Se lleva a cabo en Valle de Bravo, Estado de México, la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
La PGR y la Fiscalía de Justicia del Estado de México llevarán a la mesa de análisis, una iniciativa para la construcción de una Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada.
Valle de Bravo, Estado de México, 4 de diciembre de 2017. El Gobernador Constitucional del Estado de México, Alfredo Del Mazo, y el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, inauguraron la XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la localidad mexiquense de Valle de Bravo.
El también presidente en suplencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que durante los trabajos de las 33 procuradurías y fiscalías, se presentará la propuesta del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, construido con solvencia técnica y legitimidad política, a fin de convertirlo en un instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.
Reseñó que esta propuesta de modelo ya implementado internamente en la PGR como piloto, gira en torno a cinco puntos torales: una política criminal de seguridad pública y de justicia penal; un esquema de gobernanza y administración que incluya el liderazgo institucional, así como a áreas operativas, transversales y de soporte; además de un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva basado en un plan de persecución penal.
También contempla un modelo de investigación y de funcionamiento que abarque los procesos desde la denuncia o querella, hasta la solución de los conflictos; además de otro de operación sustantiva que administre la demanda de servicios de procuración, a través de la política criminal y del plan de persecución penal, así como de funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de investigación, además de mecanismos alternativos de solución de controversias.
En el marco de este modelo, también se fortalecerá a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de diferentes acciones como dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciber-investigaciones; crear una Oficina Nacional de Política de Drogas, e integrarle un Centro académico de formación y desarrollo para que capacite a sus agentes.
El modelo implica elevar la importancia de los servicios de investigación criminal, inteligencia y servicios periciales, ya que los mismos no sólo prestan apoyo a la función ministerial, sino que además el análisis empírico del fenómeno delincuencial, realizado a través de estos servicios, es la principal fuente para definir tanto la política criminal como los planes de persecución penal, así como para actuar de manera proactiva frente al fenómeno.
Durante su intervención, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza indicó que el Estado de México trabajará de manera coordinada y cercana con la ciudadanía, organizaciones civiles y las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia, para conseguir la paz y tranquilidad que la población pide.
“En el Estado de México tenemos la firme convicción de que el trabajo coordinado y en equipo es la fórmula para traer paz y tranquilidad a nuestra gente. Hoy hago patente nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para atender la principal preocupación de los mexiquenses, y de todos los mexicanos: la seguridad”, señaló.
También refirió que en el Estado de México se han dado pasos fundamentales para lograr esos objetivos, al transitar de una Procuraduría de Justicia a una Fiscalía autónoma, con muchas mayores capacidades operativas y procesales. De igual manera, dijo, se creó la Secretaría de Seguridad del Estado y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, instituciones que trabajan siempre de manera conjunta y coordinada.
Al referirse a la delincuencia organizada, Alberto Elías Beltrán dijo que es una manifestación exacerbada de la delincuencia común caracterizada, entre otros factores, por mayores términos de violencia; un alto beneficio económico de sus acciones; estructura criminal materialmente institucionalizada; pérdida de espacios públicos; y descomposición del tejido social.
Mencionó que por estas razones, tiene capacidades y recursos suficientes para corromper la esfera pública y debilitar el orden constitucional ya que se ha diversificado y ha traído como consecuencia múltiples condiciones que favorecen la impunidad y que dificultan la acción persecutoria del Estado, además de generar operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de mayor violencia.
Este planteamiento, dijo, pudiera generarse sobre las siguientes premisas: reconocer que su combate implica responsabilidad compartida; establecer una política criminal que priorice la prevención, investigación, persecución y sanción; fortalecer las capacidades de las instituciones locales para combatirla; y establecer mecanismos de colaboración, cooperación y coordinación para el intercambio de información, en todos los órdenes de gobierno y niveles.
Con base en lo anterior, la Procuraduría General de la República, en conjunto con las fiscalías y procuradurías del Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, trabaja en un anteproyecto de iniciativa de Ley para someterlo el siguiente año a la consideración de la Conferencia.
En este sentido, Alejandro Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía de Justicia estatal, comentó: “Pondremos en la mesa el análisis de la construcción de una Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada, que con los debidos candados y salvaguardas, dé competencia a las autoridades estatales, así como también dote de las herramientas jurídicas para la investigación y persecución de este delito”.
Alberto Elías Beltrán mencionó que basada en el espíritu del federalismo cooperativo, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia debe encontrar soluciones comunes a las necesidades de seguridad, paz, justicia y honestidad que demanda la sociedad, particularmente en cuatro de los diez principales problemas que afectan a la sociedad mexicana: como inseguridad, corrupción, impunidad y narcotráfico.
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