Ciudad de México, 11 de enero de 2024.- En abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de un decreto presidencial para militarizar formalmente a la Guardia Nacional, pues evidentemente violaba el artículo 21 constitucional, que establece el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. La sentencia del máximo tribunal ordenó al Congreso y al Ejecutivo Federal el retorno de la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el pasado 1 de enero como fecha de vencimiento. Sin embargo, al día de hoy ninguna autoridad ha emitido comunicado alguno manifestando de qué forma se dio cumplimiento a dicha sentencia. No sólo es imperativo conocer si el gobierno federal se rehúsa a cumplir con esta obligación, socavando una vez más la división de Poderes y nuestro Estado de derecho; también es de extrema gravedad que, en medio de la peor crisis de inseguridad que haya padecido el país en el último siglo, este gobierno concluya sin haber siquiera iniciado la construcción de una institución civil con procesos adecuados de selección, capacitación, profesionalización y certificación. Reiteramos nuestro respeto a las Fuerzas Armadas y también reiteramos lo evidente: que no se encuentran capacitadas para atender responsabilidades de seguridad pública; menos aún de manera exclusiva, mientras las policías del país colapsan; y aún menos cuando además tienen que atender los innumerables e irresponsables encargos que se le han endosado. Así las cosas, respetuosamente le preguntamos, Secretario Sandoval, ¿está el Ejército hoy a su mando del lado de la ley, representada en su máxima expresión institucional por la Suprema Corte? ¿Va el Ejército a violar o a defender a la Constitución?
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