Luego del informe del Informe del Relator
Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes
Lamentó que en el gobierno del estado de
México persista esta práctica por parte de los elementos policiales
Llamó a examinar la medida del uso de ciertos
tipos de armas, dispositivos de control de disturbios u otros medios de hacer
cumplir la ley
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino
Ladrillero” (CDHZL) exigió al Estado mexicano desterrar el abuso de uso de la
fuerza ejercido sistemáticamente por elementos policiales, luego de que la
Organización de Naciones Unidas (ONU) calificara esta práctica como un acto de
tortura, el cual es sancionado por el marco jurídico internacional.
Su coordinador general, Antonio Lara Duque
lamentó que en nuestro país —y, particularmente en la entidad mexiquense, que
gobierna Alfredo del Mazo— persista el uso de la tortura, tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, en el marco de algún arresto, es decir, una
vez que una persona ha sido detenida, encarcelada o privada de su libertad.
El abogado hizo ver que la medida —y la forma
de prohibir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes—
se aplica al uso de la fuerza por los agentes del Estado en contextos ajenos al
marco de alguna detención (uso de la fuerza “al margen de la detención”) aún no
han sido objeto de un examen sistemático.
El también profesor universitario, dijo que
esta cuestión es particularmente pertinente en los casos en que los agentes del
Estado “recurren a la fuerza de manera innecesaria, excesiva o de otro modo
ilícita, sin menoscabar necesariamente el derecho a la vida, por ejemplo,
durante la detención y en el curso de operaciones de detención y registro y de
control de masas”.
“Si bien los Estados deben estar en
condiciones de utilizar todos los medios legítimos y apropiados, incluida la
fuerza necesaria y proporcionada, a fin de mantener la seguridad y el orden
públicos, la experiencia demuestra que el uso de la fuerza en entornos
insuficientemente controlados conlleva un riesgo importante de arbitrariedad y
abuso”, apuntó el Ombudsman.
El coordinador del CDHZL —organización no
gubernamental que ha sido distinguido con el Premio Nacional de Derechos
Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”— dijo que el informe presentado por Consejo
de Derechos Humanos (A/HRC/34/54), debe
ser analizado por los integrantes del Congreso de la Unión a fin de examinar la
forma en que se prohibe el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, a fin de alinear el marco jurídico vigente en nuestro
país, en las diversas entidades y la ciudad de México.
“Hay que examinar en qué medida el uso de
ciertos tipos de armas, dispositivos de control de disturbios u otros medios de
hacer cumplir la ley tenían que considerarse intrínsecamente crueles, inhumanos
o degradantes, teniendo en cuenta sus consecuencias inmediatas o a largo
plazo”, refirió Lara Duque.
El defensor recordó que en febrero pasado los
legisladores del congreso mexiquense aprobaron modificaciones al marco jurídico
local a fin de regular el uso de la fuerza pública, misma que es conocida
también como la “Ley Eruviel o Ley Atenco”, promovida por el entonces
gobernador de la entidad Eruviel Ávila.
“Las modificaciones facultan a los
integrantes de la policía estatal o municipal a intervenir con violencia cuando
consideren “ilegal” alguna manifestación o protesta, lo que legitima abusos
policiales como los registrados en Atenco, en 2006”, señaló Lara Duque.
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