El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) expresa su gran preocupación por las consecuencias económicas y financieras que implican la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, la aprobación de la Reforma Judicial tal y como se encuentra planteada, así como la eliminación de los órganos autónomos en México.
La sobrerrepresentación traería, entre otras consecuencias, la posible concentración de poder y el debilitamiento del equilibrio de poderes. En cualquier democracia lo deseable es la existencia de pesos y contrapesos para mantener un sistema democrático equilibrado, justo y transparente donde el poder esté distribuido de manera que se protejan los derechos de todos los ciudadanos.
La reforma al Poder Judicial –que incluye, entre otros temas, reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la elección de los jueces por voto popular– disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, así como a la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que los jueces pudieran enfrentar presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad.
Por lo tanto, se requiere que esta reforma, cuando menos, garantice:
• Un Poder Judicial con todas las garantías de imparcialidad e independencia, por medio de un proceso de nombramientos adecuado, libre de presiones externas donde los perfiles profesionales más competentes prevalezcan con estabilidad en su encargo.
• Un sistema de justicia capaz de resolver conflictos, que sancione a quienes cometan delitos y garantice protección a la persona frente al Estado.
• Un sistema que atienda las causas de la baja efectividad de la justicia y la lucha contra la impunidad, considerando a todas las instituciones que integran el sistema de justicia y no solo a los poderes judiciales.
• Certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse frente a actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados que vulneren sus derechos.
• Seguridad para los inversionistas de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.
La eliminación de los órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tendría graves consecuencias para la economía y la confianza de los inversionistas, porque se dejaría de contar con organismos técnicos especializados necesarios para evitar la intervención gubernamental sesgada que altere decisiones técnicas de libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano.
De llevarse a cabo las reformas constitucionales tal y como están planteadas y tener una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, México tendría que enfrentarse a un escenario económico, financiero y de negocios adverso porque:
· Se debilitaría la confianza en las instituciones y en la seguridad jurídica, lo que generaría un ambiente de pérdida de confianza para los inversionistas.
· Habría un entorno desfavorable para la competencia y la innovación que podría ocasionar pérdida de competitividad en los mercados internacionales.
· Podría ocasionar incertidumbre en los mercados financieros y disminuir la posibilidad de que llegue nueva inversión extranjera directa, con las siguientes consecuencias:
Ø Incremento de los riesgos financieros de las empresas y del país, lo que impactaría en la estabilidad y crecimiento económico.
Ø La posibilidad de perder el grado de inversión, propiciando una mayor volatilidad en el tipo de cambio y dificultades en la capacidad de financiamiento, tanto del país como de sus empresas, al aumentar la tasa de interés y reducir los plazos de financiamiento de manera importante.
· La desaparición de órganos autónomos como la COFECE, IFT y la CRE generaría un aumento en los costos de transacción y una disminución en la eficiencia económica.
Lo anterior reduciría o eliminaría la oportunidad que representa el nearshoring al frenar o retrasar las inversiones que requiere México para crecer por arriba del 2% del PIB, que en promedio es lo que ha crecido en el presente siglo.
Se debe tener presente que al cierre de 2024 las finanzas públicas presentarán un déficit de aproximadamente 5.9%, que traerá como consecuencia un margen de maniobra limitado en el presupuesto de 2025 y en los siguientes años; por lo tanto, se requiere de la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico.
Por lo anterior, el IMEF insta al Congreso de la Unión a reconsiderar los temas expuestos en el planteamiento de la Reforma Judicial y mantener la autonomía e independencia de los órganos autónomos para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones para fomentar la inversión y el crecimiento económico.
Es importante que se tomen las medidas para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia, la rendición de cuentas, así como la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano para asegurar la estabilidad y crecimiento económico que permita contribuir a disminuir la desigualdad y pobreza.
Consejo Directivo Nacional
Ciudad de México a 20 de agosto de 2024
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