El
Gobierno Federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador está lanzando de nueva cuenta una señal que deteriora la
confianza a los inversionistas internacionales y domésticos, al
ordenar una consulta “popular” para decidir si la empresa
Constellation Brands puede o no operar una planta cervecera en
Mexicali, Baja California, la cual lleva un avance del 70 por ciento
en su construcción, y en la que dicha empresa ha invertido más de
mil 400 millones de dólares.
Con
su decisión, el titular del Poder Ejecutivo Federal está poniendo
en riesgo la inversión industrial más importante que se ha dado
durante las últimas décadas en Baja California. La consulta que se
pretende realizar a través de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), más allá de su resultado, sentaría un grave precedente
para la certidumbre en las futuras inversiones en México, mismas que
se podrían posponer o, incluso, detener, debido a la falta de
seguridad jurídica para llevarlas a cabo.
No
obstante que Constellation Brands ha cumplido a lo largo de los años
con todos los permisos y las autorizaciones requeridas por las
autoridades, y que ha demostrado en los tribunales federales y
locales que le asiste la ley, ahora, de forma repentina, el Gobierno
Federal arriesga de forma temeraria una importante inversión y las
fuentes de trabajo asociadas a la misma.
En
la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
consideramos que al Gobierno le corresponde brindar certidumbre y
confianza a los inversionistas. Si hubiese existido algún acto
ilegal, si hubiese existido un permiso que se haya otorgado de manera
inadecuada a Constellation Brands, la vía correcta para que se
revise es precisamente a través de las propias facultades de las
autoridades, ejercidas con estricto apego a derecho.
Pero
llevar al plano político, si continúa o se cancela una inversión
privada, es un acto irracional en lo económico e inaceptable en lo
jurídico. Ya pasamos por este escenario en noviembre del 2018,
cuando todavía en su calidad de presidente electo, López Obrador
canceló -validando su decisión por medio de una consulta-, una obra
en marcha, una inversión pública de gran magnitud como lo era el
aeropuerto de Texcoco.
Eso
sin duda alguna fue un despropósito, y aún estamos sufriendo los
daños que generó dicha decisión en la confianza en el país. La
realización de esa consulta “popular” minó la confianza de los
inversionistas y esta fue una de las causas del decrecimiento de la
economía mexicana a lo largo 2019.
Por
ello, empezar 2020 con un error de este calado, pero ahora llevando
este mecanismo, ya no en una inversión pública sino en una empresa
privada, como es el caso de la inversión de la industria cervecera
en Baja California, sería continuar por el sendero equivocado,
inhibiendo el crecimiento y el desarrollo.
En
la COPARMEX hacemos un llamado al Presidente López Obrador, y a todo
su Gobierno, para que entienda la gravedad de la coyuntura económica,
la circunstancia tan compleja que atraviesa México y el mundo.
Hoy
como nunca antes es fundamental lanzar señales de confianza y de
certidumbre. Las inversiones a nivel global se estarán disminuyendo
y postergando por los fenómenos económicos y de salubridad que en
la actualidad enfrentamos.
Este
es el peor momento para que México lance al mundo una señal de
desconfianza. Ojalá que la cordura, la altura de miras y el bien por
México sea lo que inspire de ahora en adelante las decisiones del
Gobierno Federal encabezado por López Obrador.
La
COPARMEX hará valer todos los medios legales a su alcance, para
evitar que, en este y otros casos, se materialice la acción
destructiva, fruto de la irracionalidad en el ejercicio del Gobierno
Federal.
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