Desde
mayo del 2019 ha sido patente la falta de abastecimiento de
medicamentos y material médico en diversos centros médicos,
hospitales e institutos de salud en México. Uno de los sectores de
la población que se han visto más afectados por ello han sido las
personas con VIH que necesitan antirretrovirales, los pacientes con
cáncer, y la población infantil que requiere vacunas.
En
el año anterior se registraron más de 23,000 quejas por desabasto
de medicamentos y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
se tiene reportado que aumentaron un 1000% las quejas por desabasto
en el último semestre. Es decir, no se trata de un tema de desabasto
inducido o una percepción equivocada del problema.
El
presupuesto total de Salud se destina el 13% al gasto en
medicamentos, que no es una cantidad menor, pero el problema es la
ineficiencia con la que está operando el organismo regulador y,
particularmente, la implementación de la compra consolidada de
medicamentos.
La
consolidación de la demanda de medicamentos que ahora realiza la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en teoría
permite lograr ahorros, eficiencia y transparencia en estos procesos
en los procesos de compra de medicamentos y equipo médico.
Las
compras consolidadas también permiten adquirir medicamentos y otros
insumos a precios más bajos. La adquisición conjunta puede servir
para generar más competencia, así como eliminar la corrupción a
nivel federal y local de forma muy importante.
En
los últimos años las compras de medicamentos, vacunas y material de
curación, en los que han participado el IMSS, Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina
(SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), gobiernos estatales y 23
institutos de salud.
No
obstante, con la Administración actual, los procesos de
adquisiciones de insumos para el sector salud están a cargo de la
Oficialía Mayor de la SHCP, y lo que ha privado es la falta de
reglas claras y omisiones.
En
la más reciente licitación, llama la atención que se volvieron a
declararse desiertas una alta proporción de claves: el 35%. Ya no
fueron 63% desiertas como en la subasta del segundo semestre, pero es
un síntoma inequívoco de que los actuales compradores de SHCP no
logran ser eficientes.
Queda
patente también que el precio de referencia está fuera de mercado.
Esto implica que si todas estas claves no entraron en la licitación,
se compran por adjudicación directa a través de procesos opacos y
sin reglas claras.
Lo
anterior es preocupante, ya que con la compra consolidada del 24 de
diciembre, únicamente se ha avanzado en un 25% de las necesidades de
medicamentos para el 2020. Esa licitación fue solamente de genéricos
que representa unos 20,000 millones de pesos.
Aún
no se conoce cómo se adquirirá el 80% del gasto público en
medicamentos y que básicamente son los medicamentos de patente. Más
relevante aún si consideramos cuáles son el tipo de grupos
terapéuticos faltantes: oncológicos, cardiovasculares,
antibióticos, así como anticonceptivos, aparte de hepatitis C y
antirretrovirales.
El
Gobierno actual eliminó el mecanismo de la comisión negociadora de
precios de medicamentos que venía trabajando desde el 2008, y no ha
informado las nuevas reglas para estas adquisiciones de fármacos,
sigue la incertidumbre y las grandes incógnitas en torno a la
compra.
En
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
consideramos que la revisión de los procesos administrativos de
adquisición no justifica la suspensión o incumplimiento de la
protección y garantía de los derechos humanos. Es obligación de
las autoridades garantizar los tratamientos necesarios a la
población. La suspensión de los tratamientos tiene como
consecuencias graves que pueden conducir a la muerte de los
pacientes.
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