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Creció
1.4 puntos el porcentaje de ocupados informales con un ingreso laboral
promedio por debajo de la canasta básica del primer trimestre 2021 al
segundo:
Coneval
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Ottobock,
compañía alemana con más de 100 años de experiencia en la atención a
personas con discapacidad, asegura que, para las personas con
discapacidad, la
recuperación económica llevará mucho más tiempo
Ciudad de México. –
De
acuerdo con los datos del último informe de Consejo Nacional para la
evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), este año la
tasa de pobreza laboral en el segundo
trimestre se ubicó en 38.5 por ciento, un dato superior al reportado
previo a la pandemia, cuando el porcentaje era de 35.6 por ciento.
Aunque ha habido signos de recuperación con respecto a 2020, llama la
atención el crecimiento de ocupados informales con
un ingreso laboral promedio por debajo de la canasta básica, el cual
pasó de 19.8% a 21.2% del primer al segundo trimestre de 2021.
“Estas
cifras muestran que el impacto económico para determinados grupos de
población como son las personas con discapacidad ha sido mucho mayor,
ya que muchas de ellas ya trabajaban en la informalidad antes de la
pandemia y con la cuarentena dejaron de poder realizar sus actividades
diarias y generar ingresos durante año y medio. Otros que sí tenían un
empleo formal, fueron los primeros en ser despedidos
o fueron víctimas de discriminación por su condición. Para ellos la
recuperación llevará mucho más tiempo”, alerta Mónica Guadalajara,
directora para México, Centroamérica y Caribe de Ottobock, compañía
alemana con más de 100 años de experiencia en la atención
a personas con discapacidad.
Según
datos de la Fundación Paralife, el 70% de las personas con discapacidad
en México trabajaba en la economía informal antes de la pandemia.
“Este porcentaje sin duda se ha incrementado como consecuencia de la
crisis sanitaria que todavía vivimos”, dice Guadalajara.
“Te
podría decir que alrededor del 80 por ciento de las personas con
discapacidad perdieron su empleo”, asegura Rita Romanowsky, Directora
del
Comité de Calidad de Vida de Fundación Inclúyeme, organización que
promueve la plena inclusión de las personas adultas con discapacidad
intelectual a través de acciones con un enfoque de derechos, como el
apoyo al empleo y apertura de oportunidades laborales
en el mercado regular.
A
raíz del empeoramiento de las condiciones de trabajo y la situación
para muchas personas con discapacidad, la fundación Inclúyeme creó en
noviembre de 2020 un centro de desarrollo de habilidades con un curso
propedéutico para una colocación más eficaz en empleo competitivo y
regular. “Porque nos dimos cuenta que los muchachos regresaban a sus
casas sin un ingreso, sin ocupación, lo que dio lugar
a situaciones críticas”, explica Rita.
Entre
las habilidades que se fomentan en el curso, que dura tres meses,
destacan las socio-afectivas, adaptativas, emocionales, destrezas para
el trabajo, presencia, manejo del dinero, manejo de la tecnología,
entre otros. Ya ha habido cuatro generaciones que han pasado por el
curso propedéutico y cada generación cuenta con diez candidatos. “Una de
las principales barreras para la inclusión laboral
en México es la falta de concientización con respecto a las habilidades
que las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva,
motora o de otra índole tienen”, explica Rita.
Yaotzaneth
Díaz, quien es seleccionada nacional de basquetbol en silla de ruedas,
perdió su empleo durante la pandemia como consecuencia de
un recorte en la agencia en la trabajaba. Yao perdió una pierna luego
de que, hace 13 años, un autobús la arrollara en la Ciudad de México. Su
extremidad inferior quedó destrozada y no tuvo otra opción más que la
amputación.
“Es
necesario concientizar a otros que, aunque tenga una amputación, cuento
con plenas capacidades físicas y mentales para desarrollar diversas
tareas y actividades, no soy una carga; con ello también está el
defender mis derechos de igualdad de condiciones, porque no por ser una
mujer amputada deba tener desventajas en salarios, oportunidades y
condiciones”, cuenta Yao, quien comenzó a trabajar en
el equipo de Ottobock en México meses después de haber perdido su
empleo.
Para
Yao, son muy pocas las empresas que tienen programas incluyentes de
contratación y cree que los apoyos públicos para el empleo no son
suficientes.
“En México existe una ley de impuesto sobre la renta (ISR) que
contempla beneficios fiscales para las empresas al contratar personas
con discapacidad, pudiendo deducir 100 por ciento con respecto a la
retención del impuesto que le hacen al salario del trabajador
o puede deducir el 25 por ciento sobre el salario anual de la persona”,
explica
Sherezada Martínez, subdirectora de inclusión laboral en la fundación Inclúyeme.
Para
que la empresa pueda hacer la deducción sobre el ISR, tienen que
tramitar un certificado de discapacidad que emite el IMSS. “Aquí hay una
brecha gigantesca. La ley dice que, para poder deducir, la persona debe
tener el 80 por ciento o más de limitación sobre su funcionalidad para
que el IMSS pueda emitir ese certificado. En el caso de la discapacidad
intelectual, si alguien tiene ese porcentaje
implica que esa persona no podría trabajar. Si hablamos de discapacidad
física o motora, se consideraría a alguien que sólo pudiera mover el 20
por ciento de su cuerpo”, detalla la experta y alerta de que al final
son muy pocas las personas que entran en ese
esquema.
Asegura
que, al realizar la deducción impositiva en base al salario, el monto
es mínimo y muchas empresas prefieren hacer donativos en lugar
de contratar. Otros beneficios que otorga la ley es el poder deducir el
100 por cien del costo de capacitaciones sobre discapacidad o las
adecuaciones para que las oficinas sean accesibles. Además, aquellas
empresas que contraten personas con discapacidad
suman puntos para ganar licitaciones en proyectos de gobierno.
No
obstante, en el sector creen que esto no es suficiente y consideran que
hay una falta de servicios en material de preparación. “No existen
centros de calidad para el desarrollo de habilidades para el trabajo en
personas con discapacidad. Esta falta de acceso a servicios de
capacitación, pone a las personas con discapacidad en desigualdad con
respecto a otros en el mercado regular de empleo”,
asevera Rita.
Aunque
hay algunos cursos organizados por la Dirección General de Centros de
Formación para el Trabajo (CECATI) y otras instancias de gobierno
como el CAM laboral de la Secretaría de Educación Pública, el programa
Pilares del gobierno de la Ciudad de México y los programas de algunas
instancias del DIF; Rita considera que éstos son insuficientes y muchos
de ellos son espacios segregados y protegidos,
que no tienen vínculo con el mercado regular del trabajo. Agrega que en
la inclusión laboral también debería considerarse el acompañamiento en
todo el proceso de integración.
“En
México estamos carentes de un sistema de evaluación de habilidades
eficaz con base a la persona, a nivel gobierno se sigue encasillando
a la persona”, cuenta Sherezada quien menciona el sistema
Valpar,
método de evaluación de habilidades que utiliza la Secretaría del
Trabajo y el DIF, por el cual el ciudadano recibe de manera gratuita un
certificado con las habilidades
y el tipo de trabajo que puede desempeñar. “Es una prueba inaccesible
para personas con discapacidad intelectual”, añade Sherezada.
Comenta
que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue una de las
iniciativas estrella del actual gobierno para realizar prácticas
profesionales con una beca, no contempló acompañamiento a las empresas
para la integración de las personas con discapacidad, lo que también
dificultó la inclusión y tuvieron varios casos fallidos por esta
cuestión.
Hay
una brecha entre los números de los corporativos y la realidad en la
operación. Aunque hay empresas que sí cuentan con áreas de inclusión
y están haciendo esfuerzos para incluir a personas con discapacidad y
capacitar a sus gerentes, en la operación no siempre funciona la
relación laboral o no es una inclusión laboral real, a veces por falta
de comunicación o acompañamiento cuenta Sherezada.
A
futuro, lo que se necesitaría es capacitar a las instancias de recursos
humanos al interior de las empresas para garantizar que ellas puedan
dar el seguimiento y resolver los retos que representa la inclusión,
añade Rita. Actualmente, existen iniciativas como “Éntrale”, que es una
plataforma creada por el Consejo Mexicano de Negocios, cuyo objetivo es
servir de puente entre empresas, ONGs y personas
con discapacidad para fomentar y apoyar el empleo inclusivo. Esta ya
cuenta con más de 800 empresas aliadas y ha logrado emplear a casi 10
mil personas con discapacidad en el mercado regular de trabajo.
