La industria automotriz en México genera 1.9 millones de empleos en
general, de los cuáles 530 mil son empleos directos en la
manufactura de unidades ligeras y pesadas. Además representa el 3.9
por ciento del Producto Interno Bruto del país.
En los últimos cuatro años, el sector automotriz –el sexto
productor en el mundo– ha visto reducidas sus ventas internas. Este
año se registró en el mes de junio, el desplome más cuantioso al
haberse obtenido una disminución en las ventas por arriba del 11 por
ciento.
La combinación de un entorno global adverso junto con el
debilitamiento de la economía nacional, ha permitido que nuestro
sector automotor haya enfrentado estas contracciones en los últimos
meses. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA), en el acumulado de enero a septiembre de
2019 se han vendido 955,395 vehículos ligeros nuevos, 7.5% menos que
en el mismo periodo de 2018.
En estas condiciones de adversidad para la industria automotriz
mexicana, puntal en el desarrollo económico de México, los
legisladores de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, en
sigilo, el viernes 18 de octubre por la noche, modificaron la
fracción 15 transitoria de la Ley de Ingresos 2020 para que, y cito
textualmente:
“A efecto de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un
plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrada en vigor
de esta Ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que
correspondan en leyes y ordenamientos aplicables a la problemática
de la posesión de vehículos importados usados, localizados en el
territorio nacional, que hayan cumplido con las obligaciones de la
Ley Aduanera”.
La medida aprobada por 316 votos a favor, permitirá la
regularización de unos 18 millones de vehículos que fueron
contrabandeados a México.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores, se estima que esta regularización provocará una caída
de entre el 20 y el 30 por ciento de las ventas de autos en México.
Lo que inhibirá la inversión en el sector, y acotará la generación
de empleos directos.
Comprometidos como estamos en la Coparmex con el desarrollo de las
empresas mexicanas y el establecimiento de políticas públicas que
alienten a la inversión y la generación de empleos, estamos total y
absolutamente en contra de la regularización de los autos chocolate.
Hacemos un llamado al Poder Legislativo para que –en aras de
promover el desarrollo de la industria automotriz y con ello
establecer las bases para la generación de la inversión, una mayor
captación de recursos a la hacienda pública, y el bienestar de los
mexicanos– detengan la regularización de autos producto del
contrabando y el tráfico, pues esta ilícita actividad:
No genera impuestos en ningún orden de gobierno.
Fomenta el contrabando rodante.
Perjudica al medio ambiente.
Beneficia a las células criminales de tráfico de vehículos.
Blanquea el delito de adquisición de bienes con recursos de
procedencia ilícita al impedir conocer el origen de los mismos.
Afecta la generación de empleos en el sector automotriz.
Y disminuye las ventas de autos nuevos.
En contraparte, proponemos al Poder Legislativo que establezcan las
condiciones para que cada vez más mexicanos se desarrollen en la
legalidad, en un contexto económico, político y social que les
permita acceder a una vida digna que satisfaga con eficiencia, no
sólo sus necesidades primarias, sino también la adquisición de
bienes para el mejoramiento de sus actividades laborales y familiares
de manera cotidiana.
Les pedimos a los legisladores:
Crear incentivos para la adquisición de vehículos nuevos.
Crear programas financieros para dar accesibilidad a la compra de
automotores.
Eliminar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; México es el único
país que tiene dos impuestos para esta adquisición.
Establecer un programa de entrega para destrucción de vehículos
irregulares a cambio de la condonación de impuestos en la compra de
uno nuevo.
Y generar condiciones de certidumbre para el desarrollo y crecimiento
de la industria automotriz mexicana, no sólo en el ámbito de la
exportación, cuanto más en el incremento de las ventas internas.
La Coparmex rechaza categóricamente la irresponsable decisión de la
regularización de autos chocolate, llevada a cabo en secrecía y sin
consenso, con la que se da la espalda a los sectores involucrados y,
peor aún, a los consumidores.
La incorporación del Artículo Décimo Quinto Transitorio a la Ley
de Ingresos de la Federación rompe con el compromiso público
realizado hace unos días por el propio Secretario de Hacienda y
Crédito Público ante el sector empresarial, al haber asegurado que
no habría un ejercicio de regularización de los vehículos
ilegales.
De concretarse su aprobación, esta medida convertiría a nuestro
país en el “basurero automotriz” del mercado estadounidense.
Literalmente, México se volvería el depósito de los vehículos
obsoletos, que incumplieran las regulaciones en el país vecino.
La regularización de los vehículos “chatarra” profundizaría la
crisis de las ventas en el mercado doméstico que, de junio de 2017 a
septiembre de 2019, suman 28 meses consecutivos con resultados
negativos, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores.
La evidencia reciente ha demostrado que, al introducir al mercado los
vehículos importados usados, se genera una caída inmediata en la
venta de automóviles y autopartes. Debemos recordar que en el
proceso de regularización impulsado en el sexenio 2000-2006, la
comercialización de automóviles cayó 30%.
Esta situación resultaría especialmente grave para el cierre de
operaciones de muchas agencias automotrices, comenzando por las que
están ubicadas en los estados fronterizos, que sería la región más
vulnerable a esta alteración del mercado.
La regularización del contrabando de vehículos usados no sólo
genera una competencia desleal con el mercado formal de automóviles,
sino que transfiere recursos al exterior, sin dejar impacto positivo
en la economía nacional.
Si ocurriera la regularización, se estima que el pronóstico de
ventas de la AMDA para 2019, de 1 millón 301 mil vehículos, se
desplomaría cerca de un 30%, considerando las tendencias actuales
del mercado, para colocarnos en un nivel cercano a los 910 mil
vehículos vendidos, afectando severamente a la economía del país.
Igualmente, habría una grave afectación en términos fiscales. Una
inminente disminución en la producción y venta de automóviles,
implicaría una baja en los ingresos tributarios, a partir de una
menor recaudación por concepto de ISR, IVA e ISAN correspondientes
al sector.
Una baja en la recaudación fiscal, tendría un impacto inmediato en
las capacidades del Estado para invertir, por ejemplo, en transporte
público moderno y eficiente, que amplíe la movilidad de las
personas en los centros urbanos y rurales.
Aunado al importante golpe económico, la regularización de autos
“chocolate” tendría un fuerte impacto en el aspecto ambiental,
ya que se estaría envejeciendo el parque vehicular en el país, con
las unidades desechadas en Estados Unidos, comprometiendo con ello,
además, la seguridad vial de calles y carreteras en México.
Hoy, la tendencia mundial es justamente a la inversa, para transitar
en los siguientes años y décadas a alternativas de transporte más
limpios y amigables con el medio ambiente. En ningún caso, la
incorporación de estos automóviles “chatarra” al mercado
mexicano significaría una medida responsable para mitigar la
contaminación que afecta, sobre todo, a algunas ciudades en el país.
Pero sin duda, la afectación más grave es al Estado de Derecho. Con
la incorporación de dicho artículo a la Ley de Ingresos de la
Federación para 2020 se lanza una nueva señal desde el Gobierno
Federal de incapacidad para hacer cumplir el marco legal de México.
Dada la compleja coyuntura de inseguridad que atraviesa el país, los
mexicanos no podemos aceptar una medida que normaliza e incorpora a
la formalidad, el contrabando de vehículos ilegales a nuestro
territorio, muchas veces impulsado y promovido por los mismos grupos
delincuenciales que hoy combate el Estado mexicano.
Por todas estas razones, en Coparmex nos oponemos a la regularización
de autos “chocolate”. Hacemos un llamado enérgico a la Cámara
de Senadores para que reconsideren esta decisión y la deroguen. Aún
estamos a tiempo de detener la legalización del “contrabando
rodante” e impedir las graves afectaciones económicas, sociales y
de seguridad pública que traería consigo.
Respetuosamente le pedimos al Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, a cumplir el compromiso que en voz de su
Secretario de Hacienda manifestó el Gobierno Federal ante el
empresariado nacional, de no regularizar los automóviles ilegales
que provienen del extranjero.
Muchas gracias.
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