- El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que la suscripción acaba con la idea de que autonomía e independencia judicial es alejamiento o confrontación con otras instituciones.
El acuerdo también servirá para promover la formación, capacitación y actualización de personas servidoras públicas en materias relacionadas con la procuración e impartición de justicia, particularmente las ciencias penales y la política criminal.
En el evento, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz afirmó que este convenio acaba con la idea de que autonomía e independencia judicial es alejamiento o confrontación con otras instituciones.
El ministro presidente dijo que el presente convenio tiene como propósito central la capacitación, la difusión del conocimiento jurídico y el intercambio de experiencias.
“Entre más confrontados estemos más autónomos somos es una idea agotada […]. La nueva visión de autonomía, de independencia, pasa necesariamente por la adecuada coordinación, por la conjunción de esfuerzos, trabajamos para la misma gente, nos debemos al pueblo, trabajamos para la misma nación, para la misma patria y no hay manera de pensar que somos más autónomos o más independientes entre más alejados nos encontremos”, destacó.
Enfatizó que “en la Corte estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para tender estos puentes con todos los órdenes de gobierno, con todas las instancias que tienen que ver con la impartición y la procuración de justicia”.
Por su parte, Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, subrayó que este convenio es la expresión formal de una convicción que comparten las instituciones firmantes de que la justicia penal en México solo puede fortalecerse cuando quienes procuran, imparten y forman a las personas juzgadoras y servidoras públicas, caminan en la misma dirección.
En su oportunidad, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, manifestó que la firma de este convenio tiene un mayor significado que el de un instrumento jurídico porque implica la convicción de que las instituciones del Estado mexicano se fortalecen cuando construyen espacios de colaboración, desde el respeto absoluto a la autonomía de cada uno.
Al participar en este acto, el ministro Irving Espinosa Betanzo señaló la importancia de una nueva visión en el ejercicio del poder público, orientada al beneficio de las personas y centrada en sus derechos.
En el evento, la ministra Lenia Batres Guadarrama comentó que este convenio se enmarca en una muy activa política de relaciones interinstitucionales que dirige el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Finalmente, Jorge Nader Kuri, rector del INACIPE expresó que este Instituto nació para formar a quienes procuran e imparten justicia penal en este país, así como a los operadores del procedimiento penal.
Este Convenio deriva de uno anterior de octubre de 2012, entre la SCJN y el INACIPE, el cual inició como una propuesta de préstamo interbibliotecario. A este evento, asistieron como invitados especiales: Gilberto Bátiz García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); José Alberto Gallegos Ramírez, integrante del OAJ; Indira Isabel García Pérez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Bátiz Vázquez, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), y Sergio Molina Martínez, director de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Además, estuvieron presentes Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, ambos de la Cámara de Senadores; Zaria Aguilera Claro, de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados; así como María Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, entre otras personalidades.
“No se busca fortalecer estructuras por sí mismas, sino fortalecer la capacidad del Estado para responder con eficacia y con humanidad a quienes acuden a nuestras instituciones buscando justicia”, señaló.
“Durante mucho tiempo, se entendió que la autonomía constitucional implicaba distancia entre las instituciones del Estado, hoy sabemos que esa idea resulta insuficiente y errónea, la autonomía no significa aislamiento, sino independencia para ejercer las atribuciones que la Constitución confiere a cada institución”, aseguró.
“No solamente implica ejercer el derecho ni aplicar leyes y normas, sino procurar y administrar justicia. Es un paso fundamental para transformar la realidad de nuestro país”, precisó.
“Nos da mucho gusto impulsar estos convenios porque, si algo ha sido evidente en los últimos años, es que nuestras instituciones de justicia se han encontrado dispersas, desarticuladas y, en algunos casos, hasta confrontadas, y eso ha sido un pésimo signo y una relación inadecuada para lograr lo que nuestro país demanda en materia de justicia penal, que es eficiencia y combate a la impunidad”, sentenció.
“No llegamos a esta firma solo con promesas, llegamos con la disposición real de construir, de aportar nuestra experiencia académica y nuestra capacidad institucional para que este convenio se traduzca en resultados concretos en beneficio de la justicia que queremos y merecemos las y los mexicanos”, dijo.
