· Presuntamente creó 102 empresas fantasmas que al ser denunciado penalmente, anduvo como los delincuentes de bajo perfil, desesperado para no ser atrapado por la ley, hasta que cayó en manos de la justicia, luego de 29 años de andar prófugo
· Estableció una caterva de defraudadores
· Sin incurrir en panegíricos errantes, en el argot penitenciario se augura que quien pise chirona cuando el infractor ya está viejo, la futura fuga de Ricardo Barco, por ejemplo, sería “salir con los pies por delante”
No queda duda que el ex asesor jurídico Ricardo Barco López, tras la quiebra de la Ruta 100, a lo largo de 29 años “lavó dinero” con el montaje de “102 empresas fantasmas” que le permitieron atesorar de forma descomunal, una riqueza que urge ejercer una exhaustiva auditoría para dar fe que sus actividades de lucro especulativo, hayan sido lícitas o ilícitas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
Tras ser estudiado por magistrados el expediente de la causa, cuya operatividad fue calificada como la consumación de otra Estafa Maestra en México, porque el fraude asciende a más de mil millones de dólares, la Sala Novena Penal ordenó a la Fiscalía General de Justicia local que se localizara y detuviera a ese presunto delincuente, cosa que se logró gracias a una investigación policiaca de alta inteligencia.
So pena a la implosión torrencial de demandas que se promovieron en contra de Ricardo Barco, tanto en la Fiscalía como en el Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República, la Policía de Inteligencia se abocó a perseguir al imputado a través del auxilio de los servicios periciales.
La autoridad montó un dispositivo operativo en la colonia Roma para detectar y capturar al C. Ricardo Barco López, no sin antes leerle sus derechos; fue remitido al Búnker de la Fiscalía General de Justicia capitalina, donde llegaron sus abogados para enterarse porqué se había detenido a su cliente, ya que se les detalló que se le fincaron responsabilidades de fraude administrativo en contra de 12,004 agraviados de Ruta-100.
El operativo fue totalmente discreto, toda vez que “alguien dio el pitazo” para atraparlo, cuando asistió a un supuesto llamado del Banco del Bienestar para detallar algunos procedimientos de su apoyo económico de seis mil pesos por ser una persona de la tercera edad. Derivado de ello, los agentes policiacos se encargaron de contenerlo ya que durante 29 años, Ricardo Barco desobedeció todos los mandatos judiciales que se le giraron para deslindar responsabilidades.
En los últimos casi 30 años, “el clan gansteril barquista se transformó en un ente criminal de carrera” que en cierto momento, actuaba invariablemente con el apoyo de sus miembros incondicionales, mismos que estaban a su disposición para violentar el estado de Derecho y huir de la justicia, ya que “Barco tenía nexos con funcionarios de gobierno que siempre lo alertaban”.
A través del tiempo, Barco, junto con su compinche Gabino Camacho Barrera, y otros, armaron una organización criminal violenta y persistente para atacar a sus propios afiliados del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR-100), siendo estigmatizados como revoltosos para “castigar” a quienes protestaban, como una forma de control, primero, despidiéndolos sin causa justificada; y otra, se ejercía una persecución política individualizada o generalizada.
La banda criminal barquista —detestada por más de 12 mil ex trabajadores que se conforman de la Comisión Liquidadora Ruta 100—, maniobró con sigilo y destreza ya que sabía del peligro al que se enfrentaba.
Para no ser localizados por las autoridades judiciales, los actuarios acudían a diferentes razones sociales que poseía el SUTAUR; primero en calle Laredo número 5, colonia Hipódromo Condesa, así como en el domicilio Santander, 39, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, que lamentablemente los notificadores nunca tuvieron éxito, toda vez que los empleados tenían la consigna de no decir absolutamente nada, ni firmar documento alguno.
Barco López siempre fue un fugaz prófugo de la justicia, cuando a sus compañeros que traicionó siempre sufrieron la tragedia y el dolor inducido por los barquistas.
Aquéllos, contaban con la colusión de líderes sindicales y autoridades administrativas para huir de forma inmediata de la Diosa Themis, pero como dice la vox populi, “no hay cáncer que dure 100 años”. Finalmente fue detenido y conducido al Reclusorio Preventivo Norte, sede de los más famosos criminales que han pisado tristemente el cemento carcelario, que se ha dado durante en todas las épocas para encerrar a los maloras de la sociedad.
Con la supuesta conformación de las empresas que se había prometido, “nace la ilusión de inversionistas de que ya eran socios”, solo con un detalle, Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y Arturo Mendoza Larraguivel, aprovechándose de la confianza que se les tenía, abusaron de la necesidad de los sutaures, sumándose la ignorancia que en materia legal y financiera, siguen teniendo. Todos ellos lo que desean es recuperar su inversión y dar por concluido esta pesadilla que para el 2025, se cumplirán 30 años de impunidad.
“Los barquistas le estaban dando otro tinte legal, otra forma jurídica pensada para el futuro, y ese futuro era para despojarnos y quedarse con todo, pues en la forma legal que lo hicieron, no cabía lugar a dudas que los únicos socios serían ellos y a través de prestanombres, concatenándose en esta maquinación fraudulenta, José Ernesto Ávila Velázquez, José Fernando García Guzmán y Eulalio Durán Morán”, se consigna en actas.
Tras constituirse las empresas Transportes Urbanos Nuevo Milenio, Talleres Industriales en Diésel y Grupo Metropolitano de Transporte que hoy en día sigue operando con una “razón social sin domicilio”, pero considerada su base de operatividad fraudulenta, el 10 de julio de 1997, cumpliéndose con acuerdos políticos, el clan de los 12 detenidos obtiene su libertad; éstos se decían llamar “presos políticos” cuando el jefe de la banda sigue siendo el vetusto Ricardo Barco López; “todos ellos, no eran como se pintaban”, trasciende en actas ministeriales.
A partir de ese momento, Ricardo y sus secuaces, recuperaron el poder político, en tanto que a la verdadera dirigencia, la empezaron a dividir para mantener el control absoluto y asegurarse de que lo que habían planteado desde el interior del Reclusorio Preventivo Norte, tuviera el fin que ellos habían pensado.
En agosto de 1996 inició sus operaciones la empresa denominada Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de marzo, con un parque vehicular de aproximadamente 83 autobuses.
En ese mismo mes y año, inició a operar la primera empresa llamada Sistema de Transportes de Taxis, en el propio Zócalo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con un banderazo de 200 unidades.
Quien presumía ser líder “moral” que a través de sus malas y pésimas actitudes inmorales, ya que entre el gremio camionero no lo bajaban de “¡ladrón!” y “¡traidor!”, Gabino Camacho Barrera, con base a una plataforma de engaños, manifestó un serpentino y cantinflesco discurso que aún se recuerda sus sistemáticas falsedades.
“Este es un día histórico para los trabajadores. Tenemos en nuestras manos los medios de producción. La riqueza de un proyecto productivo, ya que contamos con la mano de obra calificada de los trabajadores de R-100, que es la materia prima más importante...
“El primer año va a ser —decía Gabino Camacho— muy difícil. El segundo año va a ser difícil, pero un poco menos. El tercer año, ya casi debemos igualar salario y prestaciones que comparativamente teníamos en R-100. El cuarto año, debemos rebasar estas prestaciones y salarios que antiguamente teníamos en esta empresa paraestatal. Y en el quinto año, ‘ya nadie debe de trabajar’, porque ya deben vivir de lo que produzcan las empresas y los intereses que les dé su inversión bancaria“.
El 27 de marzo de 1998 estalla un conflicto entre uno de los que eran miembros del Consejo de Administración de la empresa Autotransportes Urbanos Nuevo Siglo, de nombre Leonel Villafuerte Zavala, contra Arturo Mendoza Larraguivel y Ricardo Barco López, mismo que duró 18 meses, porque la dirigencia se negaba a rendir cuentas, “y las que rendían no eran claras”.
Dicho movimiento ocasionó el quebranto de la citada empresa y del patrimonio de los denunciantes hasta por 70 millones de pesos. Es más, no se resolvió el conflicto, ni mucho menos se clarificaron cuentas, puesto que pactaron con el gobierno referente a la entrega del llamado módulo nueve y la exigencia de la devolución de su inversión original dentro de los proyectos productivos y la liquidación de los que aquel entonces eran socios trabajadores de diversas empresas.
Actualmente, sin cumplirse lo prometido por causas que se desconocen, continúan sus demandas laborales sin resolver a través de estos últimos 29 años que no han prescrito porque el conflicto R-100 va recobrando fuerza debido a la gravedad del fraude maquinado cometido y el arresto en contra de Ricardo Barco López que se irá desembarazando hasta conseguir la reparación del daño.
El 3 de agosto de 1998, como consecuencia del conflicto de intereses que había suscitado el ex líder Leonel Villafuerte Zavala, para la empresa Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, se nombró un nuevo Consejo Administrativo a cargo de los dos finados Jorge Cuellar Valdez (presidente) y Felipe Domínguez Correa (secretario); con la participación de Emilio Ramos Castro (tesorero), para el periodo 1998-2000, siendo revocados por la exigencia a su permanente demanda de “rendición de cuentas”.
El Consejo de Administración del SUTAUR-100 inició un hostigamiento laboral y político para despedir a quienes protestaban. Y así fue, uno por uno fue perdiendo su empleo por la arrogancia de una dirigencia corrupta.
La guerra intestina de R-100 fue a ventilarse en los juzgados en materia de Trabajo, abriéndose el expediente 122/2001, bajo el rubro “Cuellar Valdez Jorge” y otros, exigiendo que se exhibieran los libros de Actas correspondientes a las sociedades establecidas y sus balances de los fideicomisos de inversión que fueron transferidos a diferentes instituciones bancarias y financieras en el extranjero, figurando Bank One, Merry Linch e IXE-México, bajo la siniestra “rectoría” que llevaba las siglas SIGMA (Sistema de Integración de Grupos Micro Salarios, S.A. de C.V.), que posteriormente se convertiría en Red E., S.A. de C.V., que finalmente formaba parte de un centro de operaciones fraudulentas.
Ante la actitud de amedrentar a los socios trabajadores, se provocaron los despidos con argumentos fantasiosos, pero los inversionistas defraudados estaban convencidos de que su dirigencia algo ocultaba de la administración, barquista, ya que Jorge Mendoza Larraguivel, José Ernesto Ávila Velázquez, José Fernando García Guzmán y Eulalio Durán Morán, el 5 de abril de 2001, ante el juez 2º. Civil del TSJDF, hoy Ciudad de México, mediante jurisdicción voluntaria, confesaron las fechorías de su jefe.
En Barco López hubo conmoción y nerviosismo por la multitud de despidos injustificados, cuyos agraviados presionaban para que despejaran dudas qué hicieron con la inversión del 30% asignada para la creación de empresas, que ante su permanente exigencia de devolución, aún la siguen esperando.
A través de los años, partiendo desde el 7 de abril de 1995, hasta hoy día, el conflicto R-100 ha cruzado por una serie de traiciones traperas, de espías pagados y terrorismo laboral, que en su momento, se suscitaron con huelgas simuladas, originando provocaciones y enfrentamientos entre los sutaures corrompidos contra los que siguen integrando la Comisión Liquidadora.
Otro de los quebrantos que dañaron la unidad de los sutaures fue la retención indebida de utilidades, intereses y dividendos, desde abril de 1998, bajo la grotesca visión de… “entre menos burros, más olotes”, ya que las empresas de la R-100, tuvieron un valor de 42 millones de dólares, que a raíz de la transformación del transporte urbano y la puesta en marcha de las líneas de Metrobuses, el fraude doloso supera los mil millones de dólares.
De los 12,004 sutaures que iniciaron esta titánica lucha contra los defraudadores multicitados, en los casi 30 años ya fallecieron más de la mitad por causas de la vejez, en medio de un creciente ambiente de zozobras e incertidumbres. Es decir, el clan barquista siempre se ocultó ante los reclamos de los trabajadores, más aún, de los notificadores del TSJCDMX, contraviniendo los Mandatos Judiciales. Ricardo Barco López, desde siempre ha sido toda una fichita, afirman los defraudados.
Resultó que los trabajadores R-100 que invirtieron en proyectos productivos aportando el 30% de sus liquidaciones, recibieron como respuesta una supuesta “Constancia de Tenencia Accionaria y Títulos de Deuda”, sin saber el lugar material en “dónde se encuentran sus empresas”, lo que generó que en tribunales se multara a los presuntos responsables por ocultar sus domicilios.
El 14 de mayo de 2001, en la revista “Lo que sigue…”, Ricardo Barco López —reacio para aparecer en noticieros y medios de comunicación— había dicho que “…Estamos haciendo algo similar a lo que hacen los trabajadores de la refresquera Pascual, pero también aplicamos nuestra experiencia después de la quiebra de Rura-100, esto forma parte de la transformación del SUTAUR”.
Los Consejos de Administración de cada una de las empresas, cabemencionar, simplemente fueron “títeres” de los defraudadores, puesto que a los verdaderos inversionistas no se les permitía en forma alguna llevar documentación de carácter contable y estrictamente relacionado con sus respectivos administraciones.
La gota que derramó el vaso con agua, fue cuando la sociedad se enteró de un contubernio que Ricardo Barco López, asociándose en complicidades de quien fuera subsecretario del Trabajo y Previsión local, Benito Mirón Lince.
En el año 1997 se instituye otro ente fraudulento bajo la razón social Corporativo de Transporte, S.A. de C.V., con el fin de agrupar a todas las empresas supuestamente para “una mejor administración”, es decir que ésta no sería llevada por cada una de las empresas, sino por una sola.
Posteriormente, el 3 de febrero de 1998 se constituye el Grupo Metropolitano de Transporte, S.A. de C.V., misma que tendría como objeto sustituir al Corporativo de Transporte, S.A. de C.V.
Los fines reales jamás fueron informados a los trabajadores, sin embargo, solo se conoció que no era posible que dichas empresas formaran parte de un solo grupo, en primer lugar porque se les ocultó el domicilio dónde se encuentran constituidas; segundo lugar, porque la administración de las empresas ya no las manejara dicho grupo, sino el defraudador Arturo Mendoza Larraguivel; y en tercer lugar, porque se tienen las pruebas para acreditar que “no somos socios y accionistas como nos lo aparentaron por años”.
A raíz de tantos conflictos internos de la R-100, el 16 de noviembre de 1998, Ricardo Barco López, estratégicamente para no ser descubierto por más trabajadores, en plena Plaza de la Constitución anuncia, dándole lectura a una hoja tamaño carta, que “este es el documento con el cual se acredita que ustedes son socios de los proyectos productivos”, y que les sería entregados posteriormente en el local del 17 de Marzo.
Y así fue como algunos sutaures se presentaron a recoger dicho documento en el lugar citado, a unos se los entregaron a otros no. En su contenido se detallaba que era una “Constancia de Tenencia Accionaria y de Título de Deuda”, que sin embargo, solo se les acreditaba como supuestos accionistas del Grupo Metropolitano de Transportes, S.A. de C.V., más no de ninguna otra empresa.
Uno de los asesores jurídicos de Ricardo Barco fue el licenciado Benito Mirón Lince, subsecretario de Trabajo y Previsión Social del entonces Gobierno del Distrito Federal, que fue el que precisamente exhibió a la ahora Fiscalía General de Justicia local, los convenios políticos mucho tiempo después de que se sabría que la justicia los requería.
Es decir, pretendían ocultar información en beneficio de Ricardo Barco López, pues desde ese entonces tenía con Benito Mirón Lince, cuentas pendientes y compromisos afines en la Estafa Maestra contra Ruta-100.
Por un lado, Benito Mirón Lince fue abogado de Ricardo Barco López, y por otro, éste ayudó al exfuncionario local para ser Diputado, y así sucesivamente, “pues Benito Mirón tenía que ayudar a Ricardo Barco para que el gobierno no actuara en su contra” por los delitos fraudulentos que siempre cometió en contra de los desvalidos sutaures.
Por lo anterior, los afectados demandaron a la Representación Social que llamara a declarar a Benito Mirón Lince para que manifestara “¿por qué motivo ocultó los convenios políticos que tendría que exhibir a la base trabajadora? ¿A quién quería proteger? ¿Qué interés jugaba el transporte urbano en manos de Ricardo Barco López y sus prestanombres? Nunca hubo respuesta inmediata a estos requerimientos judiciales.
Al igual sucedió con Rosario Robles Berlanga, quien en su calidad de jefa de Gobierno del Distrito Federal en su momento, fue quien ratificó los Convenios Políticos que se signaron entre el SUTAUR y la administración local, en el año 1999, solicitando que compareciera ante esta Representación Social, para que declarara en relación con las concesiones otorgadas, en tanto que los trabajadores adujeron que “Ricardo y su banda de delincuentes”, gozan de una vida sin problemas económicos, en tanto la base que conformó al SUTAUR, “nosotros seguimos viviendo más pobres y sin trabajo”.
La banda delictiva barquista fue beneficiaria de 947 concesiones de autobuses y 500 concesiones de taxis, que ahora el gobierno dice que no se las podía quitar “porque es un conflicto supuestamente interno inter-gremial”.
El ministerio público que conoció de todos estos hechos que han quedado en la impunidad, conoce a la perfección el contenido de la averiguación previa FDF/C/520/’1-07, aduciendo que “es una cuestión política”.
“Si esto no es fraude, entonces exigimos una explicación pública para que nos diga ¿qué es?”, finaliza la serie de cuestionamientos judiciales en este que ha sido el conflicto laboral más largo y tedioso del mundo, porque aún no tiene una conclusión satisfactoria.
Abogados laboristas y penalistas coinciden que la solución del conflicto Ruta-100, es que Ricardo Barco López, para que pueda recuperar su libertad ya que actualmente se le declaró arraigo domiciliario tras pagar una fianza de 26 millones de pesos, en la curva de su vida debe saldar una falta social con la reparación del daño, de lo contrario, conforme a las leyes mexicanas, podría purgar una sentencia por años.
Sin embargo —sin incurrir en panegíricos errantes—, en el argot penitenciario se augura que quien pise chirona cuando el infractor ya está viejo, la futura fuga de Ricardo Barco, por ejemplo, sería “salir con los pies por delante”.
