Julio de 2022
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Contexto
En julio fue asesinado Crispín Reyes Pablo, ex agente municipal y defensor comunitario de derechos humanos que acompañaba a 128 familias ayuukjä'äy desplazadas en 2017 de manera violenta de la comunidad de Guadalupe Victoria, en San Juan Juquila Mixes, Oaxaca, en el marco de un conflicto agrario. Crispín Reyes ya había recibido amenazas debido a su labor en defensa de los derechos humanos.
Tras el asesinato, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares con el fin de garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas acompañadas por el defensor. Entre otras medidas, solicitó a la Fiscalía General del Estado implementar las medidas de protección necesarias y a la Secretaría de Seguridad Pública realizar recorridos de vigilancia en la zona en conflicto.
Se reportó que las familias desplazadas que eran acompañadas por Crispín, entre las cuales se encuentran mujeres, niñas/os y personas adultas mayores, actualmente se encuentran viviendo en una situación de pobreza extrema y olvidadas por el Estado, careciendo de alimentos, atención médica, vivienda adecuada y educación. La CNDH se manifestó sobre el asesinato de Crispín Reyes y destacó la necesidad de que se ofrezca la atención necesaria a estas familias.
La violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos es un problema grave en México, y particularmente en el estado de Oaxaca. Entre enero de 2015 y junio de 2022, la DDHPO abrió 272 investigaciones relacionadas con agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con el Mecanismo federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional con respecto a personas defensoras bajo su protección. Asimismo, entre 2018 y julio de 2022 el Mecanismo ha documentado 16 homicidios de personas defensoras en Oaxaca, de un total de 106 ocurridos en el país.
Nuevos desplazamientos
Alrededor de 850 familias —un estimado de 3,396 personas— fueron desplazadas de los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria como consecuencia de la violencia generada por la irrupción de grupos armados y por los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad pública.
En el municipio de Larráinzar, 15 personas de dos familias se vieron obligadas a desplazarse de la comunidad de Chuchiltón tras recibir amenazas por no haber pagado la multa que les impusieron por no cooperar para la realización de una fiesta religiosa, ya que pertenecen a otra religión. Las familias desplazadas también fueron despojadas de sus pertenencias.
¿Qué más ocurrió en julio?
En la presentación del libro Desplazamiento forzado interno en México: del reconocimiento a los desafíos, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, declaró que la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno se encuentra detenida en el Senado de la República debido al proceso de evaluación del impacto presupuestario, el cual es un “análisis de la capacidad financiera y presupuestal que tiene el Estado mexicano para hacer viables las leyes”. La iniciativa de ley fue aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre de 2020.
Durante el mismo evento, el funcionario reconoció que la respuesta del Estado mexicano ha sido insuficiente para resolver la situación de desplazamiento interno en el país.
En sesión de la Comisión Especial para Atender la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, destacó que es fundamental implementar una estrategia integral para hacer frente al desplazamiento interno, fenómeno que “empuja a las infancias hacia un contexto de mayor vulnerabilidad”.
Chiapas
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo
a comunidades indígenas chiapanecas para supervisar la implementación
de las medidas cautelares otorgadas en 2017 y 2018 a favor de familias
indígenas tsotsiles de 22 comunidades en los municipios de
Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama.
- En la visita estuvieron presentes la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, y la Secretaria Ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi.
- Las medidas cautelares (No. 882-17 y No. 284-18) fueron otorgadas para proteger la vida e integridad de las comunidades beneficiarias ante hechos de violencia y desplazamiento forzado.
- De acuerdo con la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, “[e]sta visita nos permitió verificar una positiva colaboración y cooperación para buscar la resolución de los conflictos en el territorio; así como la labor de la sociedad civil y de la iglesia en la atención humanitaria y labores de pacificación. Durante los recorridos recibimos con preocupación los testimonios de que la población vive con miedo por la violencia, la cual impacta en la vida de mujeres, niñas, niños. El Estado tiene la obligación de continuar desplegando el máximo de sus esfuerzos para poner fin a la violencia, reparar a las víctimas y reconstruir un tejido social que está demandando paz".
- Consulta aquí el comunicado oficial sobre la visita.
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Se reportó que debido a los hechos de violencia que se llevaron a cabo a mediados de junio en un mercado en San Cristóbal de las Casas, miles de personas indígenas de Zinacantán se vieron obligadas a abandonar los negocios de flores que tenían en el lugar y regresar a su municipio de origen.
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Cuatro familias desplazadas hace más de diez años de la comunidad de Banavil, en el municipio de Tenejapa, por un conflicto agrario señalaron que no han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades. Las familias exigieron justicia por el asesinato de uno de sus familiares y pidieron al gobierno estatal que esclarezca los hechos y las apoye para retornar con seguridad a sus hogares.
Chihuahua
- A pesar de que se acercan los plazos establecidos por la CNDH en su Recomendación No. 96/2022, emitida el 29 de abril de este año sobre el caso de desplazamiento interno forzado de 120 personas originarias de las comunidades de El Manzano y Monterde, en los municipios de Uruachi y Guazapares, las autoridades correspondientes no han avanzado en su cumplimiento.
Guerrero
- En seguimiento al Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, autoridades estatales llevaron a cabo una reunión de trabajo con las y los presidentes municipales y representantes de los municipios de Zitlala, Coyuca de Catalán, Zirándaro, Juan R. Escudero, Apaxtla de Castrejón, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo y José Joaquín de Herrera. Entre los acuerdos de la reunión, se estableció “realizar visitas de campo a dichos municipios por parte de la Secretaría General de Gobierno, así como establecer la relación interinstitucional con el gobierno estatal”.
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La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, declaró que tiene el compromiso de garantizar que ya no haya desplazamientos por el crimen organizado en Guerrero y que para ello llevarán servicios y seguridad a las comunidades que son afectadas por la violencia criminal.
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Unas 305 familias desplazadas por violencia de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo no han podido acceder a apoyos gubernamentales en materia de salud, educación, vivienda y alimentación porque no han sido reconocidas como víctimas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto, de acuerdo con el organismo, se debe a la insuficiencia de recursos financieros para otorgar dicho reconocimiento.
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Dependencias estatales entregaron colchonetas, cobertores y kits de aseo a 28 familias desplazadas que se encuentran en el municipio de Ayutla de los Libres.
- El 12 de julio se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del estado de Michoacán. Durante la sesión, tomaron protesta las cinco personas ciudadanas que formarán parte del Comité como representantes de la sociedad michoacana y se presentaron el reglamento y plan de trabajo del Comité.
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En respuesta a la situación de desplazamiento y violencia en Michoacán, el Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), en conjunto con la Secretaría del Migrante del estado y UNICEF, desarrolló un programa piloto con actividades de capacitación e inserción laboral orientadas a ofrecer a los jóvenes mecanismos para afrontar la situación de inseguridad.
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De acuerdo con la diputada Fanny Arreola, de las 60 familias desplazadas por la violencia con las que mantiene contacto, solo una ha decidido retornar a su lugar de origen. Por temor de retornar, las demás familias han decidido continuar con procesos de solicitud de asilo político en los Estados Unidos o buscar reconstruir su vida en otro lugar del país.
Oaxaca
- El alcalde y el regidor de hacienda de San Esteban Atatlahuca fueron detenidos como presuntos responsables de los ataques armados de octubre de 2021 que dejaron a 132 familias desplazadas, dos personas muertas, cinco personas desaparecidas y más de 100 casas incendiadas. Tras las detenciones, se suspendió el retorno de 58 familias desplazadas de la comunidad de Guerrero Grande, el cual estaba previsto para ocurrir el día siguiente, por considerarse que no existían condiciones de seguridad.
Sinaloa
- De acuerdo con la titular de la Secretaría de Bienestar del estado, el programa de atención a personas desplazadas es uno de los programas prioritarios de la dependencia, y cuenta con un presupuesto de 60 millones de pesos.
Tamaulipas
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Se inauguró en la ciudad de Matamoros el tercer Centro Integrador para el Migrante de México, el cual ofrecerá alojamiento, comida, atención médica y servicios de inserción laboral a personas migrantes, desplazadas, refugiadas y repatriadas.
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