En
un nuevo informe especial COVID-19, la CEPAL propone cinco medidas de
política para afrontar los retos que plantea la agenda de financiamiento
para
el desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
(11 de marzo, 2021)
La pandemia de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) ha magnificado las brechas estructurales de los países de la
región, al tiempo que ha ampliado sus necesidades financieras para
afrontar la emergencia y ha generado un aumento de los niveles de
endeudamiento que pone en peligro la recuperación y
la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible y con
igualdad, afirmó hoy la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
Durante
una reunión virtual con los países de América Latina y el Caribe
miembros de la CEPAL, la Secretaria Ejecutiva del organismo de las
Naciones Unidas, Alicia
Bárcena, presentó el Informe especial COVID-19 N⁰ 10 de la institución,
titulado
Financiamiento
para el desarrollo
en la era de la pandemia de COVID-19 y después: Prioridades de América
Latina y el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de
financiamiento para el desarrollo,
el cual propone cinco
medidas de política para afrontar los retos que plantea la agenda de
financiamiento para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo,
y pone énfasis en iniciativas que se podrían emprender para construir
un futuro mejor.
“En todos
los países de la región,
sin excepción,
la situación
fiscal se
ha deteriorado
y el
nivel de
endeudamiento del
gobierno general
ha aumentado, y se
espera que
dicho endeudamiento
se incremente
del 68,9%
al 79,3%
del PIB
entre 2019
y 2020
a nivel
regional, lo
que convierte
a América
Latina y
el Caribe
en la
región más
endeudada del
mundo en
desarrollo y
la que
tiene el mayor
servicio de
deuda externa
en relación
con las
exportaciones de
bienes y
servicios (57%)”, afirmó Alicia Bárcena durante la presentación del documento.
La
Secretaria Bárcena añadió que la brecha de financiamiento del sector
público se agrava por la necesidad de apoyar la balanza de pagos, sobre
todo en las economías
más pequeñas de la región, debido a las interrupciones de la cadena de
suministro y a la disminución de las exportaciones, en particular de la
exportación de servicios (turismo). De 2019 a 2020, el déficit en cuenta
corriente pasó del 1,4% al 4,5% del PIB
en el istmo centroamericano y del 4,8% al 17,2% del PIB en el Caribe.
Además, en la región habrá una importante caída de la inversión
extranjera directa que será de entre el 45% y el 55%, aproximadamente,
en el mismo período.
El
informe indica que las necesidades globales de financiamiento de los
países en desarrollo ascienden a 2,5 billones, lo que supera la
capacidad de préstamo del Fondo
Monetario Internacional (FMI). En el caso de nuestra región el FMI ha
puesto a disposición de 21 países de América Latina y el Caribe la mayor
parte de sus préstamos de emergencia relacionados con el COVID-19. En
enero de 2021, dicha institución había destinado
unos 66.500 millones de dólares a América Latina y el Caribe, lo que
representaba un 63% del desembolso total (106.000 millones de dólares)
que había destinado a 85 economías en desarrollo.
Los
datos disponibles de los países de América Latina y el Caribe señalan
que el financiamiento que el FMI otorgó en el marco de sus programas
Instrumento de Financiamiento
Rápido y el Servicio de Crédito Rápido solo cubrió el 32,3% y el 23,1%
en promedio, respectivamente, de las necesidades de financiamiento
internas y externas que los países tenían en 2020. Esto equivalía al
0,8% y al 2,1% del PIB, y al 6,5% y al 8,0% de las
reservas internacionales, respectivamente.
Sin
embargo, estos instrumentos financieros no benefician a todos los
países por igual. Los que tienen sólidos fundamentos económicos, como
Chile, Colombia y el Perú,
pueden acceder al financiamiento sin límites de cuota. No obstante,
esta no es una opción que esté disponible para la mayoría de los países,
en particular para los pequeños estados insulares del Caribe.
El
informe afirma que, en el contexto actual de la pandemia, la agenda de
financiamiento para el desarrollo plantea dos retos interrelacionados. A
corto plazo, se
debe favorecer la expansión del gasto público y prestar una atención
especial a los grupos vulnerables, en particular a los segmentos de
ingresos bajos y a las personas mayores. Además, las políticas de
financiamiento para el desarrollo a corto plazo también
son necesarias para compensar los efectos perjudiciales que las
políticas de contención -basadas en el distanciamiento físico y el
aislamiento voluntario- tienen sobre la actividad económica, el tejido y
la estructura productiva, y el empleo.
Esto
supone sostener el consumo de las personas y las familias, para lo que
es necesario adoptar medidas excepcionales transitorias de mantenimiento
del ingreso, como
una renta básica temporal garantizada por el Estado.
A
mediano y largo plazo, a medida que la prioridad de las políticas pase a
ser construir un futuro mejor en lugar de hacer frente a la urgencia,
el programa de financiamiento
para el desarrollo debe promover una orientación de política
anticíclica que tenga por objeto aumentar el empleo y mantener un
crecimiento adecuado. En este contexto, la ampliación de los gastos
públicos de capital y los desembolsos destinados a la transformación
productiva y la ecologización de la economía son fundamentales para
impulsar la labor de recuperación.
El informe
Prioridades de América Latina y
el Caribe en la agenda de políticas mundial en materia de financiamiento para el desarrollo
propone cinco medidas de política para afrontar ambos retos.
Una primera medida
de política consiste en la ampliación
y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia
los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos
Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Una
emisión y asignación hipotética de 500.000 millones
de DEG nuevos, representaría 56.000 millones de dólares de reservas
internacionales adicionales para las economías de América Latina y el
Caribe.
La redistribución de la liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales, como el
Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE)
propuesto por el Gobierno de Costa Rica. El FACE se financiaría con
recursos de las economías desarrolladas canalizados a través de los
bancos multilaterales de desarrollo y constaría de 516.000 millones de
dólares (un 3% del PIB de los países de ingreso bajo
y medio o el 0,7% del PIB de los países desarrollados).
Una segunda medida
de política se centra en el fortalecimiento
de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y
respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y
nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de
desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación
y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales
y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido actores
clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente a
93.000 millones de dólares de apoyo financiero
contra el COVID-19.
Una tercera medida
de política consiste en el acceso a
un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma
institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya
la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la
deuda soberana y de una agencia multilateral
de calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de
la Deuda (DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su
alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el
sector privado y las instituciones multilaterales)
y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá
de 2021.
Una cuarta medida
de política consiste en proporcionar
a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a
aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento
excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de
reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad
a las catástrofes naturales (como en el caso de las cláusulas sobre
huracanes) o a los altibajos del ciclo económico (como los bonos de
contingencia vinculados a los ingresos o al Estado).
Como quinta medida
de política, se propone integrar las
medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de
financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro
mejor. La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad
para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo
de los países de renta media, sino también como una ocasión para
alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar
reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción
sostenible e igualitario.
Asimismo,
los esfuerzos de recuperación deben centrarse en fomentar la
resiliencia. El Fondo de Resiliencia del Caribe se dedicará a atraer
financiamiento a gran escala
y de bajo costo para destinarlo a invertir en sectores verdes, a
reducir la deuda mediante el canje de esta por adaptación al clima, y a
apoyar la inversión en proyectos que fomenten la resiliencia. Además de
atraer financiamiento en condiciones favorables
y otras fuentes de financiamiento, el Fondo de Resiliencia del Caribe
se financiaría mediante una reducción de la deuda que representa el
12,2% del total de la deuda pública de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (PEID) del Caribe, que asciende a
solo 7.000 millones de dólares.
El
documento subraya que la orientación de las políticas de los países de
América Latina y el Caribe también es fundamental a los efectos de
construir un futuro mejor.
“El
margen para aplicar políticas se puede aumentar si se eliminan la
elusión y la evasión fiscales, y se hace caer el peso de la tributación
en los impuestos directos
y los que gravan la propiedad y el patrimonio. También se debe
reorientar el gasto público hacia la creación de empleo y las
actividades que son transformadoras y ambientalmente sostenibles. Para
ello, en dicho gasto se deben priorizar la inversión pública,
el ingreso básico, la protección social universal, el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión digital y el
desarrollo de tecnologías verdes”, concluye.
Más información:
Presentación de Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
