- Fortalecer el cumplimiento del derecho humano del acceso al agua potable.
- Instalación obligatoria de medidores telemétricos en pozos agrícolas.
- Captación de agua de lluvia y reutilización de aguas residuales.
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ha presentado al pleno de la Cámara de Diputados la Ley para la Gestión Sustentable del Agua en Zonas Áridas y Semiáridas.
Dicha propuesta se fundamenta en los artículos 4º y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se alinea plenamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 presentado por la titular del poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de fortalecer el cumplimiento del derecho humano al agua y otorgar justicia hídrica a las zonas áridas y semiáridas del país.
Se trata de una propuesta legislativa innovadora que responde a una de las problemáticas más urgentes del norte de México: la crisis hídrica. Coahuila será uno de los estados más beneficiados por esta iniciativa, al ser una de las entidades con mayor estrés hídrico del país. Está es una legislación ambiciosa, innovadora y profundamente necesaria para garantizar la viabilidad hídrica, ambiental y económica del país en el corto, mediano y largo plazo.
¿Por qué es crucial esta ley para Coahuila?
Coahuila pertenece a una región con grave sobreexplotación de acuíferos, uso ineficiente del agua agrícola, contaminación de fuentes naturales y escasa infraestructura para su captación y reutilización. La ley en cuestión reconoce esta realidad e implementa mecanismos específicos para revertirla. Entre los principales beneficios para el estado destacan:
1. Creación del Fondo Nacional para la Tecnificación del Riego, que financiará infraestructura moderna en sistemas agrícolas, favoreciendo el uso eficiente del agua en regiones como La Laguna. Además, se contempla un régimen especial para los grandes consumidores de agua —aquellos que utilizan más de 50,000 m³ al año— quienes estarán obligados a implementar tecnologías de eficiencia hídrica, reportar su consumo y contribuir con aportaciones compensatorias a los fondos creados por la ley, que financiará infraestructura moderna en sistemas agrícolas, favoreciendo el uso eficiente del agua en regiones como La Laguna y de todo el estado de Coahuila.
2. Instalación obligatoria de medidores telemétricos en pozos agrícolas, lo cual permitirá controlar con precisión los volúmenes de agua extraídos en zonas clave del estado como el Valle de Derramadero, la región Carbonífera y la Comarca Lagunera.
3. Captación de agua de lluvia y reutilización de aguas residuales, impulsando obras de almacenamiento pluvial, rehabilitación de jagüeyes y tratamiento de aguas negras para uso agrícola en municipios con estrés hídrico severo.
4. Creación del Programa Nacional de Recarga Artificial de Acuíferos, que priorizará zonas sobreexplotadas como el acuífero Principal de La Laguna, con obras de infiltración directa e indirecta con agua tratada y pluvial.
5. Fomento a la inversión público-privada a través de Bonos Verdes, por primera vez en una legislación nacional, los cuales permitirán financiar proyectos sustentables de captación, desalinización, potabilización y recarga.
6. Creación de la Agencia Nacional para la Sustentabilidad del Agua en Zonas Áridas (ANSAZA), que tendrá su sede en el estado de Coahuila y será responsable de coordinar acciones, supervisar concesiones, y sancionar el uso irregular del agua en zonas áridas y semiáridas en todo el país.
7. Obligatoriedad de Estudios de Factibilidad Hídrica para todo proyecto industrial o urbano en zonas áridas, lo que evitará asentamientos o industrias inviables desde el punto de vista del abasto de agua.
8. Aplicación de sanciones firmes contra quienes extraigan agua ilegalmente, contaminen o manipulen medidores, fortaleciendo la justicia hídrica y combatiendo la impunidad en la gestión del recurso.
9. Establecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia Hídrica, una plataforma interinstitucional que permitirá generar información actualizada, georreferenciada y transparente sobre el uso, disponibilidad y comportamiento del agua, facilitando la toma de decisiones estratégicas para estados como Coahuila.
10. Creación del Centro de Comando y Control Hídrico, una instancia operada por la CONAGUA y la ANSAZA que centralizará la información en tiempo real de todos los pozos medidos con tecnología telemétrica, permitiendo detectar extracciones ilegales, manipulación de medidores y anomalías en los patrones de consumo. Esta herramienta será clave para la vigilancia activa en regiones críticas como el norte de Coahuila, que obliga a considerar la disponibilidad real del recurso hídrico al momento de autorizar nuevos desarrollos habitacionales o industriales, evitando asentamientos insostenibles y priorizando la seguridad hídrica de la región, contra quienes extraigan agua ilegalmente, contaminen o manipulen medidores, fortaleciendo la justicia hídrica y combatiendo la impunidad en la gestión del recurso.
La Ley para la Gestión Sustentable del Agua en Zonas Áridas y Semiáridas no se contrapone a la Ley de Aguas Nacionales; por el contrario, la complementa armónicamente al desarrollar un régimen jurídico especializado y focalizado en regiones con estrés hídrico. Mientras la Ley de Aguas Nacionales establece disposiciones generales sobre el uso, control y aprovechamiento del recurso a nivel nacional, esta nueva ley introduce herramientas específicas —como fondos dirigidos, sistemas de inteligencia hídrica, incentivos fiscales y esquemas de recarga artificial— que operan de manera subsidiaria y coordinada con el marco general.
La aplicación supletoria de la Ley de Aguas Nacionales queda expresamente prevista en esta legislación para asegurar su integración sistémica.
La citada ley no invade ni contraviene las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); por el contrario, las fortalece a través de la creación de la Agencia Nacional para la Sustentabilidad del Agua en Zonas Áridas (ANSAZA), concebida como un organismo descentralizado y especializado adscrito a la CONAGUA.
Esta Agencia actuará como brazo técnico-operativo en materia de monitoreo, fiscalización, ejecución de programas estratégicos y gestión de fondos en las regiones más vulnerables del país, sin menoscabar las funciones regulatorias, normativas y concesionarias de la CONAGUA. Ambos entes actúan en régimen de colaboración institucional, bajo un modelo de subsidiariedad funcional que busca optimizar la gobernanza hídrica en zonas críticas de todo el país.
Impacto regional y nacional.
Esta ley se alinea plenamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2024–2030 y con el Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Representa un cambio de paradigma en la forma de gobernar el agua, priorizando la sustentabilidad, la equidad y el futuro.
Coahuila y la región norte del país —incluyendo a Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas— serán las principales beneficiarias de esta nueva legislación. Se estima que, en el mediano plazo, los niveles de eficiencia en el uso del agua en la agricultura y la industria podrán incrementarse, mientras que la recuperación de acuíferos permitirá asegurar el suministro para millones de personas.
Con la creación de esta nueva ley, el diputado Ricardo Mejía Berdeja demuestra que es posible legislar con responsabilidad, visión y justicia territorial. El agua no puede seguir siendo una promesa; debe convertirse en un derecho garantizado para todas y todos, especialmente en las zonas donde más se necesita.
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