CDMX, siete de abril de 2024.- El Organo de Control del Aeropuerto
de la Ciudad de México está obligado a cumplir con su misión de mostrarle al
nuevo director la terminal aérea, José Ramón Rivera Parga, las múltiples
anomalías que prevalecen en perjuicio de los permisionarios del servicio de transporte
de taxis en el AICM, en especial las que se cometen para beneficiar a la empresa
SPASA, propiedad del exdirector del Aeropuerto, Carlos Ignacio Velázquez
Tiscareño.
Permisionarios del servicio de taxis del aeropuerto capitalino,
han denunciado las múltiples ocasiones de corrupción para beneficiar a esta
empresa, con acciones como:
·
La asignación, sin el cumplimiento de requisitos, de seis puntos
de venta para dicha empresa por parte de la Dirección Jurídica del Aeropuerto.
·
SPASA no cumple con una adecuada facturación, con un proyecto
ejecutivo, con un proyecto de servicio, con garantías de cumplimiento de
arrendamiento, con seguro de responsabilidad civil, incluso no existe una
contratación para esta empresa boletera dentro del catálogo de contratación del
Comité Interno de Contratación, Tarifas y Crédito de los Servicios Aeroportuarios,
Complementarios y Comerciales (COCOSA).
·
José Luis Martínez Colina, director jurídico del aeropuerto, ha defendido
a SPASA con una lista de asistencia de 220 permisionarios, que evidentemente no
firmaron, para que a la empresa le asignaran dichos puntos de venta, mismos que
le quitaron a Sitio 300, porque supuestamente cajeras no tenían la Tarjeta de
Identificación Aeroportuaria.
A SPASA le otorgaron dichas Tarjetas 15 días antes que le dieron
su contrato para puntos de venta, sin fundar ni motivar, es decir “sin pasar
por la COCOSA” y 15 días después de la fecha del contrato elaboraron un
comunicado donde imponen a SPASA a todos los permisionarios de Sitio 300, por
lo cual SPASA incluso sería el cobrador de una deuda que “le inventaron” a Sitio
300.
Sobre este punto, los permisionarios denuncian que dicha deuda por
cobrar no está fundamentada en el contrato de los permisionarios de Sitio 300 y
menos los intereses moratorios del 75% que quieren cobrarles.
Al respeto, añaden que José Luis Martínez Colina y Mario Sánchez
Becerra reconocieron en una confesional que los permisionarios de Sitio 300 no
deben, y sin pruebas de la deuda dieron paso a una demanda contra los directivos
de Sitio 300.
Los permisionarios describen que el “modus operandi” de todo lo anterior
da inicio con Rebeca Cruz Martínez, asesora jurídica de Transportación Terrestre,
quien proporciona toda la información necesaria de otras empresas para “arropar”
a SPASA.
Posteriormente Gustavo Arce Landa, asesor jurídico, desarrolla
toda la fundamentación y motivación legal para que SPASA obtenga la mejor
calificación ante Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y Supervisión
de Transportación Terrestre.
Sonia López Gallegos, Rebeca Cruz Martínez y Gustavo Arce Landa,
se encargan de ocultar la información para que ninguna empresa ni permisionario
se enteren de estas acciones, al tiempo de impedir la prestación del servicio
de las unidades que les conviene parar al quitarles el tarjetón a sus
operadores, documento que les permitiría trabajar.
Finalmente, los permisionarios denuncian que las autoridades del
aeropuerto han llegado al grado de amenazar a las empresas que han querido
apoyar a Sitio 300 de imponerles igualmente a SPASA, empresa propiedad de Velázquez
Tiscareño y sus socios José Luis Martínez Colina, director jurídico; Mario
Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y Supervisión de Transportación
Terrestre, así como de Rebeca Cruz Martínez y Gustavo Arce Landa.
Por todo lo anterior, los permisionarios
hacen un llamado urgente al Órgano de Control del Aeropuerto de la CDMX, para
que revise con objetividad y honestidad estos casos y haga informes fidedignos
que ayuden a terminar con todas estas arbitrariedades que se han cometido en
contra de ellos desde hace varios años.
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