- El Acuerdo militarista de la Presidencia de la República viola la Constitución mexicana y pone en riesgo los derechos humanos. Por ello, cinco organizaciones de la sociedad civil presentamos una serie de amparos en su contra.
- La estrategia de seguridad pública basada en la militarización ha sumido al país en una espiral de violencia y en una crisis de violaciones graves a los derechos humanos. Necesitamos un modelo de seguridad ciudadana que apueste por el fortalecimiento de las instituciones civiles y la construcción de paz.
Ciudad de México, 22 de julio de 2020.
Cinco organizaciones de la sociedad civil (1) presentamos ante el Poder
Judicial de la Federación (PJF) múltiples amparos en contra del Acuerdo
militarista publicado el 11 de mayo con el que la Presidencia de la
República faculta a las Fuerzas Armadas para participar en labores de
seguridad pública hasta 2024. El Acuerdo viola la Constitución mexicana
porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de
seguridad pública sea extraordinario, regulado, fiscalizado,
subordinado, y complementario; además de violar las obligaciones
internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de
derechos humanos. Estos requisitos buscan limitar la arbitrariedad,
violencia, y opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas en labores
de seguridad pública.
A lo largo de los 14 años en los que el Ejército y la Marina han realizado funciones de seguridad pública, se ha documentado su participación en la comisión de violaciones a derechos humanos; por ejemplo, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y desplazamientos forzados (2). La evidencia acumulada indica que la militarización de la seguridad pública no sólo no ha logrado disminuir los índices de violencia, sino que los ha agravado. A pesar de ello, la estrategia que apuesta por profundizar la militarización avanza contradiciendo a la Constitución, a los tratados internacionales, al Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, y pone en riesgo los derechos humanos de todas las personas.
Para las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa conjunta, la militarización de la seguridad pública, no sólo no resuelve el problema de violencia, sino que debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho una defensa y a la justicia. Consideramos que el Acuerdo compromete a la sociedad mexicana a vivir bajo un modelo de seguridad incompatible con la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.
Por estos motivos, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitamos al PJF que ordene al Ejecutivo federal emitir un nuevo Acuerdo que incluya: 1) Los parámetros que garanticen que la operación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria; 2) El informe previo ante el Senado sobre la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas permanentes; 3) Los detalles del plan de retorno de la Fuerzas Armadas permanentes a los cuarteles una vez terminado el período señalado en el Acuerdo; finalmente, 4) la exposición pormenorizada del estado de desarrollo de la Guardia Nacional– incluyendo su estructura, capacidades, e implantación territorial. Lo anterior dadas las alarmantes cifras de muertes de civiles a manos de elementos del Ejército y la impunidad que las acompaña. Por ejemplo, de 2007 a 2014 se registraron alrededor de 3,900 muertes a manos de militares. A pesar de ello, de 2006 a 2019 solo se han registrado 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar por homicidio doloso.
De igual forma, desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) vemos con preocupación la presencia y operación de las Fuerzas Armadas en un contexto en el que no hay una normatividad que permita controlar, monitorear, evaluar, y corregir sus acciones. En particular, nos preocupa que a raíz del Pacto migratorio entre EUA y México, el Gobierno ordenó la militarización de las tareas de vigilancia, control migratorio, y la formulación e implantación de políticas represivas contra las personas migrantes en la protección de la línea fronteriza. En la FJEDD hemos documentado que las primeras intervenciones en los casos de masacres de personas migrantes en el país, fueron de elementos de las Fuerzas Armadas, quienes no llevaron a cabo un trabajo adecuado en la recuperación de la evidencia y en la preservación del lugar de los hechos. Lo anterior perjudicó las investigaciones y el debido proceso. En ese sentido consideramos que las Fuerzas Armadas no deben intervenir en tareas de investigación ni de control migratorio, ya que son facultades que no les corresponden.
Desde México Unido Contra la Delincuencia de igual forma, expresamos nuestra preocupación por la profundización del proceso de militarización de la seguridad pública que lleva en curso más de una década y ha mostrado tener muy malos resultados. Rechazamos la ilegalidad del Acuerdo debido a que viola el mandato expreso que la reforma constitucional de Guardia Nacional le dio al Congreso de la Unión para reglamentar el Artículo 5º transitorio de la misma y a que contraviene a la Constitución en su Artículo 21. Tal artículo establece que la seguridad pública debe ser civil. El amparo presentado se une a otros amparos en contra de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Con ellos buscamos reorientar la estrategia de seguridad para fortalecer a las instituciones civiles– policías, ministerios públicos y fiscalías– y construir una Guardia Nacional civil sujeta a controles efectivos que protejan a la ciudadanía. Consideramos que el Acuerdo militarista imposibilita la construcción de una estrategia de seguridad ciudadana, en la que las personas y las comunidades estén en el centro, y que priorice la prevención, atención, y sanción del delito en un marco de respeto a los derechos humanos. Las y los mexicanos queremos paz y seguridad duraderas.
Asimismo, desde EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta hemos visto cómo el despliegue militar en labores de seguridad pública se ha traducido en una reiterada y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres. (3) Por ejemplo, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en el 2016, aproximadamente 97,000 mujeres fueron violentadas por soldados y marinos. Entre estas agresiones, se incluyen desde piropos hasta agresiones físicas, como patadas o golpes. Incluso, se señala a los soldados y marinos de haber seguido y vigilado a mujeres. Aunado a esto, existe evidencia de que las mujeres son detenidas de manera arbitraria por elementos de las Fuerzas Armadas. En el contexto del arresto, es mucho más común que sean torturadas cuando fueron detenidas por las Fuerzas Armadas que cuando fueron detenidas por cualquier otra autoridad. Por ejemplo: según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL), el 10.2% de las mujeres detenidas por policías estatales sufrieron una violación, mientras que de las mujeres arrestadas por el Ejército el 20.9% sufrió una violación, y cuando las detuvo la Marina, el número asciende a 40.9%.
Desde el inicio de la llamada “Guerra contra las drogas” y la consecuente expansión de la intervención militar, se han disparado los homicidios de mujeres, particularmente aquellos perpetrados en el espacio público y con armas de fuego. De acuerdo con los Registros de Defunciones por Homicidio del INEGI, entre 2007 y 2018, la tasa de homicidios de mujeres con arma de fuego en la vía pública aumentó en un 500%. Este incremento no se debe sólo al crimen organizado, sino a la estrategia de militarización de la seguridad pública. El Acuerdo emitido el pasado 11 de mayo, al incumplir con el mandato constitucional, abre la puerta a que esta terrible realidad siga afectando las vidas de las mujeres.
La estrategia basada en la militarización de la seguridad pública empleada por las administraciones anteriores sumió al país en una espiral de violencia y en una crisis de violaciones graves a los derechos humanos que ha provocado que las y los defensores de los derechos humanos sean una de las poblaciones vulnerables más afectadas. La operación regular de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública provoca un efecto amedrentador que inhibe el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, el derecho de asociación, el derecho a la protesta, y el derecho al acceso a la información. A través del tiempo, se ha acreditado que la presencia de militares en tareas de seguridad pública genera mayor violencia y represión en contra de las voces que discrepan de sus acciones, razón por la cual existen afectaciones graves en perjuicio de las organizaciones que trabajamos por la protección, defensa, y promoción de los derechos humanos de las personas.
Es por estas razones que impugnamos el Acuerdo militarista ante el PJF. Las cinco organizaciones que hemos impugnado el Acuerdo militarista defendemos una perspectiva no militarizada, civil y pacifista del Estado y su tarea de garantizar la seguridad de la población.
Recordando que la #MilitarizaciónNoEsPaz, exigimos #SeguridadSinGuerra.
Organizaciones firmantesA lo largo de los 14 años en los que el Ejército y la Marina han realizado funciones de seguridad pública, se ha documentado su participación en la comisión de violaciones a derechos humanos; por ejemplo, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y desplazamientos forzados (2). La evidencia acumulada indica que la militarización de la seguridad pública no sólo no ha logrado disminuir los índices de violencia, sino que los ha agravado. A pesar de ello, la estrategia que apuesta por profundizar la militarización avanza contradiciendo a la Constitución, a los tratados internacionales, al Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, y pone en riesgo los derechos humanos de todas las personas.
Para las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa conjunta, la militarización de la seguridad pública, no sólo no resuelve el problema de violencia, sino que debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho una defensa y a la justicia. Consideramos que el Acuerdo compromete a la sociedad mexicana a vivir bajo un modelo de seguridad incompatible con la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.
Por estos motivos, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitamos al PJF que ordene al Ejecutivo federal emitir un nuevo Acuerdo que incluya: 1) Los parámetros que garanticen que la operación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria; 2) El informe previo ante el Senado sobre la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas permanentes; 3) Los detalles del plan de retorno de la Fuerzas Armadas permanentes a los cuarteles una vez terminado el período señalado en el Acuerdo; finalmente, 4) la exposición pormenorizada del estado de desarrollo de la Guardia Nacional– incluyendo su estructura, capacidades, e implantación territorial. Lo anterior dadas las alarmantes cifras de muertes de civiles a manos de elementos del Ejército y la impunidad que las acompaña. Por ejemplo, de 2007 a 2014 se registraron alrededor de 3,900 muertes a manos de militares. A pesar de ello, de 2006 a 2019 solo se han registrado 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar por homicidio doloso.
De igual forma, desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) vemos con preocupación la presencia y operación de las Fuerzas Armadas en un contexto en el que no hay una normatividad que permita controlar, monitorear, evaluar, y corregir sus acciones. En particular, nos preocupa que a raíz del Pacto migratorio entre EUA y México, el Gobierno ordenó la militarización de las tareas de vigilancia, control migratorio, y la formulación e implantación de políticas represivas contra las personas migrantes en la protección de la línea fronteriza. En la FJEDD hemos documentado que las primeras intervenciones en los casos de masacres de personas migrantes en el país, fueron de elementos de las Fuerzas Armadas, quienes no llevaron a cabo un trabajo adecuado en la recuperación de la evidencia y en la preservación del lugar de los hechos. Lo anterior perjudicó las investigaciones y el debido proceso. En ese sentido consideramos que las Fuerzas Armadas no deben intervenir en tareas de investigación ni de control migratorio, ya que son facultades que no les corresponden.
Desde México Unido Contra la Delincuencia de igual forma, expresamos nuestra preocupación por la profundización del proceso de militarización de la seguridad pública que lleva en curso más de una década y ha mostrado tener muy malos resultados. Rechazamos la ilegalidad del Acuerdo debido a que viola el mandato expreso que la reforma constitucional de Guardia Nacional le dio al Congreso de la Unión para reglamentar el Artículo 5º transitorio de la misma y a que contraviene a la Constitución en su Artículo 21. Tal artículo establece que la seguridad pública debe ser civil. El amparo presentado se une a otros amparos en contra de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Con ellos buscamos reorientar la estrategia de seguridad para fortalecer a las instituciones civiles– policías, ministerios públicos y fiscalías– y construir una Guardia Nacional civil sujeta a controles efectivos que protejan a la ciudadanía. Consideramos que el Acuerdo militarista imposibilita la construcción de una estrategia de seguridad ciudadana, en la que las personas y las comunidades estén en el centro, y que priorice la prevención, atención, y sanción del delito en un marco de respeto a los derechos humanos. Las y los mexicanos queremos paz y seguridad duraderas.
Asimismo, desde EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta hemos visto cómo el despliegue militar en labores de seguridad pública se ha traducido en una reiterada y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres. (3) Por ejemplo, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en el 2016, aproximadamente 97,000 mujeres fueron violentadas por soldados y marinos. Entre estas agresiones, se incluyen desde piropos hasta agresiones físicas, como patadas o golpes. Incluso, se señala a los soldados y marinos de haber seguido y vigilado a mujeres. Aunado a esto, existe evidencia de que las mujeres son detenidas de manera arbitraria por elementos de las Fuerzas Armadas. En el contexto del arresto, es mucho más común que sean torturadas cuando fueron detenidas por las Fuerzas Armadas que cuando fueron detenidas por cualquier otra autoridad. Por ejemplo: según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL), el 10.2% de las mujeres detenidas por policías estatales sufrieron una violación, mientras que de las mujeres arrestadas por el Ejército el 20.9% sufrió una violación, y cuando las detuvo la Marina, el número asciende a 40.9%.
Desde el inicio de la llamada “Guerra contra las drogas” y la consecuente expansión de la intervención militar, se han disparado los homicidios de mujeres, particularmente aquellos perpetrados en el espacio público y con armas de fuego. De acuerdo con los Registros de Defunciones por Homicidio del INEGI, entre 2007 y 2018, la tasa de homicidios de mujeres con arma de fuego en la vía pública aumentó en un 500%. Este incremento no se debe sólo al crimen organizado, sino a la estrategia de militarización de la seguridad pública. El Acuerdo emitido el pasado 11 de mayo, al incumplir con el mandato constitucional, abre la puerta a que esta terrible realidad siga afectando las vidas de las mujeres.
La estrategia basada en la militarización de la seguridad pública empleada por las administraciones anteriores sumió al país en una espiral de violencia y en una crisis de violaciones graves a los derechos humanos que ha provocado que las y los defensores de los derechos humanos sean una de las poblaciones vulnerables más afectadas. La operación regular de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública provoca un efecto amedrentador que inhibe el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, el derecho de asociación, el derecho a la protesta, y el derecho al acceso a la información. A través del tiempo, se ha acreditado que la presencia de militares en tareas de seguridad pública genera mayor violencia y represión en contra de las voces que discrepan de sus acciones, razón por la cual existen afectaciones graves en perjuicio de las organizaciones que trabajamos por la protección, defensa, y promoción de los derechos humanos de las personas.
Es por estas razones que impugnamos el Acuerdo militarista ante el PJF. Las cinco organizaciones que hemos impugnado el Acuerdo militarista defendemos una perspectiva no militarizada, civil y pacifista del Estado y su tarea de garantizar la seguridad de la población.
Recordando que la #MilitarizaciónNoEsPaz, exigimos #SeguridadSinGuerra.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
México Unido Contra la Delincuencia
EQUIS Justicia para las Mujeres
Intersecta
