En la antesala del primer informe de gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desde COPARMEX hacemos un balance para identificar avances en favor de los mexicanos; retrocesos que frenan el desarrollo, limitan las libertades y dañan el Estado de Derecho, así como las oportunidades y las propuestas para contribuir a la construcción de un México mejor, con crecimiento, seguridad, paz y justicia social.
Reconocemos que hay avances en las acciones concretas para enfrentar a grupos delincuenciales, convocar a empresarios para alentar la inversión privada, mejorar condiciones laborales y mantener puentes de negociación con Estados Unidos para evitar afectaciones arancelarias.
En contraste, desde COPARMEX advertimos que la reforma judicial que derivó en la elección de ministros, magistrados y jueces; la desaparición de organismos autónomos; la falta de un combate real a la corrupción, y la crisis del sistema de salud, que incluye desabasto de medicamentos y falta de atención, son retrocesos que deben revertirse.
Avances
La presidenta Sheinbaum inició su gestión enfrentando el reto de la seguridad con una estrategia renovada y personal preparado. Aunque la violencia persiste, se percibe voluntad de atenderla y algunos índices delictivos van a la baja. No obstante, persisten fenómenos graves que afectan directamente a la ciudadanía y a la actividad económica: las desapariciones forzosas siguen siendo una herida abierta, mientras que el robo de carga en carreteras, ferrocarriles y puertos —tanto marítimos como aéreos— vulnera las cadenas de suministro y eleva costos logísticos. A ello se suma la extorsión, que continúa como amenaza crítica: entre enero y julio de 2025, las víctimas crecieron 8.2% respecto al mismo periodo previo, lo que confirma la urgencia de que el Congreso apruebe una Ley General contra la Extorsión. De acuerdo con #DataCoparmex, uno de cada dos socios ha sufrido algún delito, siendo este de los más recurrentes.
En materia económica, la mandataria ha mostrado apertura al diálogo empresarial mediante el Plan México, el Consejo Asesor y esquemas de inversión mixta. Estas acciones reflejan más participación privada en sectores estratégicos como el energético.
En lo internacional, reconocemos el esfuerzo por mantener relación cercana con el gobierno de EE.UU., encabezado por Donald Trump, y la participación en foros como el G20. La apertura con América Latina, Europa y Asia fortalece la posición de México en un mundo interconectado. Destacamos que, frente a amenazas arancelarias que implican incumplimiento del T-MEC, el Gobierno mantuvo diálogo con EE.UU. para impulsar la competitividad regional.
El Plan Pemex 2025-2030 también es positivo: plantea apertura a inversión privada y una reingeniería financiera que busca estabilidad. Reconocemos la meta de que Pemex sea autosuficiente en 2027, sin apoyos fiscales, lo que permitirá destinar más recursos en salud, educación e infraestructura.
En lo laboral, reconocemos el diálogo social tripartito. El salario mínimo 2025 se acordó en la CONASAMI con un aumento del 12%, cubriendo el 90% de la línea de bienestar familiar; en la frontera ya superó este nivel desde 2022. Esto se suma a la reducción de la pobreza que se explica principalmente por mayores ingresos laborales. También valoramos que la reducción de la jornada laboral se consulte de manera tripartita, pues una reforma de ese calado requiere la participación de todos los sectores.
Retrocesos
Existen retrocesos que debemos señalar. La sobrerrepresentación política ha permitido aprobar reformas constitucionales sin un el amplio consenso y análisis que requieren. Este fue el caso de reforma judicial que resultó en la primera elección de jueces, ministras y magistrados que evidenció deficiencias estructurales graves, las cuales no se vislumbra que puedan ser superadas, sino más bien profundizadas: apenas el 13% del padrón acudió a votar y más del 16% de las boletas fueron anuladas, inválidas o extraviadas, lo que significó que 2 de cada 10 votos no fueran contabilizados. Estas cifras reflejan no solo una bajísima participación ciudadana sino también fallas graves en la organización del proceso.
Adicionalmente, la desaparición de organismos autónomos concentra poder en el Ejecutivo y debilita el equilibrio institucional y el Estado de Derecho.
Todo esto ha tenido impactos directos en la economía y el empleo. La inversión fija bruta acumuló nueve meses de caídas y el ánimo para invertir entre socios COPARMEX cayó 12.8 puntos al cierre de 2024, situándose en 38.3%, nivel comparable al de la pandemia.
Por su parte, la creación de empleos ha mostrado una desaceleración. Sin contar a los trabajadores que se incorporaron a través del Piloto de Plataformas Digitales, en agosto se acumularon cuatro meses con disminuciones mensuales. En cuanto a los registros patronales, sumaron 1 millón 39 mil 467, con una caída anual de 2.9%. Con esto, se acumulan 13 meses con caídas significativas.
La corrupción e impunidad sigue siendo una gran deuda. Pese a denuncias documentadas, no hay voluntad de investigar ni sancionar, erosionando la confianza ciudadana y la credibilidad del gobierno.
El sistema de salud vive una grave crisis: el desabasto de medicamentos persiste y 34.2% de la población (44.5 millones de personas) carece de servicios médicos. La salud y la educación, con un marco de rezago, muestran una tendencia de retrocesos en el acceso efectivo de derechos sociales, lo que consolida la inamovilidad social y cancela oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.
Finalmente, prevalece la falta de apertura al diálogo con todos los actores sociales y políticos. La democracia requiere inclusión y consensos, no decisiones unilaterales. La ausencia de diálogo tripartito con Empresarios y Trabajadores limita la construcción de acuerdos para enfrentar juntos los retos nacionales.
Oportunidades y desafíos
A pesar de los retos, vemos oportunidades para fortalecer el rumbo del país. La relación con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC deben ser una palanca para consolidar el nearshoring y atraer inversiones estratégicas. Pero no son la única ruta: el Plan México, al orientar inversión pública y privada hacia sectores productivos y regiones con alto potencial, representa una dirección correcta para detonar el mercado interno y fortalecer a las MiPyMEs, verdadero corazón de nuestra economía. Para que esta estrategia sea viable, México debe garantizar seguridad, energía y certeza jurídica.
Consideramos que la reforma electoral que se va a proponer es innecesaria y riesgosa en un entorno de incertidumbre global, con la revisión del T-MEC en puerta y amenazas comerciales que golpean a nuestra economía y el reto adicional de mantener el equilibrio fiscal hacia 2026. Este tipo de iniciativas generan polarización, restan estabilidad y debilitan instituciones clave para la democracia, en lugar de atender las prioridades económicas y sociales que hoy exige el país.
El dinamismo laboral y la reducción de la pobreza mediante empleos formales pueden consolidar un círculo virtuoso de productividad, salarios dignos y crecimiento incluyente. El mejor programa social es el empleo formal y la Nueva Cultura Salarial debe seguir como pilar para garantizar estabilidad.
Propuestas de COPARMEX
En este balance reafirmamos nuestra visión y presentamos propuestas concretas:
- Fortalecer el Estado de Derecho. Urge certidumbre jurídica, respeto a la autonomía de órganos constitucionales y un sistema judicial eficiente y transparente que atraiga inversión y fomente crecimiento. Para ello, proponemos: implementar una Evaluación Nacional Independiente con participación de academia y OSC; fortalecer la Carrera Judicial privilegiando mérito y formación continua; y establecer criterios claros de evaluación con acceso público a información de los candidatos.
- Garantizar seguridad y paz social. Es indispensable asignar más recursos financieros y humanos a las corporaciones policiales y de procuración de justicia, así como establecer mesas de diálogo sobre seguridad y extorsión, para reducir la impunidad y garantizar la tranquilidad de las familias y la viabilidad de las empresas.
- Priorizar el combate a la corrupción. Se requiere investigación, sanción y rendición de cuentas sin excepciones. La transparencia debe regir en todos los niveles.
- Impulsar la inversión en salud. Debemos garantizar suficiente presupuesto para que existan servicios médicos de calidad, con abasto suficiente, infraestructura adecuada y personal capacitado.
- Incentivar la educación con enfoque en la calidad y el aprendizaje. Es fundamental garantizar que el sistema educativo forme ciudadanos con las competencias necesarias para enfrentar los retos del futuro, poniendo especial atención en reducir el rezago y elevar de manera sostenida los resultados de aprendizaje.
- Consolidar el diálogo tripartito. La coordinación entre Gobierno, Empresarios y Trabajadores es clave para alcanzar acuerdos que fortalezcan la estabilidad, crecimiento y empleo.
- Replantear la reforma electoral. Llamamos a construir consensos amplios con todas las fuerzas políticas y sociales, evitando retrocesos que debiliten la democracia y la confianza en las instituciones.
De manera transversal, planteamos como llamado central impulsar el Diálogo Social como vehículo para construir consensos y soluciones a los distintos retos políticos, económicos y sociales, en una perspectiva de desarrollo inclusivo. Esta es la única manera de generar políticas públicas que impulsen la inversión, fortalezcan la creación de empleo formal, incrementen los salarios y eleven la productividad.
México puede consolidarse como un país atractivo, competitivo y con justicia social, si se privilegia el diálogo, la certeza jurídica y el respeto institucional.
En COPARMEX reiteramos nuestra disposición a colaborar con propuestas, actuar con responsabilidad y contribuir activamente al desarrollo inclusivo de nuestro país.
