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Otorga juez amparo a la ciudadanía preocupada por la potencial propagación de Coronavirus y ordena medidas antes de las 13:00 horas del día de hoy, que garanticen la salud de las y los asistentes.
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La sentencia prevé posibles penas privativas de la libertad e inhabilitación para las autoridades responsables como el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el gobernador Jaime Bonilla entre otros.
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Además de riesgos a la salud y a la vida, consultas populares como esta, son un riesgo económico en plena antesala a una crisis mundial por la contingencia sanitaria: Coparmex.
El
Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California otorgó a un
grupo de ciudadanos preocupados por la propagación del Coronavirus
en Mexicali, una suspensión de plano para obligar a las autoridades
responsables a que, antes de la consulta y en un lapso no mayor a 24
horas presenten, implementen e informen de todas las medidas y
acciones que se desarrollen (un protocolo sanitario) para poder
prevenir y evitar cualquier riesgo de contagio del Coronavirus
COVID-19 a efectos de evitar riesgos a la salud y a la vida.
Estos
sábado 21 y domingo 22 de marzo, por instrucciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Gobernación llevará
a cabo una consulta pública donde se votará a favor o en contra de
la operación de la planta cervecera de la empresa Constellation
Brands, en Mexicali, Baja California -misma que presenta un avance de
70 por ciento en la construcción y es equivalente a una inversión
de mil 400 millones de dólares-. No obstante que dos de las
recomendaciones de las autoridades sanitarias en todo el mundo es no
llevar a cabo reuniones masivas ni congregar a personas sin que se
respete la sana distancia dado que en estas condiciones se facilita
la propagación del Coronavirus entre la población mexicalense.
Además en dicho ejercicio las personas que asistan, mantendrán
contacto con plumones y boletas que podrían ser transmisores del
mismo virus.
En
caso de incumplimiento de esta protección jurídica por parte de las
autoridades responsables, entre ellas el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria de Gobernación (SEGOB),
Olga Sánchez Cordero Dávila; al subsecretario de Gobernación,
Ricardo Peralta Saucedo, el Juez Federal determina en el expediente
285/2000 la posibilidad de sanciones privativas de la libertad y
destitución de dichas y dichos funcionarios.
Además
del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur; a la presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario
Piedra Ibarra; al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla
Valdez; y a la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
Blanca Jiménez Cisneros, y "terceros interesados".
"[...]
Los efectos y consecuencias del acto reclamado que han quedado
precisados, consistentes en la omisión de las autoridades
responsables de dictar medidas sanitarias suficientes para evitar la
propagación de la epidemia denominada COVID-19, entre los asistentes
a la consulta pública reclamada, sí configura un acto prohibido por
el artículo 22 Constitucional, pues impactan en el derecho a la
salud, y a la postre, en el derecho a la vida de la comunidad
mexicalense a la que pertenecen los quejosos, lo que obliga a este
Órgano Jurisdiccional a pronunciarse sobre la media cautelar
solicitada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo,
únicamente por lo que hace a dichos efectos y consecuencias del acto
reclamado (medidas de prevención de riesgo sanitario)", indica
la resolución judicial.
En
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX),
consideramos que con su decisión de realizar la consulta, además de
poner en riesgo la salud de las familias mexicalenses, el titular del
Poder Ejecutivo Federal está poniendo en riesgo la inversión
industrial más importante que se ha dado durante las últimas
décadas en Baja California en plena antesala a una fuerte crisis
económica mundial por la contingencia sanitaria que a afectado a
cientos de miles de personas en todo el mundo.
“La
insólita consulta que se refiere a cualquier inversión privada, más
allá de su resultado, sentaría un grave precedente para la
certidumbre en las futuras inversiones en México, mismas que se
podrían posponer o, incluso, detener, debido a la falta de seguridad
jurídica para llevarlas a cabo”, indicó Gustavo de Hoyos,
presidente de COPARMEX.
No
obstante que la empresa Constellation Brands ha cumplido a lo largo
de los años con todos los permisos y las autorizaciones requeridas
por las autoridades, y que ha demostrado en los tribunales federales
y locales que le asiste la ley, y que ha mantenido un diálogo
continuo con el Gobierno Federal asumiendo compromisos comunitarios
más allá de sus obligaciones legales, de forma repentina e
irresponsable, el Gobierno Federal arriesga de forma temeraria una
importante inversión, las fuentes de trabajo asociadas a la misma, y
como indica la resolución del Juez Cuarto de Distrito en el Estado
de Baja California, la salud de la ciudadanía citada a participar
por la SEGOB, sin más consideraciones que las políticas.
En
la COPARMEX consideramos que al Gobierno le corresponde brindar
certidumbre y confianza a los inversionistas. Si hubiese existido
algún acto ilegal, si hubiese existido un permiso que se haya
otorgado de manera inadecuada a Constellation Brands, la vía
correcta para que se revise es precisamente a través de las propias
facultades de las autoridades, ejercidas con estricto apego a
derecho.
En
la COPARMEX hacemos un llamado al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, y a todo su Gobierno, para que entienda la gravedad de la
coyuntura económica, la circunstancia tan compleja que atraviesa
México y el mundo.
Este
es el peor momento para que México lance al mundo una señal de
desconfianza. Ojalá que la cordura, la altura de miras y el bien por
México sea lo que inspire de ahora en adelante las decisiones del
Gobierno Federal.
La
COPARMEX apoyará a la ciudadanía afectada como en este caso y hará
valer todos los medios legales a su alcance, para evitar que, en este
y otros casos, se materialice la acción destructiva sobre fuentes de
trabajo y se afecte el desarrollo del País, fruto de la
irracionalidad en el ejercicio del Gobierno Federal.
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