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martes, 27 de marzo de 2018

Se suma el “Zeferino Ladrillero” al reconocimiento de los defensores de San Pedro Tlanixco que fueron electos para recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”


Por su defensa ante los fuertes intereses económicos que han intentado despojarlos de sus territorios y, actualmente se encuentran en prisión con acusaciones falsas y dolosas.
Desde hace 15 años, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, se encuentran en la cárcel.
Con esta acción, autoridades y empresarios floricultores dejaron acéfala la resistencia indígena de Tlanixco y colocaron un mensaje de terror para desmovilizar a la comunidad.

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) se sumó a la congratulación a los defensores de la tierra y el agua de San Pedro Tlanixco, estado de México, que este año serán galardonados con el Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”, en su vigésima sexta edición, por defender los derechos humanos ante los embates de los intereses económicos y políticos que han intentado despojarlos de sus territorios; actualmente se encuentran en prisión con acusaciones falsas y dolosas.

El presidente del CDHZL, José Antonio Lara Duque, expresó su reconocimiento a los habitantes de esta pueblo —indígena náhuat— que han sufrido la represión de las autoridades del gobierno mexiquense y que, desde hace 15 años, mantiene en prisión a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, por el delito de defender su derecho a la justicia y el derecho humano al agua.

Recordó que el vital líquido en esa región del país ha sido utilizada para favorecer a la industria que se encuentra en la región, situación por lo que los habitantes de esa comunidad se organizaron para la asignación del agua como derecho de utilizarla para fines personales y domésticos y que el agua debe tratarse como un bien social, cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.

Con este razonamiento, detalló, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una lucha desde los años ochenta, cuando grandes empresas floricultoras llegan al municipio de Villa Guerrero. En 2002 se agudizó la disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco.

Cabe destacar que el afluente fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del país, desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan con documentos válidos que los acreditan para poder explotar sus aguas.

Mencionó que 1 de abril 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por grupos paramilitares, financiados por el presidente de los floricultores --de origen español-- que argumentaban que el agua del rio llegaba sucia, provocando daños a sus productos. Al repeler la agresión resultaron lesionados varias personas y el empresario resultó muerto.

Después de estos hechos, policías mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares, iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los cuales fueron sacados de sus domicilios –sin orden judicial--, amenazados de ser asesinados y violadas sus mujeres, para finalmente llevarse presos a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes no participaron en el enfrentamiento.

“La única razón de dirigir la acción penal contra estas personas es que los ahora detenidos fungían como representantes del pueblo indígena y es la única razón por la Estado se dirigió en su contra, además de que con esta acción, los autoridades y los empresarios floricultores dejaron acéfala la resistencia indígena de Tlanixco y por otro dejaron un mensaje de terror para desmovilizar a la comunidad”, aseguró.

Desde 2003, los indígenas presos se mantiene resistiendo legalmente ante la falsas acusaciones en su contra, pese a que durante el juicio ha quedado demostrado que los testigos presentados por los empresarios fueron aleccionados al presentar declaraciones idénticas.

El único delito de los procesados es La defensa representar los intereses de los indígenas de esta región del país y la defensa de los derechos humanos. Ahora enfrontan la posibilidad de morir en prisión pero la defensa jurídica y la solidaridad de los pueblos les darán la libertad, concluyó.

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