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El
número de camas disponibles para brindar servicios de salud se redujo a la
mitad.
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Producción
energética disminuyó, a pesar de absorber 47% del gasto en inversión.
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Entidades
que reciben 35% de recursos para vivienda, presentan más carencias en este
sector.
De 2013 a 2020, el
gasto público en infraestructura ha decrecido 40%, en términos reales, mientras
que el crecimiento del país se ubicó en 2% y las tasas de pobreza superaron 40%,
en promedio, durante el periodo. Esta caída en el gasto impacta en el
desarrollo económico y humano de la población, a través de carencias
energéticas, sanitarias, educativas y de vivienda.
De acuerdo con el
documento Infraestructura en México: prioridades y deficiencias del gasto
público, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.
C. (CIEP), la inversión privada ha complementado el desarrollo en
infraestructura, principalmente en el sector energético y de comunicaciones.
Sin embargo, la inversión total no ha sido suficiente y/o utilizada de manera
eficiente para que las entidades federativas más vulnerables del país crezcan y
se mejore el bienestar de sus habitantes.
Número de camas disponibles para servicios de salud, se
redujo a la mitad
En la última década,
el número de camas disponibles para brindar servicios de salud se redujo a la
mitad. México pasó de 1.8 camas por cada mil habitantes en 2010 a 0.9 en 2020,
mientras que el gasto de inversión en salud se contrajo 57.2% en los mismos años.
El mayor recorte se presenta en la Secretaría de Salud (Ssa), que cuenta con un
total de 3 mil 635 camas fuera de operación.
La capacidad física
es distinta entre instituciones de salud, reflejo de la fragmentación del
sistema. El número de camas disponibles
por institución difiere en más de 100% donde el mayor número de camas se da
en Pemex y el menor en IMSS Bienestar. Además, en grupos de población
vulnerable las deficiencias se acentúan, por ejemplo, las mujeres en
reclusorios carecen de instalaciones adecuadas y son atendidas en servicios
médicos destinados a varones.
Producción energética cae, aunque Energía recibe 47% de
gasto en inversión
A pesar de que el
sector de energía recibe el 47% de todo el gasto de inversión pública, de 2010
a 2018, la producción energética
nacional disminuyó 30%. De 2010 a 2018, las tarifas eléctricas no han
disminuido, y la participación porcentual de las energías renovables en la
generación eléctrica total se mantiene por debajo del 18%. En la última década,
15% del gasto de inversión en energía se ha destinado a pagar pensiones y
pasivos. De 2015 a 2018, el gasto en infraestructura del sector disminuyó 52%
con respecto a 2014. Cabe destacar que, a partir de 2015, la oferta energética
doméstica ha sido menor que la demanda.
Estados que reciben 35% de recursos para vivienda,
presentan mayores carencias por calidad, espacios y servicios básicos de
vivienda
La función vivienda,
cuyos recursos financian el mantenimiento y mejoramiento de viviendas a través
de la provisión de electrificación, extensiones de cuartos y mejora de cocina,
entre otros, concentra 24% del gasto público total de inversión en 2020, del
cual 98% se transfiere a las entidades y municipios.
Es el segundo sector con más recursos públicos
de inversión y también costea obras de infraestructura relevantes al
entorno inmediato de las viviendas; por ejemplo, drenaje, alcantarillado, agua
potable, alumbrado público, calles y vialidades. Sin embargo, estos recursos
son insuficientes para contribuir a mejorar las condiciones de vivienda en los
estados más vulnerables del país. Aunque entre 2010 y 2020, Guerrero, Oaxaca y
Chiapas concentraron 35% de los recursos para infraestructura en vivienda, son
estos mismos estados los que presentan más carencias de vivienda entre 2010 y
2018.
Gasto en infraestructura educativa presenta recorte
promedio anual de 16.3%
La disponibilidad y calidad de la
infraestructura educativa es insuficiente para cubrir las necesidades del
Sistema Educativo Nacional (SEN). Entre 2010 y 2020 el gasto de inversión en
educación se redujo, en promedio, 4.8% real cada año. En particular, el gasto
en infraestructura educativa tuvo un recorte promedio anual de 16.3% real, ya
que el gasto de inversión se ha dirigido principalmente a gasto de capital
diferente de obra pública y se ha delegado mayor responsabilidad a estados y
municipios para la construcción y mantenimiento de escuelas.
El
gasto realizado en infraestructura educativa ha perdido participación en
términos porcentuales frente al gasto de inversión por medio de Participaciones
y Aportaciones, lo que implica que la responsabilidad de construir y mantener
infraestructura educativa recae en las entidades federativas y los municipios.
Sin embargo, esto complica el seguimiento del uso final de estos recursos, ante
las deficiencias en términos de transparencia y rendición de cuentas que
presenta el gasto público subnacional.
Sector de comunicación y transporte en constante mejoría
En los últimos años,
los indicadores en inversión de transporte se han mantenido constantes, mientras
que, en comunicaciones, el acceso a telefonía celular y a internet ha mejorado,
a pesar de la caída de la inversión pública desde 2015. La longitud de la red
nacional de carretera ha incrementado 8% de 2012 a 2018, mientras que las vías
férreas no han aumentado ningún kilómetro en el mismo periodo, salvo en 2016,
cuando aumentaron 0.7%. El sector de comunicaciones cuenta con la mayor
participación privada en su financiamiento, el cual asciende a 97% del total en
2020.
De acuerdo con la
investigación del CIEP, el desarrollo de infraestructura tiene el potencial de
generar beneficios a la sociedad en términos de desempeño económico, equidad y
diversas dimensiones fundamentales para desarrollo humano. La provisión de
infraestructura, a través de incrementos en la productividad y diversos
mecanismos indirectos, es un determinante importante del crecimiento económico.
De igual manera, afecta la distribución del ingreso y coadyuva al logro de los
objetivos de desarrollo en materia de educación, salud y sustentabilidad. El acceso a infraestructura y servicios
básicos también puede reducir algunas de las brechas entre hombres y mujeres,
siempre y cuando el diseño de las intervenciones tenga una perspectiva de
género.
