11 de marzo de 2025
Introducción
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derechos y un requisito indispensable para garantizar la certeza jurídica en el país. La reciente reforma judicial ha generado debate al comprometer la independencia y autonomía del Poder Judicial en México. Aunque sus proponentes buscan mayor democratización y transparencia, su implementación enfrenta dificultades legales, presupuestales y operativas que cuestionan su efectividad y legitimidad.
A cuatro meses de su publicación, la implementación de la reforma enfrenta serios cuestionamientos legales y operativos. Hasta el momento, se han presentado 798 amparos en su contra, lo que refleja el alto grado de oposición y los problemas estructurales que conlleva. Las contradicciones entre jueces de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han generado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes, afectando la confianza en las instituciones y dificultando la organización del proceso electoral.
En esta Señal COPARMEX, abordaremos las implicaciones de esta reforma y las consecuencias que derivan de la politización de la justicia.
Implicaciones de la Elección por Voto Popular
El cambio en el mecanismo de selección de los jueces, magistrados y ministros representa un reto logístico y legal de gran magnitud. La creación de Comités de Evaluación por cada poder de la Unión, encargados de depurar y seleccionar a los candidatos mediante insaculación, ha generado serias dificultades y disparidad de criterios de evaluación. Uno de los principales señalamientos ha sido la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso, entre ellos la falta de base constitucional y legal para su actuación ya que, para este proceso electoral extraordinario, no se han emitido las leyes secundarias ni los reglamentos específicos que detallen los procedimientos, criterios y atribuciones de dichos comités. La ausencia de un marco normativo claro deja a los integrantes sin lineamientos precisos sobre cómo deben evaluar, esto ha generado incertidumbre sobre la validez de sus decisiones, repercutiendo en un cuestionamiento de quienes integraron los listados finales, así como modificaciones a los listados finales y los que fueron remitidos al INE.
El proceso electoral extraordinario de 2025, que incluirá la selección de los nuevos jueces, magistrados y ministros, presenta una alta complejidad, dado que en las entidades en donde únicamente se vote por integrantes del PJF, cada ciudadano recibiría al menos seis boletas electorales, con un tiempo estimado de votación de nueve minutos y quince segundos por persona. Dicha situación se torna más compleja en estados en donde además de votar por integrantes del PJF se renovarán los poderes judiciales locales, que serán en 17 entidades federativas; sin tomar en cuenta los casos de Veracruz y Durango en donde se renovarán las presidencias, sindicaturas y regidurías, situaciones que podrían generar un caos organizativo sin precedentes.
Irregularidades en las listas de Candidatos
A las complicaciones en la implementación de la reforma en lo que respecta del proceso electoral, se suman las irregularidades detectadas en las listas de candidatos para la elección judicial, enviadas por el Senado de la República al INE. La autoridad electoral en sesión pública alertó sobre algunas modificaciones en los listados sin justificación que aclare los cambios realizados, lo que generó incertidumbre en la transparencia y falta de certeza en el proceso de selección.
Entre las inconsistencias detectadas se encuentran cambios en el número total de aspirantes, omisión de datos clave para la fiscalización y errores en información personal, como fechas de nacimiento incorrectas y registros sin CURP o clave de elector; aunado al hecho que no estaban incluidas las 3 Ministras que debían de ser incluidas en los listados (de acuerdo a las reglas establecidas en el decreto de reforma). Ante este escenario, el INE se deslindó de las alteraciones y exhortó a los candidatos a verificar su situación antes del cierre del proceso, evidenciando la falta de reglas claras que generan incertidumbre en la organización de la elección.
Crisis en el Comité de Evaluación del PJF y Conflictos Institucionales
El proceso de implementación de la reforma ha derivado en una crisis institucional dentro del PJF. Diversos jueces de distrito emitieron suspensiones provisionales en contra de la reforma, lo que generó un choque entre decisiones jurisdiccionales entre los juzgados de distrito y el TEPJF. Mientras que algunos jueces ordenaron la suspensión del proceso, el TEPJF determinó que el INE debía ignorar dichas suspensiones y continuar con la organización de la elección.
La falta de claridad en la aplicación de la reforma en su momento, dejó en una situación de vulnerabilidad a los servidores públicos encargados de su implementación. Ante ese panorama, el INE solicitó una medida de protección provisional para evitar consecuencias legales, pero el TEPJF insistió en la necesidad de seguir adelante con la organización de la elección, generando un ambiente de incertidumbre que impactó negativamente en la confianza en las instituciones.
Riesgos Económicos y de Inversión
El clima de inseguridad jurídica generado por la reforma representa un riesgo significativo para la inversión nacional e internacional. La falta de claridad en las reglas del juego y la politización de la justicia generan un entorno adverso para el desarrollo económico ante la imposibilidad de garantizar un proceso imparcial. Según el Índice de Estado de Derechos del World Justice Project (WJP), la politización del Poder Judicial afecta la confianza de inversionistas. Experiencias en países como Venezuela y Bolivia han demostrado que sistemas judiciales politizados reducen la competitividad y generan inseguridad jurídica.
Además, la falta de recursos para llevar a cabo el proceso electoral es otro punto crítico. El INE solicitó un presupuesto de 17 mil millones de pesos para la organización de los comicios, pero solo se aprobaron 13 mil 476 millones, lo que ha obligado al Instituto a buscar una ampliación presupuestaria de mil 511 millones de pesos para cubrir la contratación de personal y garantizar el correcto desarrollo de la elección.
Postura de COPARMEXn la Confederación, consideramos que la reforma al Poder Judicial atenta contra la independencia judicial, socava la certeza jurídica y debilita el Estado de Derechos en México. La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular abre la puerta a la politización de la justicia, comprometiendo la imparcialidad en la impartición de justicia y generando un clima de desconfianza que impacta negativamente la inversión y el crecimiento económico del país.
La intromisión del Senado de la República en el proceso de selección de jueces representa una violación flagrante a la Constitución y a la independencia judicial. En COPARMEX, junto con diversas organizaciones y colegios de abogados, hemos advertido el riesgo de que esta interferencia derive en la subordinación del Poder Judicial a intereses partidistas, lo que compromete su autonomía y el principio de separación de poderes. Permitir esta injerencia sentaría un peligroso precedente que vulnera el Estado de Derechos y afecta la confianza de los ciudadanos y las empresas en las instituciones.
Además, la interferencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en este proceso es igualmente alarmante. Su decisión de validar la intervención del Senado en la selección de jueces contradice el Artículo 49 de la Constitución, que establece con claridad la división de poderes y prohíbe la concentración de facultades en un solo órgano. Al asumir un rol que no le corresponde, el Tribunal ha permitido una distorsión institucional que compromete la independencia judicial y genera un precedente negativo para futuros procesos judiciales.
Estas acciones no solo debilitan la autonomía del Poder Judicial, sino que también generan incertidumbre jurídica, lo que desalienta la inversión y frena el desarrollo económico del país. Sin un sistema de justicia sólido e independiente, no es posible garantizar la seguridad jurídica que requieren las empresas para operar y crecer.
La iniciativa de Reforma Judicial del estado de Jalisco coloca a la justicia en el centro de su agenda pública. Su objeto es fortalecer la independencia del Poder Judicial mediante mecanismos que mejoren la evaluación y selección de jueces y magistrados. En particular con la creación de la Escuela de Formación del Poder Judicial del Estado y la transformación del sistema de nombramiento de personas juzgadoras, garantizarán que el acceso a la carrera judicial sea basado en méritos y conocimientos evitando así prácticas discrecionales.
Además, la propuesta también busca impulsar la justicia digital y abierta, con un enfoque en el uso de herramientas tecnológicas que facilitarán y harán más eficientes los procesos judiciales.
Creemos que propuestas como la impulsada en Jalisco son atendibles y pueden servir como guía para las reformas que se realicen en otros estados. Sus requisitos fortalecen la independencia y profesionalización del Poder Judicial.
Desde COPARMEX seremos observadores y vigilantes, tal y como lo hemos hecho en cada proceso electoral desde 1992, para documentar, describir, testificar y señalar los aciertos y errores de lo que será la primera elección de personas juzgadoras a nivel federal; y de juzgadores a nivel local en 17 entidades federativas. Nuestra labor será exclusivamente de observación electoral, no de promoción del voto.
Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad a defender la independencia del Poder Judicial y a rechazar cualquier intento de politización de la justicia, ya que de ello depende la estabilidad democrática y el bienestar de México.
