En los últimos
años, varias instituciones del Estado Mexicano se han transformado
en órganos constitucionales o legalmente autónomos.
Estos órganos,
gozan de independencia técnica y de gestión, lo que supone que
tengan garantizada su solvencia, sin depender de negociaciones
políticas.
Dotar de autonomía
constitucional o legal a algunas instituciones ha resultado
claramente benéfico para el País.
Con ello, se ha
garantizado que funciones clave a cargo del sector público, como la
política monetaria, la estadística nacional, el servicio de
educación superior o la organización de las elecciones, por citar
algunos casos no sean influenciados por la coyuntura política, ni
cooptados por grupos de interés.
El traslado de
facultades que antes dependían en forma primordial del Poder
Ejecutivo hacia entidades autónomas y especializadas, representa un
claro avance en la democracia, que permite la consolidación del
sistema de pesos y contrapesos y fortalece en base a equilibrios, la
división de poderes.
Es importante
reflexionar sobre los beneficios que ha implicado para el País la
conformación de órganos constitucionales y legales autónomos, para
el funcionamiento de las tareas del Estado.
La operación de
estas entidades, por su particular estatuto legal, a generado también
algunos excesos y desviaciones, que han valido criticas de los
expertos y de la población en general.
Beneficios de las
autonomías
Recientemente el
INEGI cumplió diez años de gozar de autonomía constitucional. Es
un buen ejemplo de los beneficios de la evolución institucional.
La imparcialidad
derivada de su autonomía, ha permitido que el INEGI se consolidara
como una de las instituciones más confiables del Estado Mexicano.
Hoy se tiene certeza de que la información estadística que produce,
depende estrictamente de criterios técnicos y que nunca está
subordinada a intereses políticos.
Si bien la autonomía
de la mayoría de los órganos constitucionales se ha consolidado en
las últimas décadas, su historia no se limita sólo al pasado
reciente. El ejemplo más emblemático es la autonomía de la UNAM.
Desde la década de
los años veinte del siglo pasado, existió la preocupación de tener
una institución de educación superior autónoma, para garantizar la
libertad de cátedra y que el apego científico y humanista fuera el
marco de sus planes de estudio.
Con la autonomía
universitaria no solamente se protegió la labor de los docentes y la
enseñanza de los estudiantes, sino también se benefició a la
sociedad a través de la generación de investigación y la
transmisión libre e independiente del conocimiento.
El caso de la UNAM,
fue base para que la gran mayoría de las universidades estatales,
cuenten hoy en día, con un estatuto similar.
Otro órgano cuya
autonomía ha sido fundamental para el país es el Banco de México.
En los años setentas se puso en evidencia, el riesgo de que el Poder
Ejecutivo interviniera en la política monetaria. Con la emisión de
una nueva Ley Orgánica, en las décadas iniciadas entre 1980 y 1990,
el mandato primario del banco central quedó claramente instituido
(“procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda
nacional”), lo cual permitió imponer límites al crédito que la
institución central podía prestar al gobierno federal y desde luego
puso freno también a la expansión monetaria.
Desde entonces, el
País ha gozado de una política monetaria responsable, mayor control
de la inflación y un mejor desempeño en entornos críticos, tales
como la recesión del 2008.
Finalmente, cabe
destacar los beneficios de la autonomía en el ámbito electoral,
cuyo instituto opera desde 1996.
El esquema planteado
por la reforma ese año fue determinante para que se construyese el
sistema electoral que sentó las bases de certeza, especialidad e
imparcialidad en la función electoral, que permitieron
paulatinamente la alternancia.
A tres décadas de
distancia, la autonomía del INE ha dado al Estado Mexicano la
posibilidad de contar con elecciones confiables y creíbles,
organizadas profesionalmente.
Las autonomías
constitucionales y legales se han logrado también en materias
especializadas como las que son propias del mandato del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE), que atienden y regulan temas
críticos para el desarrollo del País.
Lo mismo ocurre con
instituciones cuya autonomía es esencial para el desempeño de sus
funciones, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos (INAI).
Retos de las
autonomías
La autonomía de una
institución, se ve fortalecida o disminuida, a partir de la
idoneidad de las personas que las encabezan y de la existencia de un
servicio profesional de carrera en las mismas.
Por ello es
fundamental, que en los procesos de designación de sus titulares, el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, privilegien las capacidades,
trayectoria y prestigio público de las personas que se designen para
integrar sus órganos de gobierno.
Los Partidos
Políticos y sus grupos parlamentarios en el Congreso, están
llamados a evitar que se mantengan las prácticas de reparto de
cuotas en las designaciones que se llevan a cabo, y que pretenden
generar sumisiones permanentes de las personas que se eligen, a
partir de su apoyo en los procesos de nombramiento o ratificación.
En complemento a
ello, debe fortalecerse el servicio de carrera, garantizando el
desarrollo de capacidades, estabilidad y adecuada remuneración de
los funcionarios que pertenecen al mismo.
El carácter
apartidista de las nominaciones, debe estar acompañado, de la
erradicación de la práctica consistente en que los integrantes de
dichos órganos, sean postulados por los Partidos Políticos a
puestos de elección popular u otras tareas de gobierno, con
dependencia directa del Poder Ejecutivo, sin haber concluido su
encargo o en forma inmediata posterior a ello, para ocupar
candidaturas a puestos de elección popular.
Las instituciones
autónomas, están llamadas a constituirse en baluartes de la
eficiencia, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
Muchas de las
críticas y escepticismos ligados a la operación de las entidades
autónomas, están ligadas a los casos recurrentes de falta de
productividad, dispendios, opacidad y ausencia de mecanismos de
rendición de cuentas que en algunos momentos se han observado en la
actuación de algunas de estas entidades.
El estatuto jurídico
particular de las instituciones autónomas y sus titulares, en ningún
caso debe ser reducto de conductas contrarias al eficaz cumplimiento
del mandato de dichas entidades.
El Estado Mexicano
tiene el reto de instituir como instituciones autónomas, aquellas
dependencias o entidades, donde la evidencia ha demostrado, a lo
largo de los años, que la dependencia jerárquica del Poder
Ejecutivo o del Poder Legislativo han sido inhibidores del
cumplimiento de sus fines.
También está el
desafío de identificar, aquellas tareas que por su relevancia para
el Estado, y las bondades manifiestas de la autonomía, deberían de
gozar de autonomía constitucional o legal.
Sin duda, la
Fiscalía General de la República, representa uno de los casos que
por la gravedad de su mandato, y la degradación de la institución
que hoy tiene a su cargo la procuración de justicia, debería de ser
instituido como una institución autónoma.
En materia
financiera, la conformación de un Consejo Fiscal Independiente,
dotado de autonomía legal, puede generar certidumbre en funciones
asociadas al equilibrio presupuestario, la pertinencia del gasto
público, el endeudamiento del gobierno y la construcción de las
grandes obras de infraestructura en el país.
De forma similar,
una entidad que tenga a su cargo la conducción de la política de
Estado en materia de remuneraciones, debería de sustituir con un
mandato ampliado y autonomía legal, las tareas hoy encomendadas a la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
En las últimas
décadas, hemos dado enormes pasos hacia el fortalecimiento del
sistema de pesos y contrapesos, que es un pilar del régimen
democrático y la división de poderes, al dotar a más instituciones
de una autonomía constitucional y legal.
En Coparmex
confiamos que durante el próximo sexenio, se fortalecerá la
autonomía de las instituciones dotadas de esta calidad, y esperamos
se tenga especial cuidado, en la pertinencia de las designaciones que
se realicen de los titulares de las mismas.
Hacemos un llamado,
para que con la debida valoración, se transite a la autonomía
institucional, en aquellas entidades y funciones, que la evidencia
internacional o doméstica claramente la recomienda.
Fortalecer la
democracia, a través del diseño, evaluación y fortalecimiento de
las instituciones autónomas, para que cumplan eficazmente su
mandato, es una responsabilidad compartida de gobierno, de los
partidos y de la sociedad.
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