· Busca ampliar dirigencia del PRI por ocho años más. lograría su sepultura
· Sus primeros cuatro años como presidente del partido, fueron funestos para el priismo nacional
· Las acusaciones de falta de honestidad de “Alito siguen vigentes por malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción, enriquecimiento inexplicable, etc, etc.
El anuncio de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, de modificar los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –en una condición unipersonal—para ampliar hasta por ocho años más su cargo de presidente del instituto político, sería suficiente para que los priístas conscientes lo despidieran “ipso facto” por esa y muchas otras razones. Entre ellas, destaca la “derrota brutal” en la elección presidencial recién pasada.
Simplemente no tiene vergüenza ni escrúpulos. Lo menos que se espera es su renuncia a la conducción del partido y salir “por la puerta trasera –como decían los abuelos: con la cola entre las piernas”. De conseguir su permanencia, solamente sería para la sepultura del priismo.
El resultado de sus primeros cuatro años como presidente del partido, fueron funestos para el priismo nacional y para “Alito”: propició la “desbandada” de gran número de militantes. Algunos decidieron “refugiarse” en su contrincante MORENA, o esperar un tiempo mientras cambiaban las circunstancias. Sin embargo, tendrían que esperar ocho años más, una vez que el “dirigente formal” cumpla su capricho.
Eso fue vergonzoso para viejos y nuevos integrantes del PRI, “en vida y fallecidos”. Pongamos por ejemplo en este caso, a dos ya desaparecidos: Don Jesús Reyes Heroles y Carlos A. Madrazo. Dos auténticos luchadores políticos de “pura cepa”. Donde se encuentren, coincidirán en lo lamentable que no hayan surgido mejores dirigentes del partido, capaces de afrontar una actualidad compleja y difícil de superar.
Esto debió haber ocurrido antes de la llegada de Moreno Cárdenas a la dirigencia priísta nacional, sobre todo que “traía arrastrando una cauda terrible de sustracción fraudulenta de recursos públicos en su desempeño como dirigente estatal del propio partido y posteriormente como gobernador de Campeche”.
La unión de tres partidos de oposición al régimen, PRI, PAN y PRD, fue la primera falla para “ventilar” posibilidades de triunfo en la contienda contra el partido gobernante. Esta decisión resultó insuficiente para confrontar una lucha tan siquiera digna, en las aspiraciones del partido y de la candidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez.
En tan sólo cuatro años, “Alito” hizo añicos al PRI. Para ser concretos, las actitudes de Moreno Cárdenas, de querer mantenerse al frente del partido, hasta por ocho años más, después de los primeros cuatro que ha cumplido al frente del mismo con resultados funestos para el sistema político mexicano, son totalmente inexplicables.
Cuando un proyecto de gran envergadura, como en su momento se llegó a plantear para recuperar estrategias de gobierno y de promoción de la militancia partidista, se impuso a un Comité Ejecutivo Nacional –encabezado por el mismo Alejandro Moreno— sin fuerza ni experiencia, desconocido para la militancia nacional. Lo primero que hizo, fue correr a integrantes con décadas de experiencia, ex gobernadores, consejeros e integrantes del Consejo Político Nacional del PRI.
Durante su periodo de gobierno en Campeche, de 2015 a 2019, fue reportado un desvío de recursos del estado, por un monto aproximado de 4 mil millones de pesos. En total, la Auditoría Superior de la Federación reportó más de 90 irregularidades correspondientes al sector de la salud y al pago de nóminas.
Las acusaciones de falta de honestidad de “Alito” ante la justicia federal y estatal de Campeche, siguen vigentes por malversación de fondos, tráfico de influencias, desvío de fondos federales, corrupción, enriquecimiento inexplicable, fraude fiscal, la casa ubicada en Lomas del Castillo, valuada en 300 millones de pesos en uno de los fraccionamientos más lujosos de Campeche y que cuenta albercas, sala de cine, un Cadillac convertido en bar, más lo que se acumule.
Podría ser que el dirigente priista, al negarse a dejar la dirigencia del partido, busque en el Congreso la protección que requiere para eludir la acción de sus acusadores federales y estatales.
