El 82%
de los usuarios en México usa ahorros para gastos diarios, reduciendo su
capacidad de enfrentar imprevistos y planificar objetivos financieros.
El endeudamiento se
ha consolidado como una de las expresiones más visibles de la fragilidad
financiera de los hogares en América Latina y, en particular, en México. Más
allá de los números, la deuda dejó de ser únicamente un instrumento para
adquirir bienes de largo plazo y se transformó, para millones de personas, en
una vía para sostener el consumo cotidiano. Alimentos, servicios básicos,
gastos médicos o imprevistos se financian cada vez con mayor frecuencia a
crédito, lo que genera una relación compleja entre ingresos, obligaciones
financieras y bienestar económico. En este contexto, la morosidad aparece no
solo como un indicador técnico del sistema financiero, sino como un reflejo de
tensiones estructurales que atraviesan a las familias.
En México, el
fenómeno adquiere una dimensión particularmente relevante. De acuerdo con la
Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), el 36.2 % de los adultos
reporta tener algún tipo de deuda, ya sea a través de tarjetas de crédito,
préstamos personales o financiamientos diversos. A esto se suma que, según
datos del INEGI,
el 16.1 % de las personas considera que su nivel de endeudamiento es alto o
incluso excesivo, una percepción que da cuenta de la presión financiera que
enfrentan amplios sectores de la población. Lo más preocupante es que una parte
creciente de estos compromisos no se destina a proyectos productivos o a la
adquisición de activos duraderos, sino a cubrir necesidades básicas, lo que
reduce el margen de maniobra futura.
Esta dinámica ha
derivado en un círculo difícil de romper. Para muchos hogares, una deuda sirve
para cubrir otra, los pagos mínimos se vuelven la norma y los intereses
comienzan a acumularse. Informes privados, como el reporte “Deudas de los
mexicanos: motivos, soluciones y retos”, publicado por Bravo en 2024, revelan
que el 65 % de los deudores solo paga el mínimo de sus tarjetas de crédito, una
práctica que prolonga el endeudamiento y encarece de manera significativa el
costo total del crédito. A ello se suma que el 82 % de los usuarios, según una
encuesta interna de la misma firma en 2025, utiliza sus ahorros para cubrir
gastos cotidianos, debilitando su capacidad de enfrentar imprevistos o de
planificar objetivos de mediano y largo plazo.
El crecimiento de
la deuda de los hogares confirma esta tendencia. Datos del Banco de México
indican que en mayo de este año el endeudamiento total de las familias alcanzó
los 90,875 millones de pesos, lo que representa un aumento anual de 12.3 % y el
nivel más alto registrado para un mes de mayo desde la etapa más crítica de la
pandemia. En solo 12 meses, el monto se incrementó en aproximadamente 10.000
millones de pesos, en un contexto marcado por inflación persistente, tasas de
interés elevadas y un mercado laboral con señales de fragilidad. En promedio,
cada hogar mexicano mantiene una deuda de 40.749 pesos, cifra que implica un
crecimiento de 15.3 % respecto al año anterior y que refleja una mayor presión
sobre los ingresos familiares.
Al analizar la
composición de este endeudamiento, se observa una combinación de compromisos de
largo y corto plazo. Según la Encuesta Nacional de Financiamiento de los
Hogares (ENFIH) 2019, el 38.7 % de la deuda corresponde a créditos
hipotecarios, mientras que el 44.6 % se concentra en deuda no hipotecaria,
donde destacan tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos de nómina. En particular, las
tarjetas de crédito representan alrededor del 11.5 % del total, un segmento
altamente sensible a las variaciones en tasas de interés y condiciones de pago,
pero atractivo por su disponibilidad inmediata.
De hecho, el uso de
tarjetas de crédito continúa en expansión. Cifras de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores muestran que el número de contratos pasó de 35.1 millones
en agosto de 2024 a 38 millones en el mismo mes de 2025. En paralelo, el saldo
de la cartera alcanzó los 645,100 millones de pesos, con un crecimiento real
anual de 8.3 %. Instituciones como BBVA México y Banamex concentran la mayor
cantidad de plásticos emitidos, seguidas por Santander y BanCoppel, lo que
evidencia la relevancia de este producto dentro del portafolio de consumo.
A pesar del aumento
en el uso del crédito, la morosidad en tarjetas bancarias se ha mantenido
relativamente contenida. En agosto, el índice se ubicó en 3.23 %, ligeramente
por debajo del mes previo y del mismo periodo del año anterior. No obstante,
existen diferencias importantes entre instituciones, con niveles más elevados
en entidades como BanCoppel y Banco Azteca. Este control en la morosidad
convive, sin embargo, con tasas de interés elevadas, ya que en febrero, el
costo promedio de las tarjetas se situó en 38.3 %, lo que incrementa el riesgo
de sobreendeudamiento para quienes no logran cubrir más que el pago mínimo.
Frente a este
panorama, han ganado espacio las fintech como alternativa a la banca
tradicional. Plataformas digitales de crédito y gestión financiera ofrecen
procesos más ágiles y, en algunos casos, mejores condiciones. Modelos como el
financiamiento entre personas han permitido consolidar deudas y reducir costos.
Yotepresto, por ejemplo, reporta haber facilitado créditos por más de 4,000
millones de pesos y un ahorro acumulado en intereses superior a los 1,000
millones para sus usuarios. La consolidación de deudas, que agrupa varios
compromisos en un solo crédito con tasa menor y pagos claros, se ha posicionado
como una herramienta para ordenar las finanzas y evitar el deterioro del
historial crediticio.
Aún así, estas
soluciones no son universales. El acceso sigue condicionado por el historial
crediticio, el nivel de ingresos y la conectividad digital, y su efectividad
depende de una gestión responsable del nuevo crédito. Además, persisten mitos
en torno a la deuda, como el temor a sanciones penales por falta de pago, que
generan ansiedad y decisiones financieras poco informadas. En este sentido, la
educación financiera emerge como un elemento central. Fortalecer el
conocimiento sobre presupuestos, ahorro
e inversión permite redefinir el papel del crédito y evitar que se
convierta en una carga permanente.
¿Qué pasa si no se
paga una deuda en México?
El incumplimiento en
el pago de una deuda no solo tiene implicaciones económicas inmediatas, sino
también consecuencias legales y regulatorias que todos los deudores deben
conocer para tomar decisiones informadas. En México, la legislación y los
organismos encargados establecen un marco claro sobre lo que puede y no puede
ocurrir cuando una obligación financiera queda impaga, y también protegen al
consumidor frente a prácticas abusivas.
Desde el punto de
vista legal, no pagar una deuda civil o mercantil, como una tarjeta de crédito
o un préstamo personal, no es un delito que pueda llevar a prisión por sí
mismo. La Constitución y la interpretación de las autoridades financieras y de
consumo establecen que la cárcel por deuda no existe en el país, aunque es
frecuente que los cobradores utilicen esta amenaza para presionar al deudor,
una práctica que puede ser denunciada ante la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef).
Sin embargo, existen
consecuencias legales indirectas. Si el acreedor decide iniciar un proceso
judicial por el incumplimiento, puede solicitar a un juez la ejecución de la
deuda. Esto puede derivar en un juicio ejecutivo mercantil, que, de ser
favorable al acreedor, podría permitir el embargo de bienes o cuentas bancarias
del deudor para recuperar el monto adeudado. Este proceso judicial no es
automático ni inmediato; debe seguirse conforme a las normas establecidas y
siempre bajo la supervisión de un juez.
La regulación mexicana
también protege a los consumidores frente a prácticas de cobranza abusivas. La
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Ley
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, entre otras normas,
establecen obligaciones para las instituciones y los despachos de cobranza,
como la prohibición de amenazas, hostigamiento y la obligación de proporcionar
información veraz y completa sobre la deuda y quién la reclama. Los deudores
pueden consultar el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) para verificar
que quienes los contactan estén debidamente registrados y evitar prácticas
indebidas.
Además, el historial
crediticio es uno de los principales efectos del impago. Las deudas morosas se
reportan a las sociedades de información crediticia, conocidas popularmente
como Buró de Crédito o Círculo de Crédito, lo que deteriora el puntaje y dificulta
el acceso a nuevos financiamientos. La ley contempla plazos para que estos
registros negativos permanezcan en el historial -por ejemplo, hasta seis años
dependiendo del monto y de que no haya litigio judicial- tras los cuales se
eliminan si se cumplen ciertos requisitos.
Por último, aunque no
existe pena privativa de la libertad por deudas civiles, si el incumplimiento
se genera por fraude, como obtener un crédito con documentos falsos o engaños,
sí puede constituir un delito, con sanciones que incluyen prisión y multas según
el Código Penal Federal. En conjunto, este marco legal busca equilibrar
la recuperación de créditos con la protección de los derechos de los
consumidores, aunque también exige que los deudores estén bien informados y
actúen con responsabilidad financiera para evitar consecuencias más severas.
