Requieren estados mayor espacio fiscal para atender necesidades locales

 - Necesaria una nueva coordinación fiscal para atender demandas en educación, salud, seguridad, infraestructura y pensiones. - Recaudación verde y prediales medidas para fortalecer las haciendas locales. - Cuentan los estados con 8 mil 633 pesos por persona al año para implementar nuevas políticas. Ciudad de México – 22 de junio de 2022 - Los recursos financieros que reciben las entidades federativas requieren fortalecerse ya que actualmente se encuentran limitados para aplicar nueva política pública ante necesidades emergentes. El 82.7 por ciento de los recursos de las entidades provienen de transferencias de la federación y el 44 por ciento tiene un destino específico. La atención a nuevos problemas de seguridad, salud, educación e infraestructura ha quedado rezagada por el limitado espacio fiscal de los estados. Los recursos disponibles para la creación de política pública de coyuntura en las entidades federativas, que en promedio son 8 mil 633 pesos por persona anualmente, disminuyeron en promedio 27.5 por ciento de 2018 a 2022. De acuerdo con el reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), «Finanzas Públicas Locales: hacia una nueva coordinación fiscal», las finanzas públicas locales son altamente dependientes de los recursos de la Federación. Ante las necesidades de financiamiento, ya que sólo el 14% de sus recursos proviene de la recaudación propia, algunos gobiernos locales han recurrido a la deuda interna para balancear los montos que reciben. Sin embargo, estos recursos deben ser recaudados y pagados en el futuro a un mayor costo debido a los intereses. El reporte refleja algunas áreas de oportunidad en el financiamiento de la salud, educación seguridad, infraestructura y pensiones en los estados. Entre otros hallazgos, resulta que ocho de cada diez personas que tuvieron alguna necesidad de salud y que no contaban con afiliación a las instituciones de seguridad social no recibieron atención en los sistemas estatales de salud. Por lo tanto, se requiere 1.1 por ciento del PIB para la cobertura universal en salud de las personas sin afiliación Instituciones de Seguridad Social. En materia educativa es necesaria una inversión adicional de al menos 5.1 por ciento del PIB para cerrar la brecha de cobertura en educación. Los estados reservan a esta área entre 21.2 y 44.8 por ciento de su gasto. Baja California es el estado que menos presupuesto destina a este rubro; contrasta Hidalgo quien mayor monto destina. Los recursos destinados a las entidades federativas para seguridad se redujeron en 57.7 por ciento entre 2013 y 2022, principalmente por la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). En contraste, los actos delictivos no disminuyeron. La inversión pública en infraestructura en las entidades federativas se define principalmente por la Federación. El 78.9 por ciento del gasto en inversión pública proviene del gobierno federal, mientras que solo el 21.1 por ciento de los estados. En 2022 el 45.5 por ciento se destinó a Campeche, 28.9 a Tabasco, 4.7 a la Ciudad de México, mientras que Tlaxcala solo recibió 0.05 por ciento, Zacatecas y Aguascalientes, 0.14 y 0.37 por ciento, respectivamente. Los estados gastan el doble de lo que reportan en pensiones. Se estima que el gasto en 2021 fue de 38 mil millones de pesos, superior a los 19 mil millones reportados en la cuenta pública de las entidades. En al menos 22 estados de la República es posible jubilarse y recibir el mismo monto de su último salario como pensión. Para acceder a estas jubilaciones deben tener entre 50 a 65 años de edad, aunque existen gobiernos estatales y municipales donde el único requisito es haber trabajado entre 20 y 35 años. La recaudación verde y de prediales son medidas para fortalecer las haciendas locales. Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas cuentan con legislaciones en impuestos verdes, lo que representa una recaudación promedio de 32.4 pesos por persona al año. Por otro lado, los gobiernos estatales podrían aumentar su presupuesto en 74 mil millones de pesos a través del cobro por tenencia. El fortalecimiento de la recaudación local debe ir aparejado de más y mejores bienes y servicios públicos. El CIEP pone a disposición de la ciudadanía este reporte de libre acceso para contribuir al debate público en pro de un sistema fiscal sostenible en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Para mayor información: Consulta el documento en: https://finanzaslocales.ciep.mx Contacto de prensa: prensa@ciep.mx : 5562364655 SOBRE EL CIEP Somos un centro de investigación de la sociedad civil sin fines de lucro y apartidista, que desde el 2010 contribuye a la comprensión de la economía y finanzas públicas en México, mediante herramientas y análisis accesibles y técnicamente sólidos, para mejorar las políticas públicas, lograr una sociedad más informada y participativa, y construir un sistema fiscal sostenible e incluyente en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Estamos convencidos de necesitamos políticas públicas informadas en evidencia y que un ciudadano informado es un ciudadano con poder, que a través del conocimiento se puede generar cambios en la realidad nacional, al hacer valer su ciudadanía e impulsar un mejor manejo de los recursos para mejorar la vida de todas las personas. Nuestro campo de investigación se circunscribe a las siguientes áreas: 1. Ingresos e impuestos 2. Gasto público 3. Finanzas públicas locales 4. Deuda pública y cuentas generacionales 5. Educación y finanzas públicas 6. Salud y finanzas públicas 7. Economía plateada y finanzas públicas 8. Transición energética y finanzas públicas 9. Economía de los cuidados 10. Estudios para el Desarrollo Para mayor información consulta: https://ciep.mx/ Presídium Alejandra Macías Sánchez - Directora ejecutiva Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas. Fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas en México por la revista Forbes. Le interesa mejorar las finanzas públicas con base en evidencia y perspectiva de género. José Luis Clavellina Miller - Director de investigación Es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como maestro y licenciado en Economía por la misma Universidad. Realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Kent en Canterbury. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Actualmente es director de Investigación en el CIEP. Le interesa la sostenibilidad de las finanzas públicas, la equidad fiscal intergeneracional y el financiamiento para el desarrollo. Sunny Arely Villa Juárez – Directora de fortalecimiento institucional Doctora en políticas públicas; maestra en administración pública y política pública y licenciada en economía por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios sobre políticas públicas en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Georgetown. Se especializa en estudios del presupuesto y gasto público, economía de los cuidados, análisis de incidencia y prospectivos. Tiene experiencia en impulsar la Agenda 2030 a través de los datos abiertos y la participación ciudadana. Actualmente colabora como docente en el Tec de Monterrey y es Directora de Operaciones y Fortalecimiento Institucional en el CIEP, donde trabaja por una sociedad mejor informada y más participativa en temas fiscales. Francisco Alberto Pérez Pacheco - Coordinador de investigación Actualmente maestrando en la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París (SciencesPo). Además de las finanzas públicas, está interesado en envejecimiento y migración, disciplinas que profundiza en la Iniciativa para la Transición Económica y Demográfica (ITED). Actualmente colabora en el CIEP como coordinador de finanzas públicas locales. Trabaja por el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. Finanzas Públicas Locales: hacia una nueva coordinación fiscal Equipo CIEP Resumen ejecutivo Las personas somos origen y destino de las finanzas públicas. Las finanzas públicas locales o subnacionales implican a la población de los estados y municipios; a sus recursos, ya sea provenientes de transferencias federales o de recaudación local; y a su gasto público. El componente local significa que se puede hablar sobre características similares entre los estados, pero se reconoce que cada entidad federativa tiene capacidades, necesidades y realidades únicas. El objetivo de este reporte es analizar la relación de los estados con la Federación en materia fiscal para que los estados puedan atender las necesidades de su población. El reporte incluye la composición de los ingresos locales, las características de sus principales rubros de gasto: educación, seguridad, salud, infraestructura y pensiones y la estimación del espacio fiscal por estado. Todos los capítulos incluyen información de las 32 entidades federativas. El fortalecimiento de la recaudación local debe ir aparejado de más y mejores bienes y servicios públicos. La evaluación de los resultados, acompañado de mayor transparencia y rendición de cuentas permitirá el fortalecimiento de los gobiernos locales. El país requiere de una reforma hacendaria que permita modernizar y preparar las haciendas públicas locales para enfrentar los nuevos retos que impone la realidad económica actual, así como el cambio climático y el cambio poblacional. Este reporte contribuye al debate público sobre la sostenibilidad fiscal desde lo local y expone algunas las necesidades estatales que debemos redefinir para llegar a una nueva coordinación fiscal. El federalismo fiscal mexicano Las finanzas públicas locales son altamente dependientes de los recursos de la Federación. La Federación reparte a los estados recursos financieros a través de transferencias etiquetadas y no etiquetadas, lo que refuerza su carácter centralizador. Las fórmulas de distribución de los fondos federales no se han modificado desde 2013 por lo que no atienden las más recientes necesidades de la ciudadanía. Una nueva coordinación fiscal será necesaria para que los gobiernos locales atiendan las demandas coyunturales de su población. Los recursos subnacionales Los gobiernos locales deben fortalecer su recaudación local para atender las necesidades de corto y largo plazo de la población. En promedio nacional, del total de los ingresos estatales, el 14% proviene de la recaudación propia, 2.5% de instituciones locales y 83.5% son percibidos y entregados por la Federación. Debido a que 44% de estos recursos tienen destinos predefinidos por la Federación, los estados se ven limitados para ejecutar políticas públicas alineadas a sus propios planes de trabajo. Sin embargo, esta situación es distinta para cada estado; ya que la dependencia a transferencias federales etiquetadas va de 10.5% a 67.5%. Derivado de la falta de recursos de libre disposición, los gobiernos locales han recurrido a la deuda interna para balancear sus presupuestos. Sin embargo, todo endeudamiento debe ser recaudado y pagado en el futuro a un mayor costo debido a los intereses. El espacio fiscal y prioridades de gasto estatal Los gobiernos estatales tienen 8 mil 633 pesos por persona anualmente para atender las necesidades de la población ante alguna coyuntura. Este espacio fiscal promedio de las entidades federativas disminuyó 27.5% de 2018 a 2022. Esta caída se debe a la disminución de los ingresos y los gastos ineludibles de los estados. Durante este periodo, los ingresos promedio de las entidades federativas disminuyeron 17.2 %, mientras que los gastos ineludibles promedio disminuyeron 9.1%. Este monto podría modificarse en la medida en que se adopten nuevas acciones recaudatorias, de repriorización o eficiencia del gasto, de endeudamiento y/o de otras fuentes de financiamiento. La educación subnacional Brindar educación a todas las niñas, niños y jóvenes requiere que los estados y Federación incrementen la inversión educativa en al menos 5.1 puntos del PIB. A nivel nacional, 19.6 millones de personas no tienen acceso a la educación y solamente 26 de cada 100 estudiantes que ingresan a educación básica logran terminar estudios superiores. Además, el gasto por alumno difiere por nivel educativo y estado, lo que dificulta el acceso universal a educación de calidad en el país, y reproduce las desigualdades regionales y sociales. De 2018 a 2022, las aportaciones federales para educación disminuyeron 8.2%, que se reflejó en una contracción del gasto estatal educativo en 25 de los 32 estados. Los estados que tienen una mayor dependencia de estas aportaciones, presentan una mayor brecha para alcanzar la cobertura universal en todos los niveles educativos y una eficiencia del sistema educativo por debajo del promedio nacional. La seguridad pública subnacional Es necesario ampliar la coordinación entre la Federación y los gobiernos locales, así como valorar la pertinencia de incrementar las transferencias federales. A nivel nacional en 2021, 96.8% del gasto en seguridad que realizan los estados proviene de recursos propios, mientras que 3.2% proviene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Esta distribución se debe a la disminución de recursos que la federación transfiere a las entidades federativas, los cuales se redujeron 57.7% real de 2013 a 2022, principalmente a causa de la eliminación del Subsidio para Seguridad en los Municipios SUBSEMUN y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG). En 2021, los estados destinaron, en promedio, 0.9% de su PIB y 10.6% de su gasto total para proveer seguridad. A pesar de este gasto, los resultados no son evidentes de manera operativa, ya que la incidencia delictiva no ha presentado reducciones. La salud subnacional Se requiere 1.1% del PIB para la cobertura universal en las personas sin afiliación Instituciones de Seguridad Social (ISS). En 2020, el total de estas personas asciende a 73 millones 863 mil 941 personas que demanda servicios de salud en los cuales ninguna entidad federativa alcanza el promedio nacional, considerando instituciones federales, en número de médicos, número de personal de enfermería y número de camas. Estas carencias se reflejan en la tasa de atención de 20.3% e indica que ocho de cada diez personas que tuvieron alguna necesidad de salud y son población sin afiliación a las ISS no recibieron atención en los sistemas estatales de salud. En términos presupuestarios, el aumento de 62.6% en los recursos estatales provenientes de fuentes propias no alcanzó a compensar la caída de 9.6% de los ingresos de fuentes federales. La inversión pública en infraestructura subnacional Las entidades deben aumentar su inversión propia en infraestructura por sus beneficios sociales y económicos y para reducir su dependencia de las inversiones del gobierno federal. El gasto promedio en obra pública en las entidades federativas representa el 0.4% de su PIB y 4% de su gasto total estatal. La escasa inversión pública en infraestructura impide elevar el crecimiento económico en los estados y por ello se encuentra una débil relación entre ellas. Las pensiones subnacionales Los estados gastan en pensiones el doble de lo que reportan. Se estima que el gasto en pensiones durante 2021 fue de 38 mil millones de pesos, superior a los 19 mil millones reportados en la Cuenta Pública de las entidades federativas. Debido a la falta de transparencia, se obtuvo la información a través de 209 solicitudes de transparencia a estados, universidades autónomas y los municipios más poblados del país. A pesar de que el gasto estatal representa 3% del gasto federal en pensiones, los pensionados de los esquemas locales gozan de mayores beneficios como mayores montos de pensión, menor edad mínima de jubilación y menores años obligatorios de servicio. Hacia una expansión del espacio fiscal Aumentar el espacio fiscal en los estados es una tarea de los tres niveles de gobierno. En materia de coordinación fiscal, existen al menos siete iniciativas parlamentarias que proponen aumentar las transferencias de recursos a las entidades federativas; sin embargo, esto incrementaría la dependencia hacia el gasto federalizado. Los estados podrían aumentar su recaudación de la tenencia en 74 mil millones de pesos. Además, los gobiernos municipales podrían aumentar su eficiencia recaudatoria de predial para expandir su espacio fiscal. Transición energética Los gobiernos subnacionales tienen facultades tributarias para promocionar la transición energética desde la política de ingreso local. Por un lado, para fortalecer la recaudación propia, los impuestos verdes son una alternativa recaudatoria no aprovechada. Para 2022, nueve entidades federativas cuentan con legislaciones sobre impuestos ecológicos, lo que representa 10.9 pesos percápita a nivel nacional; mientras que, para dichos estados representa 32.4 pesos per cápita. Asimismo, se identificaron gobiernos locales que promocionan la transición energética por medio de incentivos fiscales en los impuestos sobre la nómina, tenencia o predial. Sin embargo, pese a los posibles beneficios de lograr un medio ambiente más saludable por medio de la implementación de instrumentos fiscales de promoción para la transición energética, los estados deben considerar, previo a un proceso legislativo, las diferencias interestatales de los factores sociales y culturales como la presencia de comunidades indígenas y el tipo de propiedad. Implicaciones de política pública Necesitamos un mayor espacio fiscal para atender necesidades de la población desde lo local. El país y la sociedad estamos preparados para participar de forma activa en los cambios que se requieren para fortalecer las haciendas locales y verificar el diseño e implementación de mejores políticas públicas y la eficiencia del gasto. La coordinación entre niveles de gobierno y ciudadanía es fundamental para la sostenibilidad del sistema fiscal mexicano en beneficio de las presentes y las futuras generaciones. Para mayor información estatal consulta: https://finanzaslocales.ciep.mx