrato siguieran laborando en la mayor parte de las
instalaciones del IPN acordadas en el contrato, en otras, se les negó el
acceso como medida de presión, por lo que los servicios digitales en la
institución quedaron comprometidos.
Las empresas PSI y Banana continuaron laborando para Evitar que les
fincaran responsabilidades por incumplimiento, sin embargo, en la parte
final, fueron rechazados, incluso para ingresar a las instalaciones del
IPN, donde operan estudiantes de nivel
medio superior, superior, postgrado e investigadores.
Con base en la denuncia que se presentó en la FGR, el Ministerio
Público de la Federación de la Fiscalía Especializada en Materia de
Combate a la Corrupción giró el 21 de enero de 2022 un oficio a Federico
Anaya Gallardo, abogado general del IPN para que presentara informes de
manera urgente sobre el contrato IPN-PS-LICI-2021 y la licitación
LA-011800001-E158-2021, como parte de la investigación por presuntas
irregularidades por parte de funcionarios del instituto.
Más aún, las empresas afectadas han solicitado la intervención
inmediata del Poder de la Judicatura de la Federación (PJF) al invocar
un amparo a fin de que los responsables eviten evadir la acción de la
justicia y los afectados logren recibir de manera inmediata los recursos
económicos comprometidos.
Los afectados interpusieron un juicio de amparo que tocó conocer a
Dinorah Hernández Jiménez, jueza noveno de distrito en materia
administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional el 4 de
abril de 2022 sin sentencia.
